- La concejala Marta Higueras señala que se modificará el Plan de Ajuste aprobado en 2012 por Ana Botella que hace primar el proyecto económico en las contrataciones
El Ayuntamiento de Madrid pretende devolver la gestión de las escuelas infantiles públicas a las cooperativas de educadores sin ánimo de lucro. Es decir, volver al escenario previo al Plan de Ajuste de 2012, que introdujo en los pliegos de concesiones un sistema de subasta a la baja que prioriza el criterio económico sobre el pedagógico. Este cambio, sumado a otros decretos previos, han transformado por completo -y a modo de laboratorio- la fisionomía de la red sostenida por fondos públicos en la capital.
“Nos hemos encontrado que la mayoría de las escuelas de gestión indirecta están dirigadas por empresas no especializadas en educación infantil. Evidentemente, las cooperativas de educadoras no pueden competir en precios con estos grandes conglomerados”, afirma Marta Higueras, concejala del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a eldiario.es
De las 56 escuelas infantiles públicas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Madrid, solo dos están gestionadas de forma directa. Una situación que, sin embargo, el nuevo gobierno de Ahora Madrid no quiere revertir por el momento, sino transformar. “Se trata de regresar al menos, si no mejorar, la etapa previa al cambio en los pliegos. Se dieron experiencias muy buenas, con familias muy satisfechas con el servicio”, asegura.
Para conseguirlo, la Junta de Gobierno ha aprobado hace dos semanas un borrador que modifica el Plan de Ajuste de 2012, cuya puesta en marcha supuso un cambio en los procedimientos de contratación para que se valorara de “forma sustancial la mejor oferta económica” y “maximizar la competencia en las licitaciones”. Las dos máximas que dirigen la modificación son, según adelanta Marta Higueras, la primacía del proyecto pedagógico y la incorporación de unas cláusulas sociales que garanticen que el precio de licitación no provoca precariedad laboral en los trabajadores y trabajadoras.
El año pasado el Ayuntamiento de Madrid, entonces dirigido por Ana Botella, sacó a subasta ocho escuelas infantiles. En tres de ellas, que pasaron de manos de grupos de maestras sin ánimo de lucro a empresas no especialistas, los niños y las niñas se encontraron en septiembre aulas vacías, sin juguetes y sin tronas. Varias familias, como la de Carlos y Miriam, decidieron desmatricular a su hijo. Otras ni siquiera pudieron aceptar la plaza en ninguna escuela municipal o autonómica por no poder asumir su alto coste económico.
Subida de precios
En el 2012-2013, las tarifas mensuales de los centros públicos en Madrid aumentaron más de un 100%. Desde entonces hasta el año pasado, 20.000 niños y niñas fueron expulsados de la red pública, a los que habría que sumar los que han quedado fuera este curso. “Conocemos de primera mano que muchas familias han renunciado una vez concedida la plaza. El resultado es que en algunas escuelas hay plazas vacantes cuando antes encontrábamos largas listas de espera”, explica Higueras.
Las tasas las establece anualmente la Comunidad de Madrid. Los ayuntamientos no tienen competencias para modificarlas, aunque sí pueden bonificarlas o conceder ayudas que neutralicen las subidas. Es lo que promete Ahora Madrid a partir del mes de enero. “Vamos a romper con la lectura interesada de que no hay demanda. Queremos que sea accesible para todas las familias que lo necesiten y deseen. La deriva de todas las medidas del PP es el desmantelamiento de lo público”, denuncia Higueras en conversación telefónica con eldiario.es.
Como ejemplo de esas medidas, destaca los cheques guardería, unas ayudas mensuales de entre 100 y 160 euros según renta que se conceden a las familias que matriculan a sus hijos e hijas en guarderías privadas. Con la subvención, los precios públicos y privados quedan muy ajustados. En algunas ocasiones, incluso, la segunda opción resulta más económica y dispone de más flexibilidad horaria.
Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid niegan la caída de la demanda de plazas públicas y aseguran que el nivel de ocupación “se mantiene estable desde hace 10 años”. En poblaciones como la capital, apuntan, asciende al 95%, cinco puntos por encima de la media regional, según los datos que manejan.