Pocos minutos después de comenzar su intervención inicial en el debate del estado de la región, la presidenta madrileña parafraseaba a Javier Marías: “Nada está nunca ganado eternamente”. Era un reconocimiento al escritor, pero también un aviso a navegantes de lo que será su estrategia de cara a los próximos meses. Después, un discurso que Isabel Díaz Ayuso convirtió en un mitin contra Pedro Sánchez, en el que presumió de gestión y donde desgranó una retahíla de 35 anuncios con más de 60 medidas, muchas comprometidas ya, con la vista puesta en la cita con las urnas del próximo mes de mayo, donde espera revalidar el resultado del 4 de mayo de 2021.
“Los madrileños eligieron nuevamente a un gobierno liberal que basa su acción política en el respeto a la realidad y a cada persona, en el cuidado de la economía y el empleo y en unos servicios públicos de calidad al servicio de España y de Madrid”, aseguró Ayuso desde la tribuna. “Sánchez y sus socios, incapaces de ganar las elecciones en Madrid, han hecho de nuestra Comunidad diana de sus ataques”, afirmó la presidenta. Para entonces, ya había acusado al presidente del Gobierno “y sus socios independentistas y comunistas” de querer “compensar su nefasta gestión y maquillar su estrategia de carcoma del diseño constitucional, haciendo a los españoles dependientes de pagas y subsidios”.
Sin límite de tiempo en esta primera intervención, que tendrá que esperar a mañana para las réplicas del resto de grupos, Ayuso ha utilizado casi dos horas del debate del estado de la región, ahora rebautizado como Debate sobre la Orientación Política del Consejo de Gobierno en la Asamblea de Madrid, para atacar al gobierno central, aprovechando las semanas más dramáticas de la crisis sanitaria. “Está actuando como un gobierno arbitrario, que impone sin diálogo, que no trata a los ciudadanos como a adultos, que actúa sin reflexión ni rigor, sin medir las consecuencias y por decreto, como cuando cerró ilegalmente la región”.
Ayuso ha rescatado la polémica del verano, que avivó ella misma al asegurar que Madrid no acataría el plan de ahorro energético del Ejecutivo central. “En el momento más delicado, ha amenazado con cuantiosas multas a los comerciantes y hosteleros para que tomen unas medidas que atentan contra la libertad y la prosperidad”, ha dicho. “Al daño causado por los cierres indiscriminados de la pandemia se unen más trabas, más dificultades y nuevas normas arbitrarias, improvisadas y de resultados nefastos”.
En la primera parte de su intervención, de marcado carácter ideológico, Ayuso cargó también contra la vicepresidenta segunda del Gobierno. “Yolanda Díaz llegó a aseverar que en España se producían 7.000 muertes al año en 2017 por culpa de la pobreza energética. La realidad de hoy, con este Gobierno, es que se ha producido un incremento del precio de la luz del 500%. Pero el Gobierno ya no habla de pobreza energética. Yolanda Díaz tampoco habla de muertos. Ya no hay muertos en la España de la ultraizquierda”, ha ironizado.
Ayuso ha presumido también de sus habituales rebajas de impuestos y burocracia, “mientras la izquierda sigue subiéndolos y restando el dinero de las familias para repartirlo en arbitrarias concesiones a los independentistas catalanes y a su agenda política de ejecutivo minoritario que gobierna como si tuviera la más amplia mayoría”. “En vez de rebajar impuestos a las familias, la izquierda tiene la desfachatez de mentir, asegurando que el exceso de recaudación lo está repartiendo entre los pobres”, ha acusado, sin hacer mención al paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno central, como los descuentos al transporte público, a los carburantes o el incremento de las becas.
“Engañando así a la sociedad es como se ha expandido el comunismo bolivariano en Hispanoamérica. Por eso hay que estar siempre alerta. Así os lo dicen los miles de ciudadanos que han llegado a Madrid huyendo de él, desde allí y desde el centro y el este de Europa. Y es que España se encamina al despropósito bolivariano si los que defendemos la libertad y el Estado de Derecho no sabemos estar a la altura: oponernos, denunciándolo sin miedo y ofreciendo alternativas eficaces a la altura del tiempo, sin perder la alegría ni dejándonos contagiar por la hostilidad”, ha dicho como uno de sus dogmas habituales. En esta ocasión, Ayuso no ha mencionado al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.
