Hace dos años las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid se convirtieron en la zona cero de la pandemia. Entre marzo y mayo de 2020, murieron 7.690 usuarios. Durante aquellas semanas en las que la tasa de mortalidad se disparó en estos centros, y se obstaculizó el traslado de residentes a los hospitales, el Gobierno regional optó por intervenir 14 de los más de 450 centros residenciales que hay en la comunidad alegando “un incremento no esperado de fallecimientos”. Esa actuación no ha derivado en la incoación de ningún expediente sancionador –según la documentación facilitada por el portal de transparencia autonómico a elDiario.es– y, dos años después, únicamente quedan abiertas las investigaciones judiciales impulsadas por los familiares de los fallecidos.
El relato de aquellas personas que entraron en los centros de mayores constata la falta de medios y el colapso de la atención sanitaria durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria en las residencias madrileñas. Las actas de la Policía municipal que se levantaron en esos días describían cómo una residencia tenía “un paciente con síntomas compartiendo habitación con personal sano” o cómo se tenían cadáveres sin recoger durante horas.
Los bomberos también participaron en la recogida de cuerpos, cuando las funerarias y la Unidad Militar de Emergencias (UME) no llegaban. Uno de ellos explicó a elDiario.es que se encontraron algunos “en descomposición”, ya que la saturación de los servicios provocó que algunas personas llevaran “entre siete y diez días” en los centros de mayores.
Las inspecciones de los agentes municipales también recogían quejas y peticiones de ayuda de las direcciones de los centros de mayores a las administraciones para poder atender a los residentes. No había material de protección ni test COVID y también escaseaban los recursos humanos. Para combatir la precariedad a la que se exponían diariamente los trabajadores, los responsables de algunos centros optaron por adquirir artículos como chubasqueros de plástico o gafas de buceo para sustituir a los trajes de protección.
El relato de una directora: “Siento que he vivido una guerra”
“Siento que he vivido una guerra, donde no he tenido medios, donde he sido juzgada de antemano como asesina, que he acumulado muertos”, relató la directora del centro de mayores Amavir de Alcorcón, Lidia Sánchez, en una de las jornadas de la Comisión de Investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid para conocer lo que sucedió en esos centros entre los meses de marzo y junio. Tras las elecciones de mayo y la segunda investidura de Isabel Díaz Ayuso, esta comisión no se reinició por la negativa del PP y la abstención de Vox en el parlamento autonómico.
Tras contener la expansión del virus, la Comunidad de Madrid puso fin a las intervenciones en residencias y se retomaron las inspecciones. Según expusieron en agosto de 2020 fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, gestionada en ese momento por Alberto Reyero (Ciudadanos), la mayoría de las visitas presenciales de los inspectores se retomaron en mayo y junio, ya lejos de los episodios más devastadores del virus.
Aún así, desde la irrupción del virus, tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio de Sanidad hicieron un seguimiento de la evolución de la enfermedad. “Ninguno de esos controles ha concluido con una sanción”, apuntan fuentes del grupo empresarial Orpea sobre las residencias que gestionan en la región.
En la misma línea se posicionan desde Amavir, otra de las compañías que dirige centros de mayores. “Durante aquellos meses no tuvimos ninguna inspección”, apunta un portavoz de Amavir sobre el seguimiento que realizó la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia, aunque también añade que en esa época los inspectores “llamaban diariamente a cada centro para preguntar sobre el número de casos y los recursos que tenía el centro”.
Nueve centros residenciales sancionados
Actualmente, la Comunidad de Madrid ya ha incoado expedientes sancionadores a nueve residencias y continúa tramitando siete más por hechos relacionados con la pandemia. Ninguno de ellos se ha iniciado por hechos “constatados” durante la primera ola de la pandemia cuando el SARS-CoV-2 se cebó sobre el colectivo de mayores, según la información facilitada por el portal de transparencia a elDiario.es.
