“De nuestras casas no nos vamos, tendrán que llevarnos por delante porque nosotros las hemos arreglado y aquí nos quedamos”. Así de convencida se ha mostrado Pepi, una de de las inquilinas del edificio de Argumosa 11, a la que, tras 20 años viviendo en el inmueble, los nuevos propietarios le comunicaron que no le renovarían el contrato y a su vencimiento, el 1 de abril, debía abandonar la casa. Desde entonces dejó de pagar el alquiler y el próximo lunes se enfrenta a un desahucio judicial por impago de renta.
Es el primero de los tres lanzamientos que ya tienen fecha y hora señalada: el próximo lunes a las 11 de la mañana. Los dos siguientes están previstos para el 4 y 18 de julio. En total, son cuatro familias –en una de las viviendas conviven dos– , una de ellas con dos niños de 7 y 8 años, más otro en camino, y otra de ellas con una joven con discapacidad a su cargo. “No tenemos donde ir y aquí es donde hemos vivido siempre”, ha explicado Rosi, otra de las vecinas, cuyo desahucio está previsto en tres semanas.
A finales del año pasado, cerca de una veintena de inquilinos, varios con casi dos décadas viviendo en el inmueble situado en el madrileño barrio de Lavapiés, recibieron cartas de no renovación de sus contratos. En noviembre, llamaron a sus puertas dos representantes de la nueva propiedad ofreciendo a los inquilinos 2.000 euros si dejaban el piso vacío en dos meses. Según explican los vecinos, solo se fue uno. Tres más tuvieron que dejar sus casas a principios de este año al finalizar sus contratos. Una cuarta se ha marchado esta semana. Cada vez que una casa se queda vacía un equipo de albañiles la tapia con ladrillo. Ya hay cuatro viviendas tapiadas. “La última fue ayer”, explica Teresa Sarmiento, otra de las vecinas a la que no la han renovado el contrato.
Apoyo de los colectivos
Algunos de los vecinos afectados, asesorados por asociaciones y colectivos, dejaron de pagar la renta cuando recibieron las cartas de no renovación, pero mantienen reservado el dinero. También han recibido el apoyo de entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el colectivo vecinal Lavapiés ¿dónde vas? y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid y el edificio se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la expulsión de los vecinos del centro de la ciudad porque a la mayoría de los que no les han renovado el contrato han decidido permanecer en sus casas.
Una veintena de miembros de estos colectivos han acompañado a las vecinas con lanzamientos señalados mientras explicaban a la prensa cuál era la situación. “Nunca han querido negociar con nosotros”, ha señalado Rosi. Desde Inversión en Proindivisos SL, propietaria de la tercera parte del inmueble y empresa que firmaba las cartas de no renovación, acusan a varios de los vecinos contra los que ha iniciado procesos de desahucio de “asaltar sistemáticamente” el cuadro común de la luz y conectar sus instalaciones, algo que siempre han negado lo inquilinos. “¿Cómo vamos a negociar con quien nos está robando la electricidad?”, afirman desde el despacho de abogados que representa a la empresa.
La semana pasada, no obstante, el concejal de Centro, Jorge García Castaño, mantuvo una primera reunión con la empresa para tratar de mediar y que los vecinos finalmente no tengan que abandonar sus casas. Ambas partes se muestran abiertas a seguir hablando y en los próximos días habrá un nuevo encuentro para ir estudiando “caso por caso”, según explican fuentes municipales.
Al finalizar la rueda de prensa, colectivos y vecinos han mantenido una reunión para organizarse para el lunes. Unos permanecerán con Pepi y sus hijas en su casa, otros se repartirán por el edificio y otros tantos esperarán a la comisión judicial junto al portal. El único objetivo será conseguir que la familia no tenga que abandonar su vivienda.