Antes de entrar de lleno en la situación de la región y sus anuncios de cara a los próximo meses, Ayuso no dejó pasar la oportunidad de atacar al PSOE por todos los frentes. “Su autoritarismo ha llegado al punto de que a los socialistas condenados por corrupción en Andalucía, la mayor trama de la historia de España, hay que agradecerles que lo que hicieron fue para favorecer a los pobres”, dijo en relación a la condena a Chaves y Griñan. “Están a punto de repetir lo que los otros indultados por la gracia de Sánchez dijeron la salir de la cárcel: ”Volveríamos a hacerlo“.
En el apartado laboral, la presidenta autonómica ha acusado al Gobierno central de estar “más preocupado en maquillar los malos datos económicos que en solucionar los problemas que asolan a la población española. Prueba de ello es la reforma laboral que se aprobó el pasado mes de febrero”, aseguró, obviando que el paro ha caído a tasas de 2008 y la contratación indefinida se ha disparado. “El Gobierno no ha acabado con la precariedad: la ha disfrazado. Y la responsable política de todo esto le quiere racionar la lista de la compra a los contribuyentes, en lugar de acabar con las colas del hambre, con la falta de abastecimiento, con las cartillas”, ha acusado a Yolanda Díaz, en clara alusión a su intención de limitar el precio máximo de productos de primera necesidad.
Para sacar pecho del empleo en la Comunidad, Ayuso ha asegurado que es en esta región donde el paro ha bajado a mayor ritmo, que uno de cada cinco puestos de trabajo se crea en Madrid y que uno de cada dos contratos son indefinidos.
La segunda parte de la intervención de la presidenta Ayuso ha servido para desgranar los que a su juicio son los siete retos “urgentes e importantes” a los que se enfrenta la región y que ha estado plagada de anuncios, que la oposición ya había previsto con claros tintes electoralistas. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha catalogado los anuncios de “reciclados”; el PSM ha acusado a la presidenta de relatar “promesas incumplidas”; y Unidas Podemos considera que “toma por tontos” a los ciudadanos.
La deflactación del IRPF, desde 2022
Así, Ayuso ha anunciado, ante el “empobrecimiento generalizado y rápido de todas las capas sociales por la alta inflación y el alto coste de la energía, principalmente”, que la deflactación del IRPF que comunicó hace unos meses para 2023 se adelantaría a 2022. Se aplicará a todos los tramos y, además, se aplicará la reducción al mínimo personal y familiar libre de impuestos de cada contribuyente, sin tener en cuenta la renta, lo que ya viene siendo habitual en su política fiscal. Además, ha asegurado que el porcentaje de deflactación será el incremento de salarios que aparezca reflejado en la estadística de costes laborales del INE.
“Con estas medidas, continuamos la senda de bajadas de impuestos que iniciamos en 2004”, presumió Ayuso de la deriva liberal que comenzó Esperanza Aguirre, presente en la tribuna de invitados. “Vamos a aprobar nuevas deducciones que tienen el objetivo de favorecer la natalidad, maternidad y paternidad y ayudar a las familias”, ha continuado. Serán por compra de vivienda habitual motivada por la llegada de un nuevo hijo, para familias numerosas y por el pago de intereses hipotecarios para menores de 30 años. También ampliará las ya existentes y bonificará aún más el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos hasta el 25%. “Vamos más allá de lo prometido hace un año en las elecciones”, ha presumido. Para cerrar el capitulo fiscal, ha avanzado que los nuevos autónomos no pagaran la cuota durante el primer año y para el segundo tampoco lo harán quienes facturen por debajo del salario mínimo interprofesional.
Para los sanitarios, una medida con un retraso de cuatro años
En el apartado sanitario, la presidenta ha anunciado una mejora en la retribución de 22.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que se encuentran en situación de temporalidad y que a partir del último trimestre de 2022 pasarán al modelo de carrera profesional. Ayuso ha avanzado que el abono, que implicará unos incrementos en la nómina de hasta 14.600 euros anuales, se negociará en la Mesa Sectorial de Sanidad, y que el coste de implantación asciende a más de 85 millones de euros.
Esta medida lleva años coleando en la Comunidad de Madrid. Desde el sindicato médico Amyts, han valorado “positivamente” el anuncio de Ayuso, pero lo hacen con “matices” al tratarse de una medida “que tenía que haber sido cumplida en 2018”, cuando se acordó entre la administración y las organizaciones sindicales el 5 de julio de aquel año. El de la carrera profesional “es un tema que ha llevado a los profesionales de forma individual a reclamarlo en los tribunales, que se ha ganado”, recuerda la secretaria general de Amyts, Ángeles Hernández.