Los hechos más cercanos a ese primer embate de la enfermedad que se mencionan en los expedientes sancionadores a los que ha accedido esta redacción se enmarcan en julio de 2020. Los inspectores revisaron el número de muertes comunicadas por el centro de mayores Versalles (30 plazas), situado en Pozuelo de Alarcón, desde ese mes hasta la fecha de la inspección, que se produjo en octubre de 2020.
Esa residencia ha hecho frente a dos sanciones. La primera, por una falta grave y otra muy grave, una multa de 58.000 euros. Y la segunda, por siete faltas graves, 42.007 euros. En la visita que realizaron los inspectores en octubre de 2020, los funcionarios de la Comunidad de Madrid descubrieron que “en el sistema de incidencias”, donde las residencias tienen que notificar los datos a la Comunidad, no figuraba “registrada la derivación de los usuarios al hospital y su posterior fallecimiento o regreso al centro”, recoge la resolución sancionadora.
Al comparar los datos del centro y los que habían transmitido al registro autonómico, los funcionarios identificaron incoherencias. Por ejemplo, a pesar de que la residencia había notificado que contaba con 28 plazas ocupadas, la inspección constató que en realidad había 19 residentes. Lo mismo sucedió con información sobre usuarios hospitalizados, aislados o positivos. Esas mismas incongruencias también fueron identificadas en el registro de muertes.
Sobre esta actuaciones, una responsable del centro aseguró a esta redacción que han presentado alegaciones ante los dos expedientes. Se defienden asegurando que su hospital de referencia no aportaba información sobre la evolución clínica de los residentes.
225.000 euros en sanciones por hechos relacionados con la COVID
Por ahora, teniendo en cuenta únicamente aquellos procedimientos emitidos por la gestión de la COVID desde el inicio de la pandemia y que ya han finalizado, las multas impuestas a nueve geriátricos ascienden a 225.000 euros. Los inspectores que han acudido a los centros de mayores se han encontrado con brotes que se han gestionado de forma deficiente, con responsables que no facilitaban información sobre el número de residentes fallecidos o con geriátricos donde no se cumplían las medidas de seguridad como llevar mascarillas y respetar la distancia interpersonal.
De esas actuaciones solo tres de ellas se produjeron en 2020, en esas fechas los funcionarios autonómicos visitaron los centros Maravillas, Versalles y Parque Coimbra. El resto se han producido en 2021. Lo mismo ha sucedido con los siete expedientes sancionadores que todavía no han finalizado, todos se han levantado por hechos “constatados” en 2021, siempre según la información aportada por el portal de transparencia. Desde la Consejería de Políticas Sociales se niegan a explicar a esta redacción por qué no hay rastro de sanciones emitidas durante la primera ola de la pandemia, en la que fallecieron más de 7.000 personas.
Algunas asociaciones como la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) defienden que ha habido “incumplimiento de las órdenes del Ministerio de Sanidad” por parte de residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. De hecho, este colectivo ha presentado decenas de denuncias por estos hechos ante la Fiscalía. Para el presidente de este colectivo, Miguel Vázquez, la actuación del Gobierno regional se debe a que la Comunidad no es capaz de “meter mano” a las empresas porque han dejado “la satisfacción del derecho” a una plaza residencial “en manos privadas”. “Si ahora las empresas se van ¿qué va a pasar con la atención a los mayores?”, sentencia Vázquez.
Colectivos como Amnistía Internacional también se ha posicionado en este asunto. Carmen Miquel Acosta, responsable de investigación y políticas de la organización, lamenta que el Ministerio Público haya cerrado diligencias de investigación con actuaciones que no “no consideran suficientemente exhaustivas”. Para este colectivo la Fiscalía ha puesto “la carga de la investigación en las familias, en lugar de hacer uso de todo su potencial de investigación”. Por lo tanto, para que se esclarezca la responsabilidad de la elevada tasa de mortalidad en las residencias durante la emergencia sanitaria apuestan por una “investigación exhaustiva y en profundidad” de la Fiscalía y la apertura de “una Comisión de la Verdad” en el Congreso.