El Ayuntamiento de Madrid no sabe cuántos trabajadores están encargados de la limpieza viaria de la capital. Así lo expone la corporación en una respuesta enviada al grupo socialista, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El equipo de Gobierno asegura que “no dispone del dato” porque las empresas concesionarias, a las que el Ejecutivo de la exalcaldesa Ana Botella adjudicó los contratos en 2013 tras decretar severos recortes en el servicio, pueden discrecional y legalmente disponer de la plantilla que quieran. La corporación de Almeida, que acaba de aprobar la licitación de unos nuevos contratos, culpa al modelo de su antecesora del descontrol. “No existen unos medios contractuales explícitos”, dice la contestación del área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante.
El PSOE denuncia, sin embargo, que el Ayuntamiento trata de “ocultar” los datos. “Nos ocultan cuántas personas hay limpiando las calles para no tener que reconocer los recortes que han hecho de Madrid una de las ciudades más sucias de Europa”, señala el concejal Ignacio Benito, que asegura que la corporación conoce el número de efectivos por distrito y por lote porque las concesionarias están obligadas a remitir alguna información sobre los trabajadores.
Nuevos contratos en marcha
La Junta de Gobierno aprobó la semana pasada, en medio del terremoto político en Madrid, la licitación de unos nuevos contratos de limpieza que elevan el presupuesto hasta los 1.700 millones de euros. “Pasamos a invertir 59,6 euros por habitante a 86,31. Más que Valencia, Zaragoza, Barcelona y Santander juntas”, dijo la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, aunque habrá que esperar a la adjudicación final para confirmar por cuánto se concede el servicio. José Luis Martínez-Almeida no quiere repetir los errores que cometió la excalcaldesa en la gestión de la limpieza de la ciudad, vigentes hasta agosto de 2021 y que han sido un dolor de cabeza tanto para el Gobierno de Ahora Madrid –contra el que el propio Almeida emprendió una campaña, conocedor de que la rigidez solo permitía hacer cambios mínimos– como para el actual equipo de PP y Ciudadanos.
En 2013, Botella integró 39 servicios públicos –de limpieza viaria y jardinería– en un solo megacontrato dividido en seis lotes para ahorrar costes y aplicó recortes del 10% en el presupuesto (256 millones en total) de partida. Con una deuda encima de 7.000 millones, la exalcaldesa optó por sacrificar el servicio. La competencia entre empresas, gigantes del sector de la construcción y los servicios, rebajó aún más el precio de los 2.317 millones iniciales para 10 años a 1.944. Hasta el punto de que, una vez con el servicio entre las manos, sus ofertas eran tan temerarias que no daban de sí para pagar a la plantilla.
Los pliegos entonces no recogían ninguna exigencia de personal. Los recortes de más de 1.100 efectivos de un total de 6000, planteados por las adjudicatarias (entre ellas Cespa, Valoriza, Obrascón y OHL-FCC), provocaron la huelga más larga de limpieza en la capital desde 1999. 13 días que terminaron con una victoria parcial de los trabajadores: un ERTE y una congelación salarial por cinco años.
Con los nuevos contratos –este jueves se ha dado luz verde a la licitación por separado de la conservación de parques, jardines y zonas verdes, otra novedad respecto al modelo de Botella que juntaba todo–, el Ayuntamiento promete incrementar el personal en 2.000 efectivos. “Cómo puede ser que el delegado del área lleve meses diciendo que el nuevo contrato de limpieza va a aumentar en 2.000 la plantilla actual si no sabe cuántos efectivos tiene esa plantilla”, remata el edil socialista que formuló la pregunta al Gobierno.