Las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y los médicos de familia y pediatras en huelga se han encallado esta semana por la cerrazón del Gobierno regional a ampliar el presupuesto para la Atención Primaria. El comité de huelga se levantó este miércoles de la mesa de negociación tras corroborar que la propuesta de la Consejería de Sanidad para mejorar las condiciones de los profesionales no venía acompañada de una partida económica. En la memoria de muchos sanitarios están todas las promesas incumplidas por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y en esta ocasión, que han dado por fin un paso al frente y se sienten “fuertes”, piden garantías de que el plan va a cumplirse. Eso solo pasa, defienden, por ampliar la partida presupuestaria en las cuentas de 2023 que aún tienen que aprobarse.
La cerrazón del Ejecutivo regional a destinar más dinero a la Atención Primaria en los presupuestos contrasta con las declaraciones que Díaz Ayuso hizo públicamente este martes. La masiva manifestación del 13 de noviembre y las huelgas de los sanitarios – primero en las urgencias extrahospitalarias y ahora en la Atención Primaria–, forzaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid a comprometerse a mejorar las condiciones de los médicos tanto salarial como asistencialmente y a contratar a más profesionales. Era un cambio radical de discurso tras afirmar que “no hay médicos” y que Madrid tiene “la mejor sanidad del mundo”.
La dirigente madrileña se comprometía a que su Gobierno velará por mejorar las condiciones laborales y salariales de los sanitarios así como por retener a los médicos residentes. Reconocía por primera vez que ha existido una fuga de médicos que terminan su residencia en Madrid, que los sanitarios han operado en la región encadenando contratos temporales y precarios o que la sobrecarga asistencial es “inasumible” para cualquier profesional. De este modo, Ayuso prometió acabar con la precariedad, asegurar listas limitadas y mejorar las condiciones para que los residentes no emigren a otras comunidades u otros países.
Sus promesas sin embargo se han quedado en papel mojado porque la dirigente madrileña no tiene ninguna intención de ampliar la inversión sanitaria en los presupuestos que aún deben pasar el trámite parlamentario. Según trasladaron desde la Consejería de Sanidad el miércoles al comité de huelga, el presupuesto “está cerrado” y no puede haber un incremento adicional, a pesar de que aún pueden hacerse cambios en los mismos vía enmiendas.
Madrid, la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante
A finales de octubre, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, presentaba las cuentas regionales para 2023 tras aprobarse en Consejo de Gobierno –paso previo a que lleguen a la Asamblea regional– y presumió de haber elaborado un presupuesto con “un incremento del 11,4% respecto a 2022” en la partida sanitaria. 9.789,6 millones de euros en total, que tienen trampa si se bucea por la letra pequeña. A falta de que termine este ejercicio, en 2021 el gasto sanitario real en la región ascendió a 10.300 millones de euros, 511 millones más que lo presupuestado para el año que viene. La Atención Primaria se queda de nuevo con el 10% de la inversión sanitaria, muy por detrás del resto de comunidades autónomas y muy lejos de lo que pide la Organización Mundial de la Salud que recomienda que sea el 25%.
Además, la inversión estimada por la Comunidad de Madrid en Sanidad para 2023 supondrá el 38% total del gasto, el porcentaje presupuestado más bajo de los últimos años. De este modo, Sanidad vuelve a perder un año más peso en las cuentas madrileñas, una disminución que viene produciéndose desde 2015, cuando el gasto en sanidad ascendió al 45,16% de las cuentas. En 2016, cayó hasta el 44,13% y así sucesivamente. En 2019, año previo a la pandemia, el porcentaje se situó en el 42,52% del total y en los últimos, los de 2022 –Madrid estuvo dos años sin cuentas– este porcentaje disminuyó hasta el 38,1%.
Madrid es la comunidad más rica del país pero está a la cola de gasto por habitante en Sanidad, con 1.171 euros por persona. La media nacional se sitúa en 1.478 euros.
Estas cifras de gasto sanitario son “inaceptables” para los sanitarios. Y aunque el martes por la noche tras siete horas de reunión parecía que solo faltaban algunos flecos para cerrar un pacto que desconvocara la huelga indefinida que comenzaba el lunes, el miércoles tras la reunión con más de 400 sanitarios en huelga las expectativas fueron otras. Los médicos de familia y pediatras quieren más compromiso, más presupuesto, más profesionales (unos 1.250 de familia y otros 750 pediatras). En definitiva, más seguridad de que las promesas se van a cumplir de verdad.
