En septiembre de 2019, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, iniciaba su primer curso político al frente del Ayuntamiento con una medida con la que pretendía romper de algún modo la zona de bajas emisiones impulsada por Manuela Carmena, Madrid Central, después de que los tribunales le cortaran el paso para eliminarla como había prometido en la campaña electoral tras hacer del asunto su principal argumento de oposición contra la exalcaldesa. Como no podía suprimirla, optó por recortarla con el anuncio de nuevos permisos para coches que tienen prohibido el acceso libre (los que llevan etiqueta C: gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014). El regidor enmarcó el cambio en una nueva estrategia de movilidad llamada Madrid 360. Un año después y tras un tira y afloja entre los socios del Gobierno municipal, el borrador del proyecto de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la corporación municipal ha renunciado a relajar las restricciones en vigor, atendiendo las exigencias de Ciudadanos, que llegó a amenazar con votar en contra de la normativa del Gobierno si el PP no rectificaba.
Fuentes del Área de Movilidad y Medio Ambiente, dirigida por Borja Carabante (PP), admiten que eso es lo que dice el último borrador pero no dan el texto por cerrado y defienden que el hecho de que los permisos a los coches con etiqueta C no estén ya el redactado “no quiere decir que se vayan a eliminar definitivamente”. “El compromiso adquirido con el Ministerio de Transición Ecológica fue no incluir a estos vehículos hasta que no se tuviera el resultado de la modelización”, argumentan fuentes municipales. Este estudio del impacto que tendría la medida en la calidad del aire llegará, antes de que acabe el mes de septiembre. Y entonces, justifican, se tomará la decisión definitiva. El alcalde de Madrid ha avanzado que los primeros resultados avalarían que la medida “reduce las emisiones de los coches C de alta ocupación”. Pero a día de hoy esa relajación de las restricciones ha desaparecido. Así que del plan de Almeida para eliminar Madrid Central no queda nada.
Con el paso de los meses, las intenciones de los conservadores de suavizar la zona de bajas emisiones han ido cayendo por su propio peso. Primero, por el rechazo frontal de la oposición, los expertos y los ecologistas. Y después por la imposibilidad de sacarlo adelante por la oposición de su socio de Gobierno, que manifestó públicamente que la medida tenía “efectos negativos” en la contaminación. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido este miércoles en que “no es momento de ir hacia atrás” y ha asegurado que Madrid Cental no se revertirá, sino que se mejorará.
La última versión de la normativa queda igual a la anterior en este punto. “Los vehículos siempre que dispongan de clasificación ambiental B y C podrán acceder a Distrito Centro únicamente para estacionar en un aparcamiento de uso público o privado o de reserva de estacionamiento en el interior del área”, dice la propuesta inicial de modificación de la ordenanza, a la que ha accedido este medio. La idea de que los vehículos con dos o más pasajeros y etiqueta C tengan barra libre para entrar y salir por la almendra central sin restricciones, siempre que estén ocupados por más de un pasajero, se ha descolgado del texto, pese a que entraba dentro de los planes iniciales del área de Movilidad y Medio Ambiente.
Muchos esperaban que Martínez-Almeida diera alguna pista sobre la nueva ordenanza en el Debate del Estado de la ciudad, celebrado el pasado miércoles en el Palacio de Cibeles. Sobre todo después de que, en pleno verano, la justicia anulara por defectos formales la ordenanza en vigor –aprobada por la anterior corporación y que contiene la regulación de Madrid Central– como respuesta a los recursos presentados por el grupo parlamentario popular cuando aún estaba en la oposición. El borrador al que ha accedido este medio confirma que el PP rectifica por el momento. Mantiene la zona de bajas emisiones con el mismo perímetro –más allá de la extracción de dos calles el pasado diciembre– y condiciones, aunque cambia de nombre. Ya no se llama Madrid Central sino Distrito Centro.
