Ayuso, contra la legalización del cannabis en todos los frentes

Ningún representante público ni partido político en la Comunidad de Madrid ha defendido el consumo de drogas entre los menores, pero Isabel Díaz Ayuso se ha embarcado en una nueva guerra cultural. “No le voy a decir a los jóvenes que se fumen dos porros”, lleva repitiendo las presidenta regional intervención tras intervención durante las últimas semanas. Lo ha dicho en ruedas de prensa, discursos, en los plenos de la Asamblea y en corrillos con periodistas. “Yo estoy en contra de las drogas, me parece que es el mayor lastre de una persona, ser dependiente de una sustancia”, dijo ya hace casi un año a cuenta incluso de su consumo con fines medicinales.

La presidenta, que aboga por “tratar a los ciudadanos como adultos”, no es partidaria de regularizar el cannabis, que en la Comunidad han consumido en los últimos 12 meses un 10,8% de los ciudadanos de entre 15 y 64 años y alguna vez en la vida, el 37,2%. Son datos muy alejados del consumo de otras sustancias legales, como el alcohol. En Madrid, donde Ayuso ha defendido firmemente la libertad para salir a tomar cañas, ha bebido el 74,5% de la población y se ha emborrachado el 18,5% en el último año.

Ayuso ha montado en las últimas semanas toda una campaña vinculando a la izquierda con una especie de apología de las drogas. Lo ha hecho aprovechando una iniciativa presentada por Más Madrid en la Asamblea, y los movimientos en el Congreso de los Diputados para regular su uso medicinal. La propuesta de los de Mónica García iba más allá. A principios de mayo, este partido presentó el 3 de mayo una proposición no de ley (PNL) en la que instaban al Ejecutivo regional a que realizase “un estudio del impacto económico, sociosanitario y criminológico que tendría la regulación del cannabis en la Comunidad de Madrid”. También, que exigiese al Gobierno central “que lleve a cabo una regulación responsable en adultos”. Siempre en adultos.

“Nos cuentan que los porros son libertad”, afirmó durante su intervención en la clausura del 17 Congreso del PP de Madrid del que salió elegida presidenta del partido en la región.

La propuesta de Más Madrid, que no era vinculante, defendía que esta era la fórmula para combatir el mercado negro, dificultar el acceso a los menores, garantizar la salud pública ofreciendo un producto que cuente con los estándares de calidad certificados y obtener ingresos de la recaudación para financiar los servicios públicos. La oposición de Ayuso fue frontal desde el primer momento. “Mostrarán su peor cara”, afirmó en un debate tras el que solo votaron a favor de la propuesta el propio Más Madrid y Unidas Podemos.

En aquel cara a cara con Mónica García, Ayuso defendió que “no hay datos científicos de su aportación (del cannabis) a la medicina, pero sí a los trastornos psiquiátricos”. “Esquizofrenia, bipolaridad, cuadros psicóticos, pérdida de memoria, aumenta la violencia, aumenta los delitos así como los accidentes de tráfico”, enumeró la presidenta. Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), una asociación de expertos que lleva años presionando para la regulación, el catedrático en bioquímica Manuel Guzmán señalaba que “el cannabis es una sustancia segura para el paciente, no solo teniendo en cuenta la experiencia observada desde el OECM, sino a partir de trabajos de investigación donde se demuestra que el cannabis es más seguro que otras sustancias neuroactivas usadas tanto en entornos recreativos como médicos”.

Durante aquella intervención, Ayuso no perdió la oportunidad de atacar a Unidas Podemos: “Ese partido nació de las narcodictaduras, bien sabe usted del sistema criminal que tienen detrás las drogas”. Esta semana, la presidenta le espetó a la portavoz de ese grupo Alejandra Jacinto que la izquierda “promueve el chemsex”. Lo hizo en medio de otra retahíla de acusaciones, sin aportar ningún dato ni referencia y respondiendo a una pregunta en la que la diputada de Podemos le había pedido que se retractara por haber llamado “malcriadas” a quienes defienden sus políticas feministas.

“No les pienso decir a los jóvenes que se fumen dos porros, que alguien les va a regalar una paga y el aprobado, porque esa miseria me niego a que esté en la Comunidad de Madrid”, llegó a afirmar en un pleno, mientras calificaba de “insensato” que “aquellos que buscan la ruina absoluta de España” digan “que con los porros y con el supuesto libertinaje, que es mentira, que no es más que acoso y dictadura lo que traen las drogas, van a solucionar nada”.

Tras el fracaso de la PNL, el Gobierno regional ha aprovechado para rescatar su Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024, que presentó a finales de febrero, pero que todavía está desarrollando. La semana pasada convocó una rueda de prensa para alertar sobre la iniciativa de la izquierda, que llevaba muerta ya nueve días, y sobre las pretensiones de regulación a nivel estatal, que ahora mismo solo se plantea para su uso medicinal, por la oposición del PSOE a otro tipo de regulación.

Para aquella convocatoria, Ayuso puso todos los recursos del Ejecutivo a su disposición. Estuvieron el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, “como máximo responsable de la Sanidad madrileña” la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, y la coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones, Mercedes Navío. Su objetivo era “alertar, informar y concienciar de los efectos adversos que produce el cannabis en la salud física y mental de las personas” y abordar “la alarma generada por las iniciativas presentadas para su legalización, tanto en la Asamblea como en el Congreso”, dijo Ruiz Escudero.

