El Ayuntamiento de Madrid borrará a los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero de la ciudad. PP y Ciudadanos han votado a favor de una proposición de Vox para eliminar calles y placas con sus nombres. Hasta ahora, el equipo de Gobierno había abortado iniciativas para reconocer a los represaliados del franquismo impulsadas por la anterior corporación, como la polémica retirada de placas del memorial del cementerio de La Almudena, pero no había respaldado nuevos cambios en el callejero.
PP y Ciudadanos se parapetan en la Ley de Memoria Histórica para ejecutar las modificaciones. Los dos partidos han enmendado mínimamente el texto de Vox para recoger la iniciativa como un supuesto de la norma aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Concretamente en aplicación del artículo 15 que faculta a las administraciones a “retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Vox inicialmente vinculaba la iniciativa con una resolución del Parlamento Europeo contra los “regímenes nazi y comunista” que la extrema derecha ya usó para hacer revisionismo en el Pleno del Ayuntamiento en octubre.
El texto del grupo de extrema derecha –defendido por el concejal Javier Ortega Smith– describe Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros del Gobierno republicano iniciada la Guerra Civil, líder del PSOE y secretario general de la UGT, como una figura “que no debe ser digna de honores por su sanguinaria trayectoria política y personal”. A Prieto, que da nombre a un bulevar madrileño como ministro de la Segunda República y también presidente del Partido Socialista, le vincula con una “deriva revolucionaria y radical en el PSOE”. Para Vox, “el recuerdo de sus monumentos, placas y avenida en Madrid constituyen una ofensa para muchos madrileños”.
La oposición considera que se retuerce la ley
Para Más Madrid y PSOE, las tres formaciones que apoyan la iniciativa hacen un uso “torticero” de la Ley de Memoria Histórica. “Ustedes pretenden saltarse la ley y los acuerdos del Comisionado de Memoria Histórica. Es una proposición basada en el revisionismo e incita al odio”, ha espetado el edil socialista Ramón Silvia. Marta Gómez Lahoz, de Más Madrid, considera que esta votación es una muestra de “lo que PP y Ciudadanos están pagando por el apoyo de Vox para ocupar el Gobierno” municipal. “Me da verdadero pudor estar debatiendo esta iniciativa con la crisis sanitaria, social y económica que tenemos en Madrid y me sorprende la tibieza en la enmienda de PP y Ciudadanos”, ha añadido.
“La memoria es algo personal. La suya es selectiva e implica una doble vara de medir y oscila como un péndulo en función del grupo político. No nos den lecciones de historia que para eso tenemos a los historiadores”, ha respondido el edil del PP, Borja Fanjul. Ciudadanos, por su parte, ha defendido que la ley es igual “para criminales de uno y otro lado”. “La Guerra Civil no fue un enfrentamiento de buenos contra malos”, ha argumentado la concejala Sofía Miranda, en un tenso debate.
También se ha pronunciado al respecto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho a través de un mensaje de Twitter, en el que ha expresado que “la ultraderecha ha arrastrado al PP y Cs” y ha calificado la retirada de una “lamentable noticia para una ciudad noble, plural y abierta como Madrid”. Además, ha insistido en que “nunca podrán borrar su memoria en favor de la libertad y la justicia social” del corazón de los habitantes de la capital.
Las esculturas dependen del Gobierno de Sánchez
Las calles afectadas por la iniciativa son: la avenida de Largo Caballero, en Ciudad Lineal, y una placa que le homenajea en Chamberí; el bulevar de Indalecio Prieto, en Vicálvaro; y sendas estatuas en La Castellana. El edil del PP ha precisado que el desmontaje de estos dos últimos monumentos, vandalizados en los últimos años, se solicitará al Gobierno, propietario de los terrenos donde se ubican. Las estatuas están situadas en suelo del Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El Consistorio debe requerir al propietario que les aparte. Y, si no se atiende esta petición la siguiente vía es pedir una autorización judicial para hacerlo por ejecución sustitutoria. En este caso, la corporación tendría que armar un argumento jurídico suficiente.
Francisco Largo Caballero es un personaje controvertido de la historia. Fue ministro de Trabajo en el primer bienio de la II República, bajo el mandato de Manuel Azaña (puesto desde el que promovió la jornada de 40 horas o la ley de contratos del trabajo), y después presidente del Consejo de Ministros entre 1936 y 1937, ya estallada la guerra civil.
Ortega Smith le hace “responsable, porque era parte del Gobierno republicano, de la matanza de Paracuellos del Jarama” y de la revolución fracasada de Asturias de 1934. Un sector de la extrema derecha considera que Largo Caballero puso la semilla de la Guerra Civil ante el rechazo de la mayoría de los historiadores. Estuvo preso en un campo de concentración cercano a Berlín tras ser detenido por la Gestapo cuando estaba en el exilio.
El impulso de la exalcaldesa Manuela Carmena para retirar del callejero madrileño nombres vinculados a la dictadura franquista fue frenado en seco por la nueva corporación municipal, que por primera vez, más de un año después, mueve ficha en este ámbito. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, prometió en junio –recién llegado al Palacio de Cibeles– ejecutar solo los cambios que eran ordenados por la Justicia tras varias sentencias que pararon cambios promovidos por el Gobierno municipal.
Sin embargo, después empezó a deshacer proyectos ya aprobados por la anterior corporación, como retirar del cementerio de La Almudena las placas con los nombres de los represaliados por el régimen de Francisco Franco entre 1939 y 1945. El Gobierno de Martínez-Almeida también renunció a construir un memorial en la antigua cárcel de Carabanchel en recuerdo de los encarcelados por la dictadura aprobado en el mandato de Carmena igualmente tras una proposición de Vox.