El Ayuntamiento de Madrid pretende cambiar los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar Indalecio Prieto sin un informe técnico propio que sustente la modificación dentro de la Ley de Memoria Histórica. El Consistorio no lo considera necesario porque se trata de un “mandato del Pleno”, a propuesta de Vox, que ya hace alusión a esta norma. Esta referencia a la norma fue incluida por PP y Ciudadanos en una enmienda conjunta al texto. “No es necesario. Se pedirá solo si en la tramitación surge alguna duda”, confirman fuentes municipales a este medio. Normalmente las decisiones que son aprobadas en Junta de Gobierno, como en este caso, van acompañadas de una motivación.
Esta vez, el equipo municipal quiere ejecutar el cambio sobre la argumentación histórica incluida en la proposición de Vox aprobada en el Pleno. El texto imputa al socialista y sindicalista Largo Caballero una “sanguinaria trayectoria política y personal” y le responsabiliza de la masacre de Paracuellos del Jarama porque era “parte” del Gobierno republicano. El documento vincula a Prieto con el asesinato de José Calvo Sotelo porque, dice el texto, “introdujo en su guardia pretoriana a los responsables” del crimen y le vinculan con “una labor represiva”. La iniciativa inicialmente no es vinculante pero los grupos municipales que forman el Gobierno (PP y Ciudadanos) la han avalado con su voto a favor y están dispuestos a ejecutarla. PSOE y UGT ya han avanzado que estudian recurrir la retirada de los rótulos.
Los nombres fueron descartados por el Comisionado
El Comisionado de Memoria Histórica del anterior mandato, formado por un conjunto de historiadores y otros expertos aceptados por todos los grupos municipales, estudió estos dos casos y descartó “clarísimamente” incluirlos dentro de la lista de nombres a retirar del callejero en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, explica la exresponsable del grupo, Paca Sauquillo, en conversación con elDiario.es. “Llegamos a la conclusión del papel democrático que habían tenido”, recuerda la abogada y expolítica socialista, en alusión a los dos expresidentes del PSOE y también cargos institucionales del Gobierno de la II República una vez iniciada la contienda.
Para Sauquillo, a quien la exalcaldesa Manuela Carmena le encomendó conformar un grupo de expertos, es “muy grave” que el Ayuntamiento vaya a ejecutar las modificaciones en el callejero sin un estudio pormenorizado de estas dos figuras. Y pide a José Luis Martínez-Almeida que “rectifique”. “Es una provocación planteada por Vox a la que se han unido PP y Ciudadanos. Conviene que se informen con historiadores, como hicimos con la anterior corporación. La proposición carece de razonamientos históricos y no se pueden amparar en la Ley de Memoria. Están intentando retorcer la historia”.
El Comisionado estuvo trabajando durante dos años en una radiografía del callejero de Madrid. En este tiempo, los historiadores detectaron 52 calles que representaban vestigios del franquismo. “Hicimos una justificación de por qué entraban dentro de la ley. Personaje a personaje. Y, con todo, en algún juzgado se nos dijo que teníamos que haber sido más extensos”, recuerda. El PP, entonces liderado por Esperanza Aguirre, se abstuvo de la votación que dio luz verde para cambiar la denominación del medio centenar de vías. Ciudadanos, con la vicealcaldesa Begoña Villacís como portavoz, votó a a favor.
Los historiadores coinciden en la dificultad de argumentar históricamente por qué estos casos se encuadrarían dentro del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Este punto faculta a las administraciones públicas a retirar “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. La propuesta de Vox, respaldada por PP y Ciudadanos, se ha presentado en paralelo al inicio de la tramitación de la nueva Ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados.
La extrema derecha los vincula con fusilamientos como la matanza de Paracuellos del Jarama, unos hechos que no están probados, apunta Sauquillo. “Entonces el Gobierno estaba en Valencia, tratando de contener el golpe. El alcalde tendrá que demostrar que esto fue así para cambiar la calle”, añade. Por otro lado, está el papel de Largo Caballero en la revolución fracasada de 1934, entonces con un marcado discurso revolucionario. Estos hechos, sin embargo, exceden el marco de la Ley de Memoria que se circunscribe solo a la horquilla temporal que va desde la sublevación militar de julio de 1936 hasta 1975.
El Ayuntamiento no litigará por las esculturas con el Gobierno
El procedimiento que seguirá el Ayuntamiento a partir de ahora pasa, primero, por comunicar la decisión del Pleno a las juntas de distrito de Ciudad Lineal (donde se ubica la avenida de Largo Caballero) y Vicálvaro (donde está el bulevar Indalecio Prieto) para que inicien el expediente con el cambio de nombre, de acuerdo con la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, de 2013. Después, estos expedientes se elevarán a la Junta de Gobierno donde quedarán aprobados definitivamente.
El Consistorio de PP y Ciudadanos también desinstalará, como marca la propuesta de Vox, la placa colocada en 1981 en el exterior de la casa donde vivió Largo Caballero, en el barrio de Chamberí. Todos los grupos municipales de entonces -PSOE, UCD y PCE- votaron por unanimidad la iniciativa del alcalde Enrique Tierno-Galván, lo que demuestra, según Sauquillo, “que los grupos democráticos no han puesto problemas a estas figuras”. “Con Carmena lo único que se hizo fue cambiar las calles. Y ahora, en vez de aplicar lo que hicimos y estudiamos, lo que han hecho el poner en práctica algo que no decíamos”, resume la exresponsable del Comisionado.
La corporación de Martínez-Almeida, sin embargo, da prácticamente por perdida la retirada de las dos esculturas de Largo Caballero e Indalecio Prieto de Nuevos Ministerios. Los monumentos están situados en un terreno propiedad del Ministerio de Fomento (ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). El Ayuntamiento requerirá al propietario, el Gobierno de España, que desmonte las esculturas. Si no atiende a la solicitud, la corporación municipal ya avanza que descarta entrar en un litigio judicial para lograrlo. “No estamos en eso”, aseguran fuentes municipales.