La llegada previsiblemente de más de 1.000 nuevas familias al barrio de Arganzuela, una vez que se haya ejecutado la operación “Nuevo Mahou-Calderón”, preocupa a los colectivos vecinales.
Estas asociaciones piden al Ayuntamiento que estudie de forma más detallada si la zona en la que se van a construir los nuevos edificios cuenta con recursos públicos, como centros escolares o una buena cobertura de transporte comunitario, para dar servicio a todos los futuros residentes. Asimismo denuncian que en el planeamiento urbanístico diseñado por el equipo municipal no se está apostando por una movilidad alternativa al coche.
Así lo reseñan desde la Asociación de Vecinos Pasillo Verde-Imperial y las AMPA del CEIP Tomás Bretón y del IES Gran Capitán. Estos colectivos presentaron el pasado 3 de mayo ante la Junta de distrito unas alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Desde el Consistorio confirman a esta redacción que “están estudiando” este documento y que la mayor parte de las peticiones son relativas a la movilidad.
Medidas centradas en el coche
“El estudio de transporte y movilidad, parece ignorar la necesidad de reducir al mínimo la incidencia del tráfico rodado privado”, apuntan en estas alegaciones, a las que ha accedido eldiario.es. Estos colectivos consideran que la cobertura actual de la red de transporte público en la zona “es totalmente insuficiente”. Y lamentan que en los informes aportados por el Consistorio no se tenga en cuenta que BiciMAD, el servicio municipal de bicicletas, “tiene abandonados a los vecinos” porque solo existen “cuatro estaciones” en el distrito de Arganzuela.
Las críticas sobre la escasez de alternativas al coche se repiten en la redacción del texto. Se muestran sorprendidos porque, según aseguran, en la modificación del PGOU solo se contempla la creación de plazas de aparcamientos para coches. Por lo tanto, exponen que así se obvia al resto de modalidades de transporte y que esta actuación es “una clara llamada a comprar un segundo (o tercer) coche”.
Por eso entre las propuestas que aportan, recogen la necesidad de reforzar el transporte público, los aparcamientos para motos y bicicletas, así como las vías peatonales y ciclistas. En estas alegaciones solicitan que se realice un “estudio riguroso” para valorar la puesta en marcha de nuevas líneas de EMT. Entre las peticiones, también reseñan la necesidad de construir un “paso peatonal para cruzar el río Manzanares en el tramo de la M-30 que se va a cubrir”.
En este documento aseguran que el borrador municipal sobre este proyecto “adolece de defectos y carencias” porque viola algunos principios legislativos contemplados en la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, destacan que no se ha respetado “el uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas, públicas y privadas”. También inciden en que no se ha diseñado una configuración y organización espacial sostenible que proporcione “el medioambiente urbano y rural más adecuado”.
Desde el Ayuntamiento al anunciar la aprobación de este nuevo plan recordaron que “se ha elaborado a partir del consenso con diversas entidades sociales y asociaciones vecinales de la zona”. Sin embargo, los firmantes del documento son críticos con este proceso participativo, aseguran que se les ha facilitado una “información muy limitada”. “Cuando hemos querido saber cuántas viviendas se van a construir, no nos han facilitado los datos hasta que no se ha aprobado la modificación puntual”, afirma Maite Gómez, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde-Imperial.
Más zonas verdes y vivienda pública
El Gobierno de Ahora Madrid ha querido distanciarse del proyecto urbanístico diseñado por el Ejecutivo de Ana Botella, por eso destacan que esta nueva Operación contará con más zonas verdes, un 10% de vivienda con algún régimen de protección pública y se han sustituido las torres “por un modelo de ciudad compacta en manzana cerrada con alturas medias”.
Estos colectivos cuestionan que el Gobierno municipal utilice el espacio urbanizable para construir viviendas y no lo destine a crear “nuevas dotaciones públicas” o mejorar y ampliar las “ya existentes”. “Las dotaciones escolares actuales son insuficientes y están claramente por debajo de los estándares establecidos”, inciden en este escrito.
En él también reseñan que el déficit de plazas “se verá inevitablemente agravado con la presencia de 1.300 nuevas familias residiendo en el barrio”. “Cuando los niños pasan del colegio a secundaria no hay plazas para todos los alumnos en el instituto de la zona y muchos de ellos se tienen que ir al centro de Madrid”, asegura Gómez. “Nuestra competencia es el suelo, no podemos entrar en las ratios de escolarización”, replican desde el departamento municipal de urbanismo.
Por otro lado, aunque estos colectivos tienen en cuenta que se han cedido varias parcelas a los dos centros de la zona, critican que una de ellas se realice “a costa de invadir amplias zonas verdes” y no se destine a ese fin terreno concebido para la construcción. Los padres se muestran preocupados porque este nuevo emplazamiento, que se destinará a actividades deportivas, no se encuentra dentro del terreno del IES Gran Capitán y aseguran que para acceder a él los estudiantes tendrán que cruzar uno de los accesos principales de la M30 Norte.
Acceso escolar seguro
Por lo tanto, amparándose en la seguridad de los alumnos, estos colectivos solicitan que el Gobierno municipal se comprometa a crear “un paso seguro” en la modificación puntual del PGOU y para ello proponen la peatonalización con ajardinamiento de esta vía. En estas alegaciones también reclaman soluciones para la “contaminación acústica” y la “congestión de tráfico” que hay a la entrada del colegio Tomás Bretón, “un centro de referencia para alumnado con discapacidad motórica”.
Gómez asegura que han contado con la asistencia de docentes de la Escuela de Arquitectos de Madrid para concluir que en el planeamiento municipal se ha realizado un “reparto inadecuado de la edificabilidad” porque “en lugar de compensar el desnivel del terreno” aseguran que “lo acentúan”. Según exponen, en las cotas más bajas se prevé construir los edificios con menos pisos y en las más elevadas se edificarán los que cuentan con mayor altura. Por lo tanto, los colectivos vecinales proponen invertir las alturas, así se evitaría “privar del sol, que ahora disfrutan, a los vecinos que ya viven en los pares del paseo de los Pontones y los impares del paseo Imperial”.
Además, en este documento inciden en que “sigue pendiente de elaboración el cálculo sobre cómo afectarán las nuevas alturas a los inmuebles de alrededor, esto es, los que ya no se pueden modificar”. Ecologistas en Acción que llevó a los tribunales los planeamientos anteriores, en esta ocasión no presentará alegaciones. “Aunque no meteríamos viviendas ahí, entendemos que han contado con aportaciones vecinales y que las modificaciones incluidas mejoran el proyecto original”, asegura la portavoz de la organización, María Ángeles Nieto.