Hace un año, 24 familias de la localidad madrileña de San Fernando de Henares tuvieron que abandonar sus viviendas, prácticamente con lo puesto. La Comunidad de Madrid les prometió que el desalojo duraría apenas un par de meses, mientras se realizaban las obras de rehabilitación con las que coser las grietas que había abierto en sus muros la línea 7b de metro, que Esperanza Aguirre se empeñó en construir pese a los informes desfavorables. El Ejecutivo autonómico las realojó en un apartahotel en un polígono industrial de forma provisional y, ante su asombro, en mayo demolió sus viviendas.
Mientras siguen esperando una indemnización que les permita retomar sus vidas, a la lista de agravios se suma ahora un nuevo epígrafe: la consejería de transportes no ha renovado la orden de emergencia y les fuerza a abandonar el apartahotel y adelantar una parte de los alquileres, que hasta ahora cubrían íntegramente. La administración les abonará 798 euros durante seis meses, en un pago de 4.788 euros. Es, indican fuentes de la Consejería, lo que está tasado por parte del ministerio de Fomento, más el 14% de IPC, pero la Comunidad se compromete a sumar la diferencia de la compensación por su responsabilidad en los daños de la línea 7b del suburbano.
Cuando la reciban, porque por el momento la mayoría de vecinos aún no saben cuándo ni cuánto dinero les corresponde, ni si les dará para comprar otra vivienda. En febrero, la Comunidad de Madrid comenzó a tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de los daños causados. Es decir, la administración asumía la culpa. Al fin y al cabo, había sido Esperanza Aguirre quien ignoró “la problemática geotécnica asociada a la presencia de materiales salinos” en el terreno, de la que la advirtieron los técnicos, y que ahora está provocando que las construcciones se agrieten hasta convertirse en un peligro, por sus prisas electorales.
Este martes, una decena de familias que permanecían en los apartahoteles, se afanaban en encontrar un lugar en el que pasar la noche y vivir los próximos meses, a la espera de una solución definitiva. Rosario Gamo, de 69 años, abandonaba a última hora de la tarde la que había sido su casa improvisada durante el último año para ir a casa de su hija, mientras encuentra un piso que pueda mantener con su pensión de viudedad. Ve imposible encontrar algo con lo que ofrece ahora la Comunidad de Madrid.
Su hija, Ana, explica a elDiario.es que una vivienda de alquiler con muebles es superior a ese importe y que, además, reclaman una fianza, en algunos casos de hasta tres meses y un aval al que su madre no puede hacer frente. “No es lo mismo estar en un apartahotel que empezar de cero en un piso y nosotros, con la hipoteca y la situación en casa, tampoco la podemos avalar”, lamenta.
En mayo, mientras contemplaban la demolición de sus casas con los recuerdos de sus vidas y el futuro que habían planeado en ellas, los vecinos calculaban que las reparaciones se resolverían en unos seis meses, para el otoño. Ya entonces tenían dudas de que los plazos se fueran a cumplir pero, con el compromiso de la consejería de pagarles 798 euros al mes durante seis meses, temen que ese horizonte se alargue. “Si ofrecen un adelanto de seis meses de alquiler, es que no van a tardar menos de seis meses”, barrunta Juan Fuentes, que es el presidente de la Asociación de Afectados de Metro Presa-Rafael Alberti. Tampoco saben de cuánto serán esas indemnizaciones, ni si les llegará para comprar otra vivienda.
Desde el ejecutivo regional de Ayuso afirman que están “volcados” con los vecinos, pero aseguran que faltan documentos por entregar. “La inmensa mayoría no tienen el expediente completo”, señalan. Y esa, dicen, es la causa de que aún no hayan recibido sus indemnizaciones: “En febrero ya se dijo que el 20 de septiembre se acababa la emergencia”.
El consejero del transportes, David Pérez, se reunió este lunes con las 24 familias del bloque situado entre las calles Rafael Alberti y Presa, reconvertido ahora en un solar lleno de escombros. “Yo le pregunté qué documento le faltaba a mi madre y me dijo que toda la documentación estaba entregada y estaba OK. Cuando le consulté por qué no se ha podido entregar ya, me contestó que esto tiene un tiempo y que, por lo menos, son cuatro meses”, explica Ana.
Al llegar al apartahotel en el que vive su madre, cuenta que se encontraron bajo la puerta una nota de la empresa Tragsa, a través de la que la Comunidad gestionaba el pago de las rentas. “Decían que dejaban de hacerse cargo de esos alquileres y la lista de precios de los apartahoteles”, explica. 900 el más pequeño y cerca de 1.500 euros, el triple.
A Juan, que consiguió hace cuatro meses un pequeño piso de alquiler por 1.100 euros, que hasta el martes sufragaba la administración, le llegó un email de esta misma empresa reclamándole la fianza, explica.
