“La vela que estaba sobre la mesa cayó en la manta y el fuego alcanzó el sofá, y luego el salón... y todo”. Hace un mes que se quemó la casa en la que vivía Laila con su padre y sus tres hijos menores de edad. No tenían luz desde junio y las velas eran la única manera de iluminarse cuando caía la noche. El Ayuntamiento del Alcorcón, donde se ubica la vivienda, dio una ayuda de 720 euros a la familia para que pudiera pagar un hostal. La noche de Navidad fue la última que Laila pagó con ese remanente que el Gobierno de David Pérez (PP) se niega a prorrogar.
“Me siento abandonada. A la deriva. Hasta el próximo sábado lo tenemos cubierto gracias a las aportaciones de algunas personas. Pero dónde me voy después. Me aseguraron al menos el hostal hasta que la Comunidad de Madrid me concediera un alquiler social, pero no lo han cumplido”, explica Laila a eldiario.es. La mujer, de 34 años, huyó con sus hijos y con lo puesto de las llamas. Cruz Roja ha tenido que proveerles de ropa y de alimentos, y se hizo cargo de pagar la habitación durante 15 días.
El Ayuntamiento de Alcorcón confirma que no ampliará la ayuda pese a que la familia no tiene a dónde ir. “Las ayudas tienen un límite y un coste y se han terminado. Le dimos un cheque que ella está encargada de administrarse”, dicen fuentes del Consistorio, que justifican que han hecho “todos los trámites que les correspondían”. “Aquí no tenemos viviendas sociales. Hemos tramitado todo lo que estaba en nuestra mano para que la Comunidad de Madrid le conceda un alquiler social”, apuntan las mismas fuentes.
La Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid informa de que el proceso se está retrasando “porque faltan papeles”, algo que desmiente Laila. “La semana pasada nos enviaron un requerimiento y lo arreglamos con la trabajadora social. El miércoles entregamos lo que faltaba por registro”, dice. No obstante, la administración regional explica que “se valorará la documentación, se puntuará y se verá en qué situación está”, lo que no garantiza que el alquiler social se conceda pronto o directamente se conceda.
Sin viviendas de emergencia
El Ayuntamiento de Alcorcón asegura que los casos se remiten al gobierno regional porque “nunca” han tenido “viviendas de emergencia social”. La empresa municipal de la vivienda (EMGIASA) está en concurso de acreedores y las casas que quedaron libres en el Plan Permuta –que permitió a los inquilinos de casas antiguas cambiar la suya por otra de nueva construcción– se han destinado al “plan joven”, según el Ayuntamiento.
Laila no tenía contrato de alquiler y no pagaba desde verano, cuando cortaron la luz. Niega haber dado “una patada” a la puerta porque en esa vivienda, propiedad de un banco, vivía un conocido que le ofreció una habitación por 300 euros. “Él se volvió a vivir a Marruecos y me quedé yo en la casa. Llamé a Iberdrola para dar de alta la luz y pagar, pero me dijeron que sin contrato no era posible”, cuenta.
La mujer cobra la Renta Mínima de Inserción, 538 euros al mes, y tiene beca de comedor para sus hijos. Pero en estas fechas no lectivas pierden esa comida porque no abre el colegio: “Llevamos días comiendo bocadillos porque no podemos calentar nada en la habitación”. La habitación dispone de tres camas donde se reparten los cuatro, que pasaron la noche del incendio en el hospital. Fue la primera de muchas que durmieron con un interruptor que funcionaba a mano. “Durante algunos días pagamos dos habitaciones, antes de que mi padre volviera a Marruecos porque en una no cabíamos”, explica Laila. Cada noche le cuesta 40 euros.
“Estos meses que hemos pasado no se los deseo a nadie. Imagina lo que es vivir sin nevera y sin agua caliente un día y otro”, relata Laila. Mientras lo cuenta, se desespera. “Con esos 500 euros no puedo alquilar nada. Es imposible. Y no quiero someterme a otro desahucio. Ya lo viví una vez y la segunda que iba a pasarme decidí entregar las llaves antes y buscar la alternativa de la habitación de la casa que se ha quemado. Ya –toma aire– no nos queda nada”.
Una ley contra la pobreza energética tumbada por el PP
Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Ganar Alcorcón han intentado reunirse sin éxito este martes con la concejala de Servicios Sociales del municipio, Susana Mozo. La edil dijo en una entrevista con Telecinco que el Ayuntamiento mantendría el coste del alojamiento hasta poder ofrecer a la familia otra alternativa.
“Gracias a las donaciones de la ciudadanía organizada de Alcorcón, Laila y su familia aún tienen alojamiento”, dice la nota enviada por la formación política, que incluye un número de cuenta abierto a todos los vecinos y vecinas que quieran. Los concejales de Ganar Alcorcón le han donado parte del sueldo al que renuncian por el tope salarial marcado por Podemos y las candidaturas de unidad popular. “A David Pérez (alcalde de Alcorcón) y a Cristina Cifuentes (presidenta de la Comunidad de Madrid) les da igual dejar en la calle a una familia”, denuncia Jesús Santos, portavoz de la formación en el municipio.
A principios de noviembre PP y Ciudadanos impidieron que se tramitara en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 77.000 firmas ciudadanas contra los desahucios y la pobreza energética. El texto, similar a otros aprobados en otras comunidades y recurridos por el Gobierno ante el Constitucional, incluía medidas para atajar los casos de pobreza energética como el de Laila.
La PAH convocó una concentración el pasado día 13 contra la pobreza energética ante el Ayuntamiento de Alcorcón. “Lo que pasó no es un accidente”, insisten. Para este miércoles se está difundiendo la convocatoria de otra protesta a la 12 de la mañana.