Cuando apenas ha pasado un año desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que castiga el hostigamiento a mujeres a las puertas de las clínicas de abortos, el agitador Luis ‘Alvise’ Pérez y la plataforma antiabortista Hazte Oír han organizado un rezo colectivo en la acera de enfrente de la clínica Dator de Madrid, blanco habitual del colectivo ultracatólico, que desde el año pasado tiene abierto un local a escasos metros de la puerta del centro, en el distrito de Tetuán. Hasta un centenar de personas se han puesto a rezar, muchos de rodillas, mientras un cordón policial con decenas de agentes impedía que se aproximasen.
Los agentes tuvieron tiempo para organizarse porque la convocatoria fue anunciada en las redes sociales por el propio Pérez esta semana con ánimo de comprobar hasta dónde iba a llegar el celo policial. “Que intenten detenernos a miles rezando frente a la mayor clínica abortista de España”, retaba el cartel de la convocatoria. Llegado el día, varias furgonetas de la Policía Nacional estaban en el lugar. Los asistentes, entre los que había hombres y mujeres con niños pequeños y carritos de bebé, pudieron ser más; en el propio canal de Telegram de Pérez había testimonios de antiabortistas quejándose de que la Policía no les dejaba acercarse al lugar exacto.
La representación ya se había desinflado bastante pasada una hora de la convocatoria, cuando los vehículos policiales habían empezado a abandonar en el lugar y solo quedaban unas decenas de personas en pequeños grupos que iban disminuyendo progresivamente de volumen, siempre orbitando en torno al local de Hazte Oír. El bajo tiene fachada de color fucsia e impresa la imagen de un bebé sonriente junto a los mensajes “¿Te vas a perder mi sonrisa?” y “el aborto no es la única opción”. Un hombre ataviado con un escudo de juguete que imita al del superhéroe de dibujos animados Capitán América, pero con los colores de la bandera de España, radiaba la actuación, que grabó con su teléfono móvil.
La ley no impone un perímetro de seguridad
La reforma del Código Penal, apoyado por todos los grupos parlamentarios menos PP y Vox, prevé penas de hasta un año de cárcel para quien “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. El delito no requiere para su persecución que las afectadas lo denuncien. Durante el trámite parlamentario se debatió la posibilidad de marcar un perímetro de seguridad para este tipo de actuaciones, opción que finalmente fue desechada.
La clínica Dator, abierta en 1986 tras la primera despenalización del aborto, entonces reducida a tres supuestos, ha sido víctima de las acciones de los antiabortistas prácticamente desde su inauguración. En los últimos años, las actividades de los ultracatólicos habían aumentado de intensidad y teatralidad, como con el despliegue de una ambulancia que ofrecía ecografías gratuitas y la apertura del local, que este viernes ha servido de punto de encuentro de quienes acudieron.