La polémica de los apartamentos de Ayuso sacude la política madrileña y agrava la bronca entre PP y Ciudadanos

PP y Ciudadanos comparten el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un clima de absoluta desconfianza y las tensiones soterradas de los primeros meses se han convertido ya en desavenencias públicas imposibles de disimular. El proceso sobre si solicitar o no el paso a la fase 1 de la desescalada derivó la semana pasada en un choque total que ha obligado a una reestructuración completa de la Consejería de Sanidad y cuando todavía no se ha cerrado ese cisma, arrecia otro por la polémica sobre los apartamentos de lujo en los que Isabel Díaz Ayuso pasa la cuarentena a precio de ganga. El caso se ha cobrado ya otra víctima: un alto cargo de una consejería dirigida por Ciudadanos.

Para agravar aún más las diferencias entre ambos, este sábado Ignacio Aguado ha marcado distancias con esa estrategia política de Ayuso después de que el Gobierno haya denegado de nuevo el pase a la siguiente fase. “Cualquier choque entre administraciones perjudica y yo no soy partidario de confrontar con el Gobierno de España. Soy partidario de intentar defender los intereses de Madrid y que haya coordinación y colaboración entre administraciones”, ha dicho el vicepresidente de la Comunidad en una entrevista en El Confidencial, el mismo día que la presidenta ha comparecido en rueda de prensa para acusar al Gobierno central de tratar de provocar “la ruina” de Madrid“.

Además de la disparidad de estrategias, el último gran choque ha venido por el polémico alojamiento de Ayuso durante la cuarentena. La presidenta madrileña lleva dos meses confinada en un espacio que supera los 400 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, en el barrio de Ópera, con vistas al Palacio Real. Dos apartamentos de lujo en un establecimiento de la cadena Room Mate con varias terrazas, servicio de limpieza y párking por los que solo paga 80 euros al día. Su casero es Kike Sarasola, un empresario hotelero con varios establecimientos en la capital y muchos lazos con la política. Ella dice que se aisló ahí tras su positivo en coronavirus el 16 de marzo; él, que empezaron a acondicionar su estancia antes incluso de que el Gobierno decretara el estado de alarma el día 14 y por supuesto de que la presidenta se contagiara.

Cuando Vanity Fair reveló el privilegiado hospedaje del que disfruta Díaz Ayuso, se colgó en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid un supuesto contrato a la empresa de Sarasola por 565.000 para acondicionar uno de sus hoteles y que acogiera a ancianos procedentes de residencias de la región. La licitación partía de la Consejería de Políticas Sociales y Familias, al frente de la que está Alberto Reyero, de Ciudadanos.

Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, fue el primero en responder públicamente sobre el asunto tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno el pasado miércoles. “Donde vive o deja de vivir la presidenta es un asunto personal, hay que respetar la vida privada de las personas”, fue el mantra contra el que rebotaron todas las preguntas de los periodistas sobre el tema. Solo a veces añadía un “tendrá que ser ella la que dé explicaciones”.

Esa invitación a que se defendiese ella misma se ha materializado este jueves en el pleno de la Asamblea. “Cualquier otro presidente autonómico en mi situación hubiera hecho algo similar, que es dejar su propiedad para estar confinado en otro sitio”, ha dicho Díaz Ayuso, que no ha aclarado por qué sigue viviendo allí a pesar de tener el alta médica.

Pero la presidenta ha añadido a su defensa un dardo envenenado a sus socios de Gobierno: “Lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas y por supuesto, para ello abriré una investigación interna en la Comunidad de Madrid”. Es decir, ha solventado la polémica con el anuncio de una investigación por algo ocurrido en una consejería de Ciudadanos.

Solo unas horas después de que les señalara, el partido de Aguado movía ficha. El consejero Alberto Reyero ha destituido al secretario general técnico de su consejería, Miguel Ángel Jiménez, a quien considera “máximo responsable” de la publicación por error del contrato con Sarasola que, según ellos, nunca se llegó a formalizar. Alguien subió los datos al Portal de Transparencia porque se confundió con la documentación, argumentan. El entorno de Ayuso dice que aún no es efectiva porque tiene que pasar por consejo de Gobierno.

Las insinuaciones de la presidenta madrileña a raíz de la polémica sobre los apartamentos en los que reside han estallado en el peor momento de la relación entre PP y Ciudadanos. Aguado insistía el miércoles en que se trata de un Gobierno “muy unido, sólido, más que el Gobierno de España”. El énfasis del vicepresidente difícilmente servirá para disimular la profunda crisis en la que está instalado ese Ejecutivo.

Las tensiones que han vivido desde el principio se acrecentaron tras el estallido de la pandemia y llegaron a su punto álgido la semana pasada, cuando el Gobierno de Madrid debía decidir si solicitaba al Gobierno el pase a la fase 1 de la desescalada. El cruce público de declaraciones entre Ayuso y Aguado se trasladó a un choque entre ambos en una reunión privada.

Se impuso Aguado, pero su victoria provocó que se abriese una grieta enorme entre ambos partidos. El PP no escondió que la formas del vicepresidente y su gestión no habían gustado nada: le acusaron de precipitar una decisión que se produjo en contra del criterio de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que presentó su dimisión. El Gobierno denegó a Madrid el salto de fase.

Fue el penúltimo capítulo de una serie de desencuentros en la lucha contra el coronavirus que, como ahora, también han tenido al consejero Alberto Reyero como uno de los protagonistas. Bajo su cartera pende la gestión de las residencias de mayores, uno de los mayores focos de contagios y víctimas en la región, hasta el punto de que están bajo la lupa de la Justicia.

Ayuso le quitó esas competencias al finales de marzo y las transfirió a una consejería que controla el PP. Vox habló directamente de “gerontocidio” y reclamó su cabeza, pero Aguado intervino para decir que, según el acuerdo que habían firmado con el PP, Ayuso no podía cesar a sus consejeros. Desde el entorno de la presidenta se desliza que, si fuera del PP, Reyero hace tiempo que sería historia en el Gobierno madrileño. El consejero de momento mantiene su puesto pero su situación se ha complicado mucho ahora que la presidenta se dedica a airear públicamente las sospechas sobre que su departamento puede estar haciéndole la cama.

De hecho, Ayuso ha insistido en la rueda de prensa de este sábado en que lo ocurrido es muy grave. “En la Comunidad de Madrid ha sucedido un hecho gravísimo” ha dicho, antes de recalcar que investigará “por qué se ha subido un contrato inexistente y que una vez unos periodistas se han hecho con él lo han descolgado, dañando la imagen de un empresario y dañando mi imagen”.

El estado de tensión en el Gobierno regional es tal que los líderes de ambos partidos se han visto obligados a insistir en la solidez de sus pactos. Pablo Casado e Inés Arrimadas se reunieron este viernes y tras el encuentro, ambos coincidieron en resaltar resaltar la estabilidad de sus pactos territoriales

Díaz Ayuso no ha aclarado cómo será esa investigación, con la que trata de sacudirse la polémica sobre los apartamentos de lujo en los que está pasando la cuarentena a precio de amigo. La presidenta que intenta gestionar la crisis desde el epicentro de la pandemia y con la cifra más alta de víctimas en toda España vive su peor momento político desde que comenzó la crisis del coronavirus. Según Metroscopia, una mayoría de madrileños desaprueba su gestión y un 77% está en contra de que la región insista en que debe avanzar en la desescalada, una petición que ha repetido esta semana y que este viernes volvió a ser denegada por el Ministerio de Sanidad.