El Ayuntamiento de Madrid recorta 468 plazas que subvencionaba en escuelas infantiles privadas en un curso crucial

Madrid afronta el curso que viene, un momento crucial que obligará a reorganizar los espacios y reducir las ratios para mantener la distancia de seguridad, con 468 plazas públicas menos en las guarderías de la ciudad. El pasado miércoles empezaba el periodo de admisión y las familias que pelean por una de las escasas vacantes contarán este año con menos posibilidades porque el Consistorio, dirigido por PP y Ciudadanos, ha dado por finalizados unos acuerdos con guarderías privadas que permitían concertar un cupo de plazas (30%) que funcionaban, a efectos, como públicas. Estos convenios, que aumentaban un 10% la oferta, llevaban tiempo tambaleándose y ya se habían reducido en el mandato anterior. Hay 33 centros afectados y algunos ya han anunciado su cierre al perder las subvenciones en este momento incierto, lo que reduce aún más las plazas disponibles en la ciudad.

“El argumento es que el convenio que firmamos roza la ilegalidad pero pedimos una alternativa. Tenemos el 70% de las plazas privadas. Lo que reivindicamos es que no desaparezcan estas, para la gente con menor poder adquisitivo”, explica Victoria Otero, directora de una de estas escuelas, Las Nubes 2. El Ayuntamiento solo se ha comprometido a sostener las plazas, 288 en total, a los niños y niñas que ya están dentro del centro hasta que acaben la etapa educativa. Así que algunas guarderías mantendrán este próximo curso un porcentaje mínimo de bebés con subvención para no dejarlos tirados en mitad del ciclo.

Fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social confirman que los convenios “están venciendo ahora” y “no se pueden renovar por una cuestión legal”. “El régimen jurídico se estableció cuando las escuelas infantiles estaban integradas en la Comunidad de Madrid”, explican estas fuentes, que aseguran que la voluntad del Consistorio es “retomar” los acuerdos en el curso 2021-2022. “Lo antes posible”, remachan, conscientes de que el recorte afecta mucho a una ciudad donde es muy complicado conseguir una plaza pública en una guardería.

Este año se han ofertado 7.965. A ellas hay que sumar 288 subvencionadas en centros privados, correspondientes a los niños que ya estaban en las escuelas, que sí continuarán. En el curso presente, este cupo extra ascendía a 752 plazas. El área de Familias insiste en su “compromiso con la educación infantil” y recuerda que este curso por primera vez se ponen en marcha las becas del Ayuntamiento, de entre 100 y 200 euros al mes, para las familias que no pueden acceder a una plaza pública. Hay 2.100 solicitudes pendientes de resolver, según datos municipales. También está planificada la apertura de dos nuevas guarderías de la red municipal con 103 y 66 vacantes, respectivamente. Una suma de plazas que no cubre, de momento, las concertadas eliminadas.

La reducción de plazas se consuma en un curso exigido por las nuevas distancias de seguridad, dos metros como mínimo entre niños. Las instrucciones de la Consejería de Educación para la vuelta a las aulas, publicadas este miércoles, establecen una reducción al 50% de las ratios para las clases de 0 a 3. Esta etapa es la primera que va a reactivarse en la desescalada: Educación prevé que los bebés con familias obligadas a trabajar fuera de casa puedan regresar en la fase III.

El fin de los conciertos pone especialmente en jaque a las guarderías privadas más pequeñas con pocos empleados y facturación limitada. “La pérdida del convenio nos ha puesto a 33 escuelas infantiles en una situación de vulnerabilidad muy grande porque perdemos el 30% de nuestras plazas en un momento de excepcionalidad y con un futuro muy incierto”, dice una carta enviada por un centro a las familias. La escuela infantil cierra el próximo curso con la sensación de “abandono institucional” y “desprotección” del sector.

Convenios antiguos

Los convenios se originaron hace 18 años ante la apremiante necesidad de puestos escolares. El Ayuntamiento entonces se comprometió a pagar el 30% del coste de la obra para construir la escuela a cambio de que el 30% de las plazas de esas guarderías estuvieran concertadas durante una década. Funcionan exactamente con la misma normativa: las familias solo paga el comedor y el horario ampliado. La tasa de escolarización es gratuita. Un precio total que está muy lejos de las cantidades que las familias tienen que abonar en plazas privadas. Hasta 500 euros al mes, más la matrícula y el material.

Cumplida la vigencia inicial de los convenios, se fueron prorrogando de forma más o menos regular año a año, siempre con incertidumbre sobre el futuro próximo. Hace tres años, la corporación de Manuela Carmena ya intentó rescindirlos pero finalmente solo eliminó las plazas de bebés (0-1), cuenta Otero, cuya escuela pasó de tener 19 plazas concertadas a 16. El curso que viene solo serán cuatro. La decisión de que se extinguían los convenios se comunicó junto a la orden de cerrar los centros por el estallido de la COVID-19 a mediados de marzo.

Las primeras en caer... y en volver

Las escuelas infantiles han sido el eslabón más débil durante la crisis. La mayor parte de la red pública está gestionada indirectamente por empresas o cooperativas. Con el cese de la actividad lectiva, la Comunidad de Madrid ordenó suspender estos contratos y la mayoría de educadoras entraron en Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE). El argumento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso era que las guarderías no pueden continuar teletrabajando si no están físicamente con los niños y niñas. Ahora, la Consejería de Educación ha rectificado e indemnizará a las empresas, que fueron las primeras en caer y, con la desescalada, también son las primeras exigidas para volver. La Comunidad de Madrid pretende reiniciar la actividad en las guarderías 0-3 en la fase III.

En el Ayuntamiento, las decisiones no fueron tan contundentes pero sí muy desiguales. Al menos 15 de las 68 escuelas de la red municipal, una de cada cinco, no pudieron continuar con la actividad desde casa, pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, prometió que el Gobierno iba a “arbitrar todos los medios para que los empleados de las empresas concesionarias no vean mermados sus derechos laborales ni retributivos”. El destino de cada guardería quedó en manos de los distritos, que arbitraron decisiones diferentes y que, en algunos casos, abocaron a las escuelas a suspender los contratos bajo la amenaza de que el interventor no aceptaría sus facturas.