“Las rentas medias son las que siempre pagan y nunca reciben nada”. Así ha defendido la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las becas para centros privados para familias que ingresan más de 100.000 euros al año, tal y como contó elDiario.es. Ayuso sostiene que “las rentas bajas no se quedan sin beca” en esta región y que toda aquella persona que necesite una “la tiene garantizada”.
En Madrid hay actualmente “600.000 beneficiarios de becas”, ha dicho Ayuso, que ha explicado que su propuesta “es que de esos 600.000 haya 20.0000 para rentas medias en la Comunidad, es decir, personas que cobran 35.000 euros de salario”. “Lo que quiere la Comunidad de Madrid es que las rentas medias tengan algún tipo de ayuda porque son las que siempre pagan y nunca reciben nada, teniendo en cuenta que la inflación está destrozando la economía de todos”, ha añadido.
Madrid ha elevado este año la renta per cápita máxima para solicitar un cheque de 10.000 a 35.913 euros per cápita. Dicho de otro modo, una familia de dos progenitores y un hijo tendría que ingresar más de 107.739 euros anuales para no poder optar a las ayudas. Una de cuatro miembros (dos hijos) que gane menos de 143.652 euros al año es “renta baja” para la Comunidad y puede pedir una ayuda.
El jueves, al ser preguntada por las becas, Ayuso respondió con el aborto y la ley trans. La presidenta madrileña salió así al paso de las críticas de sindicatos y partidos de la oposición por su política de ayudas a centros privados a través de cheques para las familias que ingresan más de 100.000 euros año, justificando que ve “sorprendente” que los menores puedan “cambiar de sexo o abortar” al margen de sus padres, pero no puedan optar a un beca en función de su nivel adquisitivo.
Rebaja de tasas a la que se opusieron
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 29 de junio el decreto por el que se aprueban los precios públicos universitarios. Un texto que supone, según dijo el consejero de Educación, “la mayor rebaja de estos precios públicos”. Se trata, sin embargo, de una rebaja de la que ahora presume el Ejecutivo de Ayuso, pero a la que se opuso en la negociación entre el ministerio de Universidades y el resto de comunidades autónomas para la armonización de las tasas en todo el territorio.
El acuerdo, del que se habían descolgado Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Euskadi, pero que tienen que acatar, fijaba el precio máximo del crédito en 18,46 euros, un 21% menos que los 23,37 euros de media que cuesta en Madrid, la región con los precios públicos universitarios más elevados.