El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado cuantificar y valorar los bienes embargados al expresidente madrileño Ignacio González para determinar qué parte de su sueldo es necesaria para hacer frente a sus posibles responsabilidades pecuniarias en el marco del 'caso Lezo', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el pasado mes de octubre el embargo el salario que percibe González en su condición de funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ya que con los bienes embargados no se cubriría el montante. Fuentes jurídicas confirmaron a Efe esta petición de la Fiscalía que ha adelantado la Cadena Ser.
La fiscal a cargo del caso, Ana Cuenca, cursó esta petición ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde se investiga a González por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en el marco de la gestión del Canal de Isabel II.
Las fuentes consultadas han explicado que quizá no sea necesario embargar la totalidad del sueldo a González, sino sólo la parte proporcional de lo que quede por cubrir una vez conocido el valor de sus bienes. De ahí que el juzgado haya acordado un estudio de los mismos y así saber cuánto porcentaje del salario se le debe retirar.
El expresidente, que ingresó en prisión provisional en abril de 2017 y salió en libertad bajo fianza de 400.000 euros 201 días después, ya tiene la práctica totalidad de sus bienes bajo embargo por orden del juzgado, no así el salario que percibe del Consistorio madrileño.
González se reincorporó a principios de noviembre a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid 22 años después. El puesto que se le designó es el de consejero técnico de la Subdirección de Apoyo Jurídico, Incompatibilidades y Régimen Disciplinario. El expresidente madrileño recibe una retribución anual de unos 54.000 euros que corresponde a la categoría 28 del puesto al que está destinado.
El pasado 19 de octubre el Ayuntamiento de Madrid dio el visto bueno a su reingreso como consejero técnico “dentro del margen que establece la ley”, según informaron entonces fuentes municipales. Al recibir la solicitud de reingreso, el 24 de julio, el Gobierno de Manuela Carmena remitió un oficio al Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid para descartar “algún tipo de inconveniente a su reingreso”.
Así, el 17 de septiembre el juzgado indicó en una providencia que no se había adoptado “ninguna medida cautelar” que “inhabilite o suspenda” a Ignacio González “para el ejercicio de la función pública”. Tras recibir esa comunicación el trámite “siguió el curso establecido y habitual” hasta que el pasado viernes se firmó la resolución para su reingreso.