Desde el sindicato consideran que “hacer ahora anuncios electoralistas no parece lo más apropiado, cuando lo más apropiado habría sido tender puentes entre el Gobierno, las autoridades sanitarias y los profesionales y abonar un concepto que profesionales que hacen el mismo trabajo que otros, solamente que con diferente tipo de contrato, se merecen sobradamente”, indica Hernández. “De hecho, se queda muy corto”, apunta, “ya que habla solamente de una partida para interinos, cuando los eventuales están en la misma situación y lo están ganando [en los tribunales] de igual forma”. En la misma línea se han pronunciado desde el sindicato de enfermería SATSE, al considerar que “el anuncio llega cinco años tarde” y que “no se trata de una subida salarial, ya que no afecta a todos los profesionales” y deja fuera al persona que trabaja en centros asistenciales.
Sube el sueldo a profesores y crea un complemento en función de la productividad
Ayuso ha aprovechado el altavoz del debate del estado de la región para realizar otro anuncio con el que pretende ganarse el favor de los profesionales, en este caso de la educación madrileña. Pública y también concertada. La presidenta ha anunciado una partida de 120 millones de euros para una subida salarial a 61.041 docentes de centros públicos y 25.348 de la concertada. Los profesores de secundaria y bachillerato verán incrementada su nómina en 90 euros al mes y los de primaria, en 75 euros. Además, la presidenta ha avanzado que se destinarán 20 millones de euros a nuevos complementos salariales, que se otorgarán en función de la productividad de estos profesionales de la enseñanza. Para ello, la administración tendrá en cuenta iniciativas como que lleven a cabo proyectos para enriquecer la oferta educativa y la atención al alumnado.
Desde el área de educación del sindicato CSIF creen que la medida “puede ser un buen comienzo” pero lamentan que, incluso con esa subida, “el suelo de un profesor de la Comunidad de Madrid se queda lejos de los 150 euros más que cobra un compañero en Andalucía” o de los 300 euros más de Euskadi, “en igualdad de condiciones”. Por eso, reclaman la equiparación salarial.
También en el plano educativo, ha adelantado que la Comunidad financiará el desayuno en los colegios de infantil y primaria a todos los niños de familias perceptoras del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción, que ampliarán las rutas escolares gratuitas para bachillerato y FP en centros públicos y que impulsará un nuevo “Erasmus-Bachillerato”. Además, en su frente contra la nueva ley educativa del gobierno central, Ayuso ha repetido que “no prescindirá de contenidos básicos como la regla de tres, el mínimo común múltiplo, las capitales de Europa, los océanos o los números romanos” y que ha aprobado “la normativa autonómica precisa para rechazar el aprobado general” y “suprimir el contenidos ideológicos”. Unos contenidos que ya puso en manos de la inspección educativa y que después tuvo que reconocer, no detectó “nada relevante”.
Movilizar suelo público para viviendas para menores de 35
En cuanto a la vivienda, “que es prioritaria para que los jóvenes puedan emanciparse”, Ayuso ha confrontado “políticas que se han demostrado erróneas, como la intervención de los precios, la inseguridad jurídica o la defensa de la ocupación” con las del “Gobierno de la Comunidad de Madrid, que trabaja en facilitar el acceso a una vivienda, en incrementar el parque de viviendas, en asegurar el derecho a la propiedad privada y en la seguridad jurídica”. Pese a presumir de políticas públicas, esta es la región con el metro cuadrado más caro en alquiler, según diversos estudios.
En esta línea, la presidenta ha anunciado medidas encaminadas a movilizar suelo público, que en el histórico de la región ha venido a engordar las cuentas de las grandes constructoras y fondos de inversión, para que los jóvenes de menos de 35 años accedan a un alquiler de menos de 600 euros, en impulsar un plan de alquiler con opción a compra, otro para incentivar el alquiler de viviendas vacías que necesiten rehabilitación y otro para que todos los edificios tengan ascensor.
En seguridad, Ayuso ha reconocido que no tiene “competencias directas”, pero ha presumido de haber formado a 10.000 policías locales de distintos municipios. “Como novedad, vamos a desplegar un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos por distintos municipios de la Comunidad de Madrid para la integración de imágenes y su tratamiento” y ha recordado que para 2023 está prevista la aportación de pistolas taser y proyectos de videovigilancia en entornos rurales. A esto ha añadido la creación de una patrulla canina para “potenciar la seguridad ciudadana para evitar drogas en el interior y la inmediación de colegios e institutos” y “en lugares de ocio concurridos donde se puedan prevenir reyertas y tráfico y consumo de drogas”.
Ayuso también ha anunciado el incremento, en un 40%, de la cuantía de la Renta Mínima de Inserción (RMI) para las familias de la región en situación de vulnerabilidad que no cumplan con los requisitos establecidos para percibir el ingreso mínimo vital.