Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid rechazaron hacer informes sobre el Open de Tenis

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se escudaron en la legislación para no hacer informes y no entrar en el fondo de cuestiones como “valoraciones económicas” o “el control de gastos y a la eficiencia de servicios” sobre el convenio firmado en 2011 entre la empresa municipal Madrid Destino y la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP) para la organización del Open de Tenis de Madrid.

Tanto la respuesta de los letrados municipales de noviembre de 2016 como otro escrito que no entra en el fondo de la cuestión, fechado en enero de 2017, a los que ha tenido acceso eldiario.es, pueden ser consultados al final de esta información.

La entonces consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, el concejal Carlos Sánchez Mato, como vicepresidente primero del consejo de administración de esta sociedad pública municipal, y la concejala Celia Mayer, como presidenta, denunciaron a la Fiscalía Anticorrupción dicho convenio por si constituyera un delito de “prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”.

El Ayuntamiento de Madrid se opuso a la denuncia mientras que la alcaldesa, Manuela Carmena, llegó a admitir que desconocía la demanda, pese a que varios miembros de su equipo de Gobierno sabían de las intenciones de los tres directivos. La denuncia ha sacado a la luz los enfrentamientos internos entre el coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, y los concejales de Hacienda y Políticas de Género y Diversidad Sánchez Mato y Mayer, respectivamente.

La negativa a hacer un informe por parte de la Asesoría Jurídica municipal provocó que los directivos de la empresa municipal pidieran al bufete Alemany, Escalona y Fuentes una auditoría del convenio del Open de Tenis. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid anunció que presentará una querella contra los concejales Sánchez Mato y  Mayer, así como contra Ana Varela, en su calidad de directivos de Madrid Destino, por “prevaricación” y “malversación de caudales públicos” en el encargo de informes externos para denunciar presuntas irregularidades. Fuentes municipales explicaron que la demanda, en caso de que la presenten, no tiene ninguna posibilidad de prosperar.

A las solicitudes de información que hace el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato sobre el convenio del Open de Tenis, en una respuesta del 26 de noviembre de 2016,  la asesoría jurídica del Consistorio madrileño responde que según el art. 28.5 de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid para que los letrados municipales “puedan asumir el asesoramiento jurídico de una sociedad mercantil local es necesario que exista el oportuno convenio, circunstancia que no ocurre entre el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino”.

En este escrito los letrados insisten en que “no es posible informar a Madrid Destino al tratarse de una empresa municipal con la que no existe convenio” pero además como son cuestiones relativas a “valoraciones económicas” y “al control de gastos y a la eficiencia de servicios” quedan fuera de los informes jurídicos, según el art. 57 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid.

En otro escrito con fecha 19 de enero de 2017, la asesoría jurídica se alarga algo más en un informe de cinco páginas donde responde sin entrar en el fondo del asunto, adornando las respuestas con profusa reglamentación y normativa. Cuando el concejal pide la remisión del expediente completo se le responde que “no se dispone del informe completo”. Cuando pregunta sobre la multiplicación del precio del ya pactado los letrados se escudan en que “como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, entendemos que se trata de circunstancias de naturaleza económica que no procede valorar a la Asesoría Jurídica”.

Sánchez Mato también  pregunta si es legal que el convenio suponga un 90% del presupuesto del Área de Deportes a lo que se contesta que “sería inadecuado dar una respuesta a la cuestión planteada” porque expresa razones subjetivas o la respuesta es de carácter político. El concejal también requiere saber “las causas y el proceso” por el que se abonan los derechos de sede a la empresa pero los letrados aseguran que “se desconocen las causas y el proceso a los que se hace referencia”, entre otras cuestiones.

Ante la pregunta de si “unos gastos de 50 millones de euros comprometidos por unos derechos de sede casan con los principios de estabilidad presupuestarios”, los abogados del Ayuntamiento responden que la Ley de Estabilidad Presupuestaria entró en vigor el 1 de mayo de 2012 y el convenio es de fecha anterior “sin que la norma predique su carácter retroactivo”. Además inciden en que dichas partidas han sido incluidas en los presupuestos de 2015 y 2016, con lo que “es de esperar” que si las partidas fueran ilegales lo habrían anunciado los responsables de control presupuestario.