El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se enfrenta estos días al que posiblemente es el momento más complicado y amargo de su mandato. El próximo lunes echa a andar la comisión de investigación sobre el supuesto “espionaje” al entorno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por parte de personal municipal para averiguar detalles del contrato que el Gobierno concedió a una empresa vinculada a su hermano y por el que éste recibió importantes “contraprestaciones”, cifradas en un argumentario interno del PP en 283.000 euros. Si se demostrara que el alcalde mintió, que se usaron recursos públicos para tal fin y no hubo ninguna investigación interna sobre este turbio asunto, como ha sostenido una y otra vez, a Ciudadanos le resultaría muy complicado seguir en el Gobierno de coalición.
Pese a dejar patente su indignación por lo ocurrido y por no haber sido informada previamente por Almeida, Begoña Villacís ha descartado de momento la presentación de una moción de censura. La vicealcaldesa ha alegado que “el Ayuntamiento de Madrid no puede quedar al servicio de Pedro Sánchez”. Hasta ahora, solo el Grupo Mixto (con los concejales escindidos de Más Madrid) ha retado a Ciudadanos a dar ese paso. Vox no quiere saber nada. Y Más Madrid y el PSOE han pedido esperar a ver cómo acaba la investigación mientras apremian a la vicealcaldesa a que colabore “para llegar hasta el final”.
En el Ayuntamiento todos los ediles contemplan el vuelco que ha dado la vida del regidor madrileño quien, pese a que Vox le ha dado la espalda como socio prioritario, ha gozado de una inusual tranquilidad política durante estos dos años y medio de mandato. El caso del supuesto “espionaje” lo deja más vulnerable que nunca.
Primera batalla, la presidencia
La Junta de Portavoces ha acordado este jueves que la reunión constitutiva de la comisión de investigación se celebre el próximo lunes. Los grupos han pactado que su duración sea de dos meses, prorrogables a otro más. Los socialistas querían que se limitara a un mes, con alguna prórroga puntual, para solventar cuanto antes el dictamen con las conclusiones, que aunque no será vinculante servirá al menos para exigir responsabilidades políticas, si las hubiere.
La portavoz del PSOE, Mar Espinar, sostiene que lo único que intenta Almeida es dilatar la comisión lo máximo posible para ganar tiempo. Estos ediles querían que cada grupo tuviera dos portavoces en ese órgano de investigación, pero la propuesta ha sido rechazada, así que la comisión quedará formada con los mismos miembros que el resto: el PP tendrá cuatro representantes; Ciudadanos, tres; Más Madrid, cinco; el PSOE, dos, y el Grupo Mixto y la extrema derecha, uno cada uno. El voto será ponderado.
La idea es que el formato de esta comisión sea idéntico a la celebrada sobre BiciMAD en 2018, con interrogatorios directos de los portavoces municipales a los comparecientes seguidos de las respuestas de estos, para que sea “ágil” y no se sucedan los “monólogos”.
La primera batalla será por quién presidirá la comisión. Ciudadanos, Más Madrid y el Grupo Mixto se han postulado ya para ocupar ese cargo. La propuesta de Villacís de que su grupo dirija los trabajos le parece descabellada a la oposición, dado que Ciudadanos forma parte del Gobierno municipal. Más Madrid reclama el puesto al ser grupo mayoritario de la oposición. De ser así, el PP ocuparía la vicepresidencia como segundo en tamaño.
Una de las incógnitas que quedaban por despejar era el papel de Vox. El grupo de Javier Ortega Smith, que se ha abstenido hasta ahora en todas las ocasiones que ha tenido sobre este escándalo, ha decidido participar en estos trabajos “siempre y cuando sean constructivos”. “Lo que no vamos a consentir es que los interrogatorios se conviertan en una máquina trituradora de los comparecientes”, ha advertido el concejal del grupo municipal ultraderechista Pedro Fernández. El objetivo de Vox, ha dicho, es “saber si se han utilizado fondos públicos para fines partidistas”.
Más Madrid y el PSOE se reunieron el viernes pasado para intercambiar criterios, y el lunes de esta semana Espinar estuvo conversando con Villacís. Tras dicho encuentro, la portavoz socialista aseguró que la dirigente de Ciudadanos le dijo que está dispuesta a “llegar hasta el final” en la investigación. Pero la portavoz del PSOE sobre todo constató que lo que más “les preocupa” a los socios de Almeida es que si los medios de comunicación no hubiera destapado el caso no se habrían “enterado de lo que estaba pensando hacer el Ayuntamiento de Madrid”. De ahí que Espinar le respondiera que eso lo que demuestra es “con qué clase de gente están gobernando”.
La lista de comparecientes que ya se va conociendo
Los grupos han ido revelando algunos de los nombres de las personas que quiere que testifiquen, aunque reglamentariamente no están obligados a hacerlo.
Además del propio alcalde, han pedido que acuda el que fuera coordinador general de su Alcaldía, Ángel Carromero, dimitido por este caso y cuya presencia en la comisión Ciudadanos también apoya. Más Madrid y el PSOE quieren llamar a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano, Tomás; a Pablo Casado y al ex secretario general del partido, Teodoro García Egea; a la diputada y presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Beatriz Fanjul; y a la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Andrea Levy, que aunque anunció su renuncia a su cargo de presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, el martes firmaba de manera oficial el cierre del expediente informativo que se abrió contra Ayuso para investigar las comisiones que recibió su hermano por un contrato que la Comunidad adjudicó a dedo.
