La reforma que pretende llevar al Código Penal un delito específico para perseguir a quienes acosen a las mujeres que acuden a abortar a las clínicas acreditadas ha superado su paso por el Congreso. El pleno ha aprobado este jueves la proposición de ley, impulsada por el PSOE, con 204 votos a favor, ninguna abstención y 144 votos en contra, entre ellos los del PP, UPN y Vox, que ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma. La iniciativa seguirá ahora su trámite en el Senado.
Durante el debate, las derechas han desplegado el argumentario que utiliza el lobby ultracatólico, en plena batalla contra la iniciativa, bajo la idea de que la reforma busca perseguir a quienes están contra el aborto y que la actividad que levan a cabo estos grupos trata de “ayudar” a las mujeres y “rezar” con el objetivo de “salvar vidas”.
La popular Teresa Angulo ha asegurado que la iniciativa “atenta contra la tolerancia y libertad” y persigue “impedir el ejercicio de derechos” a “unos ciudadanos concretos”, a quienes “osen ejercer pacíficamente su derecho para cuestiones que incomoden a los intereses de la izquierda”. Los argumentos entroncan con los que utilizan los grupos ultracatólicos que tienen en la diana esta iniciativa y la futura reforma de la Ley del Aborto que prepara el Gobierno, entre los que se encuentra la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y su reciente campaña antiaborto en marquesinas de 33 ciudades.
La propuesta, que las derechas ya intentaron tumbar al inicio del trámite, contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes “coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Y también al personal sanitario y administrativo de las clínicas, un cambio del texto original que han pactado los grupos. Además, han acordado que no haga falta que la persona agraviada denuncie para que el delito se persiga.
Por su parte, Vox ha enarbolado un duro discurso contra la interrupción voluntaria del embarazo, que ha equiparado con “la muerte de un hijo” y la “eliminación de un ser humano”, además de referirse en repetidas ocasiones a las clínicas como “centros de exterminio”. La diputada Lourdes Méndez ha anunciado que su grupo recurrirá la reforma al Tribunal Constitucional porque “atenta contra libertades” y “vulnera los derechos fundamentales” de quienes se sitúan a las puertas de las clínicas.
El discurso de que “ayudan” a las mujeres
Ambas formaciones han rebajado además la actividad que realizan estos grupos. “Confío en el estado de derecho y en que nadie sea privado de su libertad por repartir un folleto en la calle”, ha concluido la popular Teresa Angulo. Méndez ha asegurado que estas personas “dan consuelo y humanidad a las mujeres destrozadas tras un aborto” y que la mayoría de ellas “van presionadas, engañadas y con un estado emocional que les impide discernir”, por lo que encontrarse con estos grupos les dará información sobre “las consecuencias” de que “le arrebaten al niño que lleva en sus entrañas”.
La realidad es que estos grupos, con mayor o menor intensidad, no solo rezan a escasos metros de las clínicas, también llegan a exponer pancartas antiaborto, increparles, darles fetos de juguete o abordarlas con folletos cargados de información falsa y sesgada. En Madrid, una ambulancia a las puertas de la clínica Dator ofrece ecografías para intentar que las mujeres que ya han tomado su decisión “puedan saber que su hijo está vivo, que su corazón late” y no aborten. Cuando consiguen que alguna dé la vuelta y no entre al centro, es cuando aseguran que han “salvado una vida”.
Un amplio consenso
A pesar de la férrea oposición de las derechas, la iniciativa ha contado con los apoyos de la mayoría de la cámara, que han destacado el paso adelante que supone la iniciativa para garantizar que las mujeres que ya han tomado la decisión de abortar puedan hacerlo con libertad. Así lo ha esgrimido el portavoz de PNV, Mikel Legarda, que ha diferenciado entre “la libertad de expresión” y la actividad que pretende “intimidar, dificultar y señalar públicamente a personas que quieren ejercer sus derechos reconocidos, limitando su capacidad de obrar llenándolas de una sensación de temor, intranquilidad o angustia para cambiar su conducta”.
En este mismo sentido se ha expresado Laura Berja, del PSOE, impulsor de la iniciativa, que ha destacado su aprobación como “un éxito de todo el Parlamento y una batalla contra la ultraderecha”. La reforma, que va a contar con un amplio consenso, “deja claro que los derechos de las mujeres son innegociables” y que deben poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo “tranquilas y en libertad”.
“No se me ocurre nada más contrario a la libertad religiosa que usar el rezo para estrechar la libertad de otras personas. El rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar”, ha continuado Martina Velarde, diputada de Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Comú. Sara Giménez, de Ciudadanos, ha alertado de los discursos “que nos quieren hacer retroceder” y “especialmente cuando hablamos de los derechos de las mujeres”, mientras que la diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha afeado a las derechas su intento de “imponer su visión sobre el mundo”.
La reforma continuará su camino hacia el Senado, donde este jueves se han reunido a instancias de Vox varios miembros destacados del lobby ultracatólico, entre ellos el exministro popular Jaime Mayor Oreja o el psiquiatra Jesús Poveda, promotor de los llamados “rescatadores”, habituales en las puertas de las clínicas.