“Hemos planteado a los afectados el punto en el que estábamos y para ellos no es suficiente. Les ha costado mucho decir ”basta ya“ pero ahora que lo han dicho no les basta con un parche o con creerse el siguiente acuerdo a incumplir. Necesitan que alguien les dé la seguridad de que esto va a ser el principio de la mejora de la atención primaria”, asegura Ángela Hernández, portavoz del comité de huelga. “Seguimos quebrando a los profesionales y esto necesita que alguien venga a solucionarlo. Yo no sé quién va a ser, pero hoy por hoy la huelga continúa. Y vamos a ver cómo se van desarrollando los próximos días para la próxima reunión”. De momento, la Consejería de Sanidad también se ha plantado y no ha vuelto a convocar la mesa de negociación.
Negativa a contratar más personal
Las promesas incumplidas por parte de la Comunidad de Madrid no han sido pocas a lo largo de los últimos años. La sobrecarga asistencial, las largas agendas, con “más de 50 o 60 pacientes en su jornada laboral”, y las malas condiciones de trabajo y laborales son denuncias que los profesionales de Atención Primaria llevan haciendo desde hace años, una realidad que se agravó tras la pandemia. En la anterior legislatura, ya con Isabel Díaz Ayuso en la puerta del Sol, se atajó una huelga con un plan que contemplaba rebajar la carga de trabajo y mejorar los salarios de los profesionales que finalmente no se cumplió. Los sindicatos convocaron entonces una nueva huelga, que comenzó el mismo día que la presidenta convocó elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, en 2021, con lo que se interrumpió la convocatoria.
Uno de los principales escollos en la negociación de estos días se centra precisamente en el exceso de pacientes en las agendas de los profesionales. En este sentido, el comité de huelga reclama un máximo de 31 pacientes por consulta de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de dedicar un mínimo de 10 minutos por paciente, y 21 pacientes para Pediatría, para un mínimo de 15 minutos por niño. La última propuesta de la Consejería pasa por 24 pacientes en el caso de los pediatras y 34 en el de los médicos, pero tiene trampa. Todos los pacientes que se excedan de esas agendas en horario laboral, deberán atenderse con horas extras por los mismos profesionales, aseguran los médicos. Desde la Consejería de Sanidad no se plantean contratar a más personal, pese a las promesas.
Para los médicos en huelga las promesas son “buñuelos de aire”. Ayuso se comprometió este martes, después de repetir hasta la saciedad que no hay médicos, que mejorarían las condiciones laborales para que los médicos residentes que terminan la especialidad familiar y pediátrica en Madrid, se queden, esta promesa no viene acompañada de más gasto. De nuevo, la falta de inversión real hace dudar a los sanitarios de que esto vaya a ser así.
La administración no es capaz de retener a los médicos residentes a pesar de que la mayoría de médicos que afrontan su MIR optan por hacerlo en Madrid, según los propios datos de la Consejería. En junio de este año, la Gerencia de Atención Primaria convocó a 338 médicos de familia que habían terminado su especialidad, para repartir 197 plazas. El fracaso fue mayúsculo: solo logró cubrir 59. Y con pediatría ocurrió algo similar: de 26 plazas, completaron cinco.
La Inspección reclama mejores condiciones
Los sindicatos esperan ahora que la Consejería de Sanidad vuelva a mover ficha después de que haya decidido no seguir con la mesa de negociación desde que se suspendiera la reunión del miércoles. Y en medio de las protestas, un requerimiento de la inspección laboral a la Comunidad de Madrid ha entrado en escena para incidir precisamente en la sobrecarga de trabajo de los sanitarios y pedir más recursos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social pide que en el plazo máximo de un mes se ponga en marcha una “adecuada planificación preventiva para solucionar riesgos en los profesionales de Atención Primaria. Entre esos riesgos señala factores como la carga de trabajo, las demandas psicológicas o desempeño de rol.
En el documento remitido a la Consejería de Sanidad, la inspección laboral reclama al Gobierno de Díaz Ayuso que se resuelva cuanto antes “el nombramiento de responsables, de los recursos humanos y materiales para su ejecución, prestando especial atención a los centros de trabajo que de manera permanente o puntual tienen una carencia significativa de personal”. El plazo empieza a contar desde el 23 de noviembre. La pelota, de nuevo en el tejado del Gobierno de Madrid, que es incapaz de convencer a los profesionales tras demasiadas promesas incumplidas.