Le preguntan por las becas y responde con el aborto y la ley trans. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido este jueves al paso de las críticas de sindicatos y partidos de la oposición por su política de ayudas a centros privados a través de cheques para familias que ingresan más de 100.000 al año, justificando que ve “sorprendente” que los menores puedan “cambiar de sexo o abortar” al margen de sus padres, pero no puedan optar a un beca en función de su nivel adquisitivo.
“Veo sorprendente que, por ejemplo, puedas cambiar de sexo o que puedas abortar al margen de tus padres y que no puedas optar a becas de bachillerato o Formación Profesional si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro y que, por tanto, tu esfuerzo, tu mérito y tu superación, no cuenten”, ha asegurado Isabel Díaz Ayuso. En concreto, las becas para centros privados están pensadas, según la propia Comunidad, para alumnos “en situación socioeconómica desfavorecida”, por lo que se basan en criterios de renta y no de méritos.
La Consejería de Educación ya anunció en abril que aumentaría la renta máxima para optar a una beca en bachillerato en centros privados de 10.000 a 35.913 euros per cápita. Esto es, una familia de dos progenitores y un hijo que ingrese hasta 107.739 euros al año o una con dos hijos e ingresos inferiores a 143.652 euros, que la Comunidad considera en “situación socioeconómica desfavorecida”, optaría a esta ayuda.
Este baremo se ha ampliado también en otras etapas educativas, como infantil, donde hay baja oferta pública y también en FP. “Lo que proponemos es la libertad real de las familias para que, por ejemplo, en infantil elijan y es como queremos nosotros enfocar la educación en Madrid”, ha dicho este jueves Ayuso durante la presentación de un proyecto gastronómico en la Comunidad.
La Comunidad destinará para el próximo curso unos 127 millones de euros para becas que, de facto, irán a parar a centros privados, lo que supone prácticamente duplicar los 64,7 millones que empleó para estas partidas para el curso 2021/22. “Es una nueva polémica que solo ocurre en la Comunidad de Madrid”, ha dicho la presidenta sobre las críticas de sindicatos y oposición.
Comisiones Obreras ha valorado las becas para la formación profesional, que pasan de 18,5 a 30,6 millones en grados superiores y de 0 a 2,4 millones en grados medio, como “ayudas al copago”. “Acaban llegando los bolsillos de unas pocas empresas privadas y dejan fuera a las familias que realmente necesitan esa ayuda”, ha indicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza en Madrid, Isabel Galvín, que recuerda que esos cheques que ofrece la Comunidad no suponen el 100% del coste de los cursos.
“En lugar de invertir en Formación Profesional, abrir más centros, contratar más plantilla y dar salida a la creciente demanda de FP pública, lo que hacen es poner un parche, que es además una herramienta para transvasar estudiantes al sector privado. En la última década la FP pública ha perdido un 22% de sus plazas, y es por medidas como esta, que atacan la enseñanza pública de manera frontal”, ha criticado Galvín, informa Europa Press. En concreto, el año pasado se quedaron sin plaza en esta etapa educativa unos 30.000 alumnos, mientras la Comunidad ha creado para el próximo curso tan solo 10.000 plazas públicas. Ello, mientras el Ejecutivo de Ayuso destina 30,6 millones de euros a becas para la privada.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, se ha referido a estos cheques como “una paguita a esas familias que tienen rentas de más de 100.000 euros para poder pagar el bachillerato privado”. “Es el impuesto propio de las Comunidad de Madrid, que es sacar dinero del bolsillo de las familias vulnerables para subvencionar la educación privada de las familias ricas”, ha acusado García. Para Unidas Podemos, “el objetivo de esta estrategia es propiciar una privatización salvaje y un desmantelamiento de la educación pública”.
Acusa a la izquierda de utilizar los centros de salud “como sede electoral”
Durante la misma intervención, la presidenta regional ha asegurado que “todos los SUAP serán reabiertos” en cuanto tenga “posibilidad”. Estas declaraciones llegan tras el anuncio de la Consejería de que solo reabriría 17 de los 37 que cerró por la pandemia y solo una decena de ellos con médicos. Esta misma semana, el responsable de Sanidad en el Ejecutivo autonómico, Enrique Ruiz Escudero, había afirmado que la decisión de cerrar los Servicios de Urgencias de Atención Primaria estaba “tomada”.
Sindicatos y ciudadanos llevaban meses solicitando la reapertura de estos recursos asistenciales, que realizaron en 2019, el último año completo que estuvieron abiertos, más de 750.000 atenciones. Tras el anuncio de la “reorganización” de estos servicios por parte de la Comunidad, que ha supuesto el cierre definitivo de una veintena, las movilizaciones en torno a los centros de salud se habían reactivado.
“Queremos abrir todos los SUAP de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos”, insistió la presidenta. Ayuso no ha fechado esa supuesta reapertura, prevista para cuando exista la “posibilidad” y que tampoco se ha trasladado a la mesa sectorial, donde los sindicatos se habían levantado de la mesa este miércoles ante las imposiciones de la Comunidad sobre el recorte de estos recursos.
La decisión despertó también las criticas de la oposición, a quien Ayuso ha acusado de “utilizar los centros de salud” como “sedes electorales”. “”En concreto, los alcaldes de izquierda de la Comunidad de Madrid, que ya se han organizado para ello y que están utilizando las instalaciones públicas, correos del Ayuntamiento, cuentas públicas de redes sociales para hacer campaña contra la Comunidad de Madrid“, aseguró ante un atril con el logo institucional de la Comunidad. El mismo desde el que los alcaldes populares de Boadilla del Monte y Villanueva de la Cañada se habían deshecho en halagos hacia la presidenta unos minutos antes.