El Ayuntamiento de Madrid va a llevar a los tribunales su pugna con el Ministerio de Hacienda por la regla de gasto. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este jueves en rueda de prensa el inicio de acciones por la vía contencioso-administrativa contra Hacienda por la resolución que obliga al Consistorio a inmovilizar 238 millones de euros tras incumplir la regla de gasto en 2016 y por su rechazo al Plan Económico Financiero.
Después de que la decisión se aprobase en la Junta de Gobierno, Sánchez Mato ha señalado ante los periodistas que también se ha solicitado “que se interpongan medidas cautelares que eviten que el Ayuntamiento se encuentre en una situación de indefensión” ante la “vulneración de derechos de la Corporación”. Es la primera vez que un Ayuntamiento lleva al Ministerio a los tribunales, según ha comunicado el edil, porque también es la primera vez que el Ministerio rechaza un Plan Económico.
Tras realizar un análisis “exhaustivo” de la legislación, el equipo de gobierno considera que puede haber una “incongruencia jurídica” en la interpretación de la regla de gasto y de Ley de Estabilidad Presupuestaria que realiza el Ejecutivo y que buscaría, según defienden, “torpedear las cuentas del Ayuntamiento”.
“Esto lo hacemos después de haber cumplido de forma escrupulosa la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que criticamos desde el punto de vista político, y esa interpretación de regla de gasto, lo que no es obstáculo para realizar su cumplimiento y, además, impugnarla”, ha asegurado. Mientras se resuelve el recurso, por tanto, el equipo municipal tiene intención de respetar la imposición del Ministerio que encabeza Montoro.
El Ayuntamiento, que ya anticipó el lunes que recurriría a la Justicia, siempre ha defendido que ofrecía “sobradas garantías de estabilidad y capacidad para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía”. Ahora Madrid se acoge para defenderlo a las cuentas municipales del año 2016: el Consistorio ha cerrado el año con 1.022 millones de euros de superávit y ha devuelto 923 millones de deuda, a los que se sumarían otros 255 millones de euros de deuda amortizados en el primer trimestre de 2017.
Hasta ahora, el Ayuntamiento ha recurrido a financiar la no disponibilidad de partidas como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), procedentes del remanente de tesorería. Este mismo miércoles el Pleno ha dado luz verde a tres acuerdos de no disponibilidad por un total de 104 millones de euros -por valor de 62,8 millones, 13,9 millones y 26,8 millones- en respuesta al primer requerimiento de Montoro.