En la lista han incluido a los exministros Rafael Catalá y Alberto Ruiz Gallardón, también exalcalde de Madrid, para que expliquen si alertaron a la presidenta regional de que estaba siendo supuestamente espiada. Además, quieren que acudan a la comisión el presidente de la EMVS, Álvaro González; y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Fue desde dicha empresa, supuestamente, desde donde se contactó con una empresa de detectives privados para hacer las pesquisas.
Los ediles de Recupera Madrid apuntan además al consejero delegado de la EMVS, y al hasta hace unos días jefe de Comunicación, por su supuesta participación, así como al jefe de los servicios jurídicos y de contratación de dicha empresa pública; también van a llamar a declarar, dicen con sorna, “a quien ejerciera de espía”, y “al empresario amigo de Ayuso”. Este grupo ha pedido hacer extensible la investigación a la EMT, a la que algunos medios involucran en la trama.
Ciudadanos ha adelantado que sopesa llamar a la comisión al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dado que según apuntan algunas de las informaciones publicadas, García Egea le consultó sobre el presunto informe de “espionaje” a Ayuso.
Posibles vetos del PP
El alcalde, pese a haber dicho que no iba a poner “obstáculos” a la investigación, ya ha insinuado que su grupo al menos va a vetar que acuda a la comisión el hermano de Ayuso, protagonista del polémico contrato. La izquierda teme que el PP también se niegue a que declare Ayuso, los cargos del partido que han dimitido ni aquellos que no formen parte o estén vinculados con el Consistorio. En su última comparecencia ante el Pleno, Almeida acusó a la oposición de querer utilizar esa comisión de investigación con “una finalidad espuria, partidista, e impropia de la cuestión que estamos tratando”. “Ustedes sencillamente quieren buscar un interés particular”, les reprochó.
Lo que tampoco ha conseguido la izquierda es que se aprobara la enmienda que presentaron los socialistas a la moción de Más Madrid para que se instara a la Asamblea de Madrid a constituir a su vez otra comisión de investigación, en su caso sobre los contratos realizados por la Comunidad de Madrid “y personas cercanas” a la presidenta madrileña. El propio PP, que tiene amplia mayoría ahora en la Asamblea regional, impedía que prosperase la creación de su propia comisión sobre los contratos a dedo otorgados por el Gobierno regional y el papel jugado por el hermano de la presidenta.
La abstención de Vox -que se ha puesto de perfil en todo este caso- ha propiciado que no haya investigación y que tampoco comparezcan allí Ayuso ni su hermano Tomás. La Mesa de la Asamblea rechazaba este lunes tal petición alegando “defectos formales” y “contrarios al reglamento”.
Carromero, la primera dimisión
La primera consecuencia de que se destapara el escándalo fue el cese del coordinador de la Alcaldía, Ángel Carromero, por su supuesta implicación en la trama, que él y el propio alcalde, no obstante, niegan. Después, el propio Almeida decidió dejar su cargo como portavoz nacional del PP, ante la grave crisis desatada en su partido como consecuencia del crudo enfrentamiento entre Pablo Casado y la propia Ayuso, a la que el líder del PP pidió explicaciones por haber consentido ese negocio con material sanitario en plena pandemia y favoreciendo a un familiar.
Esa crisis al final se ha llevado por delante al mismísimo Casado y ha reforzado a la presidenta regional, que tiene ahora vía libre para presidir el partido en Madrid. Porque tal y como están las cosas, nadie espera que Almeida intente disputarle esa plaza para la que intentaban promocionarle García Egea y el propio Casado, que ya son pasado en el PP.
En este inesperado marco, el pasado jueves,17 de febrero, Almeida convocaba a los periodistas a una rueda de prensa en la que negó que a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) se hubiera ordenado a una empresa de detectives tal “espionaje”. La oposición no le creyó, sobre todo después de la dimisión de Carromero. Ciudadanos pidió una reunión urgente del consejo de administración de la empresa municipal de donde los propios socio del Gobierno municipal salieron “con más dudas que certezas” después de que el presidente de este organismo desmintiera que se hubiera realizado una investigación interna para esclarecer los hechos, como sostiene el alcalde.
Ante las dudas que Almeida dejó sin responder, los grupos municipales lo obligaron a dar de nuevo la cara en dos plenos casi seguidos: uno ordinario en que fue aprobada la comisión de investigación con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP y Ciudadanos, y la abstención de Vox; y otro “urgente y extraordinario” celebrado el viernes pasado, en el que el alcalde se enzarzó en un cruce de reproches prácticamente con casi todos los portavoces sin aportar nada nuevo. Se limitó a insistir en que no hubo “espionaje” y que desde luego si este se intentó fue sin su consentimiento, y reiteró su compromiso a no poner obstáculos para conocer “la verdad”.
Cuando parecía que no iba a ver muchas más novedades, el martes se conocía la dimisión de David Fernández como director de comunicación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), desde donde se contactó con el despacho de detectives para encargar el supuesto “espionaje”. Aunque el periodista ha desvinculado su marcha de todo este caso y ha asegurado que hace tiempo que había decidido volver al sector privado, los grupos de la oposición no dudan de que Fernández es una de las piezas clave de este entramado del que ahora intenta quitarse de en medio.
Todas estas cuestiones se pondrán sobre la mesa de la comisión de investigación. Está por ver si la mayoría que pueden articular PP, Ciudadanos -cuya postura va a ser decisiva- y Vox permiten que se desvele lo ocurrido realmente.