“Serias consecuencias”

En esa comparecencia desgranaron datos del Servicio madrileño de Salud (Sermas), como que en 2021 se realizaron 5.384 atenciones por consecuencias derivadas del consumo de cannabis, de las que 4.253 requirieron ingreso hospitalario. De estas, 242 tenía patologías relacionadas con el consumo como diagnóstico principal y en 4.044 era secundario. Además, Navío explicó que el consumo de cannabis aumenta en un 10% las posibilidades de sufrir esquizofrenia, sin que haya elementos a priori que permitan prever quién es más vulnerable. “Que se ponga sobre la mesa la legalización del cannabis tiene serias consecuencias para las personas”, aseguró el consejero, que acusó de apelar “de manera irresponsable a un supuesto consenso social”.

Un “supuesto” consenso que secundan las encuestas. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por este asunto, en abril de 2021, un 90,1% era partidario de que se regulase su uso con fines terapéuticos. Además de este apoyo apabullante, la encuesta arrojaba otro dato: hay más gente a favor de que se legalice su venta “en determinados establecimientos y condiciones”, más allá de las medicinales, que en contra. El 49,7% estaba a favor, frente al 40,9%, en contra.

“Ya hay una mayoría social de españoles que apoya la regulación integral del cannabis, pero desgraciadamente algunos partidos no están a la altura de los españoles. La cuestión no es si se consume o no, la pregunta es quién lo regula: o lo hace el mercado negro como hasta ahora o lo hacen las instituciones”, afirmó en la Asamblea el diputado de Más Madrid Jorge Moruno, que reconoció que resulta perjudicial para la salud pero no es “más perjudicial que otras drogas legales como el alcohol”.

Ningún responsable de salud pública en Madrid hizo referencia al dato de apoyo a la regularización de la sociedad española. En cambio, los que ofrecieron se centraron principalmente en el consumo en menores. Andradas habló de la Encuesta sobre le Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) de 2021, que el ministerio de Sanidad realiza cada dos años desde 1994, a más de 22.000 estudiantes de entre 14 y 18 años.

Esa encuesta muestra que en la Comunidad de Madrid el 21,8% de los estudiantes de esa edad han consumido cannabis en los últimos 12 meses y el 27,8%, alguna vez en la vida. Además, un 3,2% tiene un consumo problemático y, a nivel estatal, un 61,1% percibe que es fácil conseguirlo, pese a ser ilegal. Este porcentaje contrasta con el obtenido en la primera encuesta, elaborada en 1994. Aquel año, consideraban que esta droga era accesible el 30,8%. El estudio del Observatorio Español de las Drogas y las Adiciones del ministerio, señalaba en 2020 que los menores de entre 14 y 18 años que habían consumido marihuana alguna vez había pasado del 20,9% al 33%. La encuesta EDADES, por su parte, señala que más del 37% de la población de entre 15 y 64 años lo ha probado alguna vez en su vida, cuando hace 24 años eran casi el 15%.

Eso, a pesar de que, desde entonces, la normativa se ha endurecido. Precisamente, Más Madrid citaba en la exposición de motivos de su proposición la ley Corcuera, de 1992 y anterior a que comenzara la estadística, y la ley mordaza, que incrementaron el importe de las multas y sanciones por tenencia o consumo en la vía pública. “Se puede afirmar que la prohibición y el encarecimiento de las infracciones no han conseguido reducir su consumo, tampoco entre los menores”, mientras “lo que sí parece haber logrado la normativa vigente es criminalizar a los usuarios y pacientes adultos, alimentar el crimen organizado y engordar los beneficios del mercado negro”.

La teoría es que la legalización del cannabis acaba con la compra ilegal, porque si los usuarios pueden adquirirlo en establecimientos autorizados y con controles de calidad, no optarán por hacerlo en la calle. Esto, a su vez, reduciría el consumo entre menores porque al desaparecer la venta ilegal, ese mercado también se cierra para ellos, que no podrían acceder al autorizado. Además, establecer una vía legal permite a las arcas públicas recaudar cientos de millones de euros a través de impuestos. Más Madrid cita un estudio de la Universitat Autónoma de Barcelona, que estima en 3.312 millones la recaudación en todo el país, además de la generación de unos 100.000 puestos de trabajo.

Desde la Comunidad de Madrid no coinciden con esta hipótesis. “En Uruguay, Canadá y algunos estados de EEUU –los primeros en legalizarlo– se ha comprobado como la legalización va asociada a una reducción de la percepción del riesgo” y, además, “sigue el mercado negro”. “La legalización en estos países ha generado otras formas de consumo”, ha comentado Ruiz Escudero. Preguntados directamente por si podían referir algún dato que sustente la no eliminación del mercado ilegal en esos países, Andradas no fue capaz de citar ningún estudios. “Con carácter general y a raíz de las estadísticas que se publican a nivel internacional, la normalización del consumo y su accesibilidad aumenta la prevalencia de consumo”, alegó.

Un informe de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas, elaborado por el responsable del programa de alcohol y patologías del hospital Doce de Octubre, Francisco Arias Horcajadas, recoge más de una treintena de estudios elaborados en zonas donde se ha legalizado el uso medicinal o recreativo del cannabis. De su análisis se concluye que efectivamente existe un “descenso en la percepción de riesgo con el consumo con la legalización” y un “aumento evidente en adultos”, pero asegura que “no ha implicado un aumento destacado en el consumo en adolescentes por ahora” ni un “aumento de demandas de tratamiento por dependencia”.

Canadá: 11.000 millones de recaudación y 151.000 empleos

Canadá legalizó en octubre de 2018 el consumo recreativo de cannabis. En febrero de este año, Deloitte publicó un informe sobre el impacto económico y social de la medida. Según esta firma, en tres años se habían