Isabel Díaz Ayuso tomó una decisión el 10 de marzo cuando su Gobierno fue consciente de la gravedad de la expansión del coronavirus en la Comunidad de Madrid: llamar a Antonio Burgueño, viejo conocido del consejero de Hacienda Javier Fernández Lasquetty en su etapa al frente de Sanidad, para que prestara servicios de asesoramiento sobre cómo afrontar la pandemia. La reunión se produjo ese mismo día en la Puerta del Sol y en ella acudieron la presidenta madrileña, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Lasquetty, ahora al frente de Hacienda. Los asistentes pidieron a Burgueño un plan de actuación, y al día siguiente –en apenas 24 horas– este médico de profesión entregó un documento con 270 medidas, que Ayuso asumió en su totalidad y presentó el 12 de marzo a la opinión pública.
Los hechos los ha relatado este viernes el propio Burgueño durante la comisión de investigación de respecto a lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia en la que fallecieron más de 8.000 ancianos en estos centros en la región. Ese plan incluía unas 15 medidas para los geriátricos, entre las que se encontraba la medicalización de los mismos. Esa medicalización nunca se produjo: “No se dio la orden”, ha asegurado Burgueño, que ha calificado de “lamentable” que fallezca una persona “sin que lo haya visto un médico”. “Todos los días debería ir un enfermero y dependiendo lo que le digan estos que vayan o no a los centros. Hay que mantener un enfermo con flujo de oxígeno constante y con otras medidas”, ha insistido.
Aquella reunión del 10 de marzo no contó con la presencia del que entonces era consejero de Políticas Sociales, ni se reunió en ninguna ocasión con Alberto Reyero, ha reconocido Burgueño pese a que las residencias –cuyas competencias recaían en Reyero– estuvieron entre los centros en los que actuar. El compareciente ha aclarado que solo asesoró al Gobierno regional del 11 de marzo hasta el 14 o 15 de marzo. “Solo era una persona que daba una opinión fundada”, ha asegurado, pero que no fue contratado ni ha cobrado nada por ese asesoramiento.
Burgueño considera que su recomendación de medicalizar las residencias que incluía la contratación de 250 médicos nunca se produjo. Según ha indicado, el Gobierno regional puso en marcha un 70% de las medidas, entre la que se encontraba la de abrir más espacios UCIs, pese a que todas las medidas del plan fueron presentadas en la prensa y que Ayuso aseguró el 17 de marzo que las residencias ya estaban medicalizadas.
El compareciente ha asegurado que creó un grupo de expertos y contactó con 13 o 14 especialistas en distintas áreas –medicina interna, cuidados intensivos, epidemiología, etcétera– y que dichos médicos se presentaron a la presidenta el día 14 o 15 de marzo. “Yo llamé al jefe de servicio de geriatría del Marañón, que al día siguiente contrajo el Covid y fue sustituido por una geriatra que él nombró, que propuso algunas cuestiones. En esa mesa había dos representantes de Atención Primaria y se oyeron las medidas que yo he previsto tanto en residencias como en domicilios”, ha asegurado. Medidas que nunca llegaron.
Operación Bicho
Burgueño se ha referido también a la 'Operación Bicho', que llevó a cabo su hija Encarnación Burgueño al ser llamada y contratada por la Consejería de Sanidad. Encarnación Burgueño relató en la misma comisión que la gestión de las residencias que la Consejería la autorizó con la firma de un papel a operar en los geriátricos aunque nunca formalizó el contrato y no ha cobrado.
Antonio Burgueño ha manifestado que con tres o cuatro médicos con los que contaba su hija a través de la empresa Transamed “ni de broma” podían atender a una población de 50.000 ancianos residentes que hay en la región y que sus medios eran “para nada suficientes” ni adecuados. “Solo serían suficientes para 12 o 15 residencias, pero nada más. Se necesita un ejército de 250 profesionales para medicalizar las residencias”, ha insistido. “Como mucho podía ir y hacer un trabajo de documentación”, ha asegurado.
“Yo no tuve implicación alguna (en esa operación). Solo llamé a mi hija para decirle la importante responsabilidad que tenía y que sus medios no eran suficientes. Sus medios se podrían haber multiplicado por 100. Yo no intervine para nada. Mi hija ha trabajado en residencias, en auxiliar de enfermería y tiene un proyecto para llevar a gente de residencias a hospitales, y se lo ofrecería en su día a Madrid. Dudo mucho que ese contrato fuera para medicalizar residencias. Mi hija contaba con tres o cuatro médicos. ¿Medicalizar con esos médicos?”, se ha preguntado.
La alcaldesa de Alcorcón
La siguiente compareciente tras Burgueño ha sido la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, que llevó a los tribunales a la Comunidad de Madrid por no medicalizar las residencias. La regidora ha denunciado este viernes que los usuarios de los geriátricos de su municipio en los peores momentos de la pandemia sufrieron el “abandono y completa inacción” del Gobierno de Ayuso. De Andrés ha explicado que escribieron numerosas cartas a la Consejería de Sanidad y ella misma llamó repetidamente por teléfono a la presidenta regional y al consejero pero “nunca tuvieron respuesta”. Solo recibió una llamada del cesado director de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, que le dijo que “no se preocupara, porque estaban en ello”.
“Alguien tomó la decisión de dejar a los mayores sin atención sanitaria con el Covid. A muchos mayores con patologías se les estaba condenando a la muerte. Yo lo que sé que es que hubo una instrucción de Coordinación Sociosanitaria para que no se llevara a los mayores a los centros sanitarios. En esta comisión estuvo aquí una directora de residencia de Alcorcón que mandó una carta pidiendo a los familiares que sacaran a los ancianos de las residentes y les llevaran a los hospitales, incluso contrataron ambulancias privadas”, ha revelado.