La rectificación echa por tierra la estrategia del PP para derribar Madrid Central en la campaña electoral y en los tribunales justo cuando ha empezado a dar sus frutos en los juzgados. La diferencia es que ese mismo partido ahora está en el Gobierno. El equipo de Almeida ya anunció que no recurriría la anulación de Madrid Central que él mismo provocó y ahora está embarcado en elaborar una nueva ordenanza no tan alejada de la de Carmena como pretendían. Este mismo martes el regidor ha inaugurado una nueva línea de autobús cero emisiones (la C03) que transita por el perímetro de la zona de bajas emisiones rodeando el distrito Centro, desde Puerta de Toledo a Argüelles.
El borrador de proyecto tiene aún una larga tramitación por delante: está ahora en manos de cada una de las áreas de Gobierno y de los distritos para recoger sus aportaciones y después se aprobará en Junta de Gobierno. El Consistorio quiere sacar adelante la ordenanza antes de enero. Antes, debe pasar por el periodo de información pública y alegaciones –el trámite en el que se ha basado el juez para anular la actual ordenanza– y después ser refrenada en Pleno.
El texto inicial recoge también algunos cambios, como considerar toda la ciudad una Zona de Bajas Emisiones, porque en ella se irán promoviendo restricciones paulatinas a los coches más contaminantes hasta sacarlos definitivamente de todo el municipio en 2025. Esto ya estaba previsto con Carmena, pero PP y Ciudadanos lo han calendarizado con mayor detalle en Madrid 360, incluyendo una salida progresiva: primero vetando el estacionamiento y después la circulación por zonas cada vez más amplias, también de residente. Las áreas con más restricciones, en este caso Distrito Centro, pasa a denominarse Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección.
El proyecto de ordenanza, asimismo, incluye la conversión del 10% de las plazas verdes (residentes) en azules (de rotación). Como ya se anunció también, los comerciantes y hosteleros pasan a considerarse, a efectos de permisos, como residentes del perímetro de Distrito Centro.
La presión de Ciudadanos
En 12 meses han cambiado muchas cosas en el Gobierno municipal. A la oposición inicial a recortar Madrid Central de la izquierda del Ayuntamiento de Madrid (Más Madrid y PSOE), se sumó dos meses después la facción de Ciudadanos en el Ejecutivo. Los de Begoña Villacís votaron junto a la oposición para rechazar la medida alegando que perjudicaba a la calidad del aire y, en una escalada de la presión, amenazaron con tumbar con la izquierda la nueva normativa si llegaba viva al último trámite en el Pleno. Lo que Ciudadanos ha defendido en los últimos meses es que el recorte supondría retroceder más allá de las Áreas de Prioridad Residencial del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón y se ha presentado como un dique de contención para evitar que el PP tuviera manga ancha en las medidas relacionadas con calidad del aire.
El PP ha mantenido silencio sobre sus intenciones con esta medida hasta ahora, conscientes de la aireada fricción con Ciudadanos. El alcalde desgranó algunas medidas de esa ordenanza –tarifas para aparcar en la calle en función del nivel de polución, la recuperación de las peatonalizaciones los fines de semana, aparcabicis en zonas ocupadas por coches o la polémica prohibición de estacionar las bicicletas en las aceras– en el Debate del Estado de la región pero no dijo una palabra de Madrid Central. Un día después, la portavoz municipal aseguró tras la Junta de Gobierno que “nada había cambiado”.
Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, respondía sin entrar en detalles que el proyecto de ordenanza “respetaba fielmente el pacto entre el PP y Ciudadanos”. El acuerdo firmado entre los dos socios en junio de 2019 incluía la “reconversión de Madrid Central” y una serie de medidas como la mejora de los “sistema de información” o una auditoría para mejorar los sistemas de acceso. Hasta el momento el Ayuntamiento ha colocado pantallas para informar sobre el número de plazas disponibles en cada aparcamiento en las entradas a la zona de bajas emisiones.
Cuando se cumplieron 100 días de Gobierno municipal, el alcalde aseguró que el pacto con Ciudadanos le impedía eliminar por completo Madrid Central. “No podemos ocultar que hay una controversia en este punto”, admitió el regidor en marzo, cuando Ciudadanos ya estaba presionando para que el PP diera marcha atrás con la libre circulación de los coches C altamente ocupados por Madrid Central. Seis meses después, y a falta del texto definitivo, Almeida deja caer su medida estrella para diferenciarse de Carmena.