“Una propuesta insuficiente”
A finales de julio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso les avisó de que no renovaría la orden que les permitía financiar los apartahoteles y los pisos de alquiler que habían encontrado algunas familias. “Si hace 15 o 20 días nos dicen que no podían hacer nada y ahora consiguen esos 798 euros, ¿por qué no pueden conseguir que sea un poquito más y que se hagan cargo de todo, como durante el periodo de emergencia?”, se pregunta Ana.
Para Juan, “la propuesta es insuficiente”. “Se cumple un año fuera de nuestras casas y estamos peor que lo que estábamos”, lamenta. La vida de estos vecinos ha dado un giro de 180 grados, pero sus obligaciones no han cambiado. Los que no habían terminado de pagar sus viviendas, deben seguir haciendo frente a sus hipotecas pese a que sus casas han sido reducidas a escombros por culpa de la Comunidad de Madrid. Otros, viven gracias a sus pensiones o sus pensiones de viudedad. En cualquier caso, los 798 euros se les quedan cortos para pagar un alquiler y hacer frente a suministros como la luz, el agua y el gas. “Somos personas honradas, trabajadoras, gente mayor que en la vida nos hemos visto envueltos en algo así y estamos desesperados”, cuenta Juan.
Basta una búsqueda por portales de alquiler como Idealista, Fotocasa o Pisos.com para darse cuenta de que la oferta de viviendas en San Fernando de Henares es escasa. Poco más de una decena de casas en alquiler, con rentas que oscilan entre los 700 y los 1.275 euros al mes. Con estos precios, y sumando los suministros, los vecinos tendrían que aportar dinero de su bolsillo. “Si salgo de aquí, ¿dónde me meto?”, se pregunta Juan, que explica que algunos de sus vecinos que permanecían este martes encerrados en el apartahotel se niegan a abandonarlo porque no tienen donde ir.
“Hemos mantenido reuniones con los vecinos cuyas viviendas se han visto afectadas por la línea 7b de metro de San Fernando. Hemos escuchado a todos los vecinos, les hemos explicado cómo vamos a gestionar las indemnizaciones, los anticipos que desde mañana (por el martes) tendrán disponibles para que así puedan utilizarlos para su alojamiento. Tenemos ya las indemnizaciones definitivas”, dijo Pérez tras el encuentro. Las tienen, dicen, pero están bloqueadas a la espera de una próxima reunión con el abogado de las víctimas para resolver los flecos sueltos.
No obstante, pese a que Pérez ha definido la reunión como “provechosa”, esta no ha servido para que decenas vecinos no salieran este martes a la calle para defender San Fernando de Henares y solidarizarse con las familias “a las que han destrozado la vida”. En la llamada a la manifestación, que estaba convocada previamente y que ha discurrido entre la avenida Algorta y Plaza de España, la plataforma de afectados exigía a Ayuso “soluciones ya”.
“Se notó muchísima gente, muchísimo apoyo. Después de un día tan duro y tan amargo, terminar con la gente de mi pueblo fue como el colofón. No se puede imaginar la gente lo que nos hizo sentir en ese momento”, cuenta Ana emocionada.
Este lunes, los vecinos afectados han colgado en YouTube un documental en el que narran cómo ha sido su vida desde que fueron forzados a dejar sus casas. “Allí estaba tan a gusto, tan tranquila, pensando que, en mi jubilación, es lo que ya tenía”, explica Dolores, de 67 años con nostalgia en ese trabajo audiovisual, titulado 'Vidas rotas' y dirigido por Iván Fuentes, uno de los afectados. “Fue un cambio total”, lamenta Rosario. “Hace cuatro años me quedé viuda, tenía a mi nieta y era la que me daba la vida. Se quedaba a dormir de lunes a viernes conmigo y cuando pasó está situación, pues me vi sola, porque la niña no me la podía traer yo aquí [al apartahotel]”, dice. De su casa apenas pudo rescatar una foto de su marido con la niña.
Este mismo lunes, además, en una especie de deja vu, la Dirección General de Infraestructuras ha realojado a otras 30 familias de la calle Rafael Alberti. Por un lado, a 14 familias de los portales 1 y 2 del número 7, para los que el Ayuntamiento ha decretado la declaración de ruina de todo el edificio. Por otro, a 16 familias de los portales 3 y 4. Estas “manifestaban daños no compatibles con los trabajos de consolidación del terreno”, indica la consejería en un comunicado. En el mismo, se compromete a que “serán trasladados al apartahotel o a pisos en régimen de alquiler, todo ello sufragado por el Gobierno regional, al igual que los costes de los suministros (agua, luz y gas) y de manutención”, algo que ahora niegan a las familias que llevan un año fuera de sus casas.
“Esperemos que esto se solucione por estas 24 familias y por toda esa gente que viene detrás, que nadie tenga que pasar por este año tan tan duro”, dice Ana con la boca pequeña. “Mi madre está muy indignada por el tiempo que pasa y porque ve que de palabra se dice mucho, pero de actos no. Su casa de 40 años en la que ha formado su hogar y ha visto crecer a sus hijos y a sus nietos no la va a recuperar y de eso es consciente, pero quiere vivir dignamente en otra casa y siente que están jugando con ella y con sus vecinos”, lamenta.