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Almeida pacta con la oposición un plan para remunicipalizar la gestión de la M30 que privatizó Gallardón

Vista de un atasco en la M-30. EFE/Mariscal/Archivo

Europa Press

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El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad el plan presentado por el PSOE para remunicipalizar la gestión de la M-30, privatizada por el exalcalde del PP Alberto Ruiz-Gallardón. La propuesta pretende poner en marcha una mesa de trabajo para que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida inicie “con la mayor celeridad” los procedimientos administrativos necesarios para establecer la gestión directa del servicio público de conservación y explotación de la M-30. En esta mesa estarán representados todos los grupos municipales para realizar un seguimiento mensual de los procedimientos administrativos, según ha señalado el socialista Ignacio Benito, “con el objetivo de implantar el nuevo modelo a partir del 1 de julio de 2022”.

Una vez culminada la tramitación administrativa y recabados todos los informes favorables, según la transaccional, el órgano municipal competente someterá el acuerdo relativo a la municipalización de la actual sociedad público-privada M-30 a la aprobación del Pleno. “La eficacia de esta decisión estará supeditada a la resolución del actual contrato relativo a los Servicios de Gestión Integral de la M-30 entre el Ayuntamiento y Madrid Calle 30 -la empresa semipública-”, recoge el acuerdo plenario.

Gestión directa a gestión indirecta

El socialista Ignacio Benito ha recordado que hace casi 18 años, el 30 de marzo de 2004, el Pleno aprobó la gestión directa del servicio público de reforma, mantenimiento y gestión de la funcionalidad del tráfico de la vía urbana M30 y las vías de acceso a través de sociedad mercantil cien por cien municipal Madrid Calle 30. A los pocos meses, en diciembre de 2004, se modificó la forma de gestión de la sociedad, pasando a un régimen de gestión indirecta que, al transformarse en una sociedad de economía mixta, “supuso la cesión del 20 por ciento del capital a manos privada”. En concreto, la sociedad elegida fue Emesa, una UTE formada por las empresas Ferrovial, Dragados y API. “Este modelo de gestión conlleva en la actualidad al desembolso de más de 128 millones de euros anuales, de los que el contrato de mantenimiento recibe únicamente 48 millones de euros. La diferencia corresponde a impuestos y dividendos, que también paga el Ayuntamiento de Madrid”, ha desgranado el socialista.

También ha recordado que las conclusiones tanto del informe de la Cámara de Cuentas de 2016, como de la comisión de investigación sobre la empresa Madrid Calle 30 llevada a cabo en la pasada legislatura, “advierten de la ineficiencia del modelo de mantenimiento y la explotación de la infraestructura”.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha recordado a su vez que el Gobierno ha venido analizando durante 2021 las posibilidades de modificar el modelo de gestión de los servicios de gestión integral de la infraestructura viaria. Para garantizar la objetividad y transparencia de este proceso ha contratado como apoyo a los servicios técnicos municipales de la asistencia de una consultora externa, concluyéndose que la gestión directa del servicio requiere, “no solo la aprobación de un expediente de cambio de modelo de gestión del servicio público, de indirecta a directa, que debe ser aprobado por el Pleno, sino también la resolución del contrato adjudicado a Emesa”.

Carabante ha recordado que la Cámara de Cuentas ya señalaba que cuando el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón planificó la infraestructura establecía que “a partir de 2017 habría un coste sensiblemente superior con este modelo contractual que si el Ayuntamiento tuviera contrato directo”. “Les pido la máxima colaboración para que este cambio de modelo se lleve a cabo lo antes posible”, ha pedido el delegado a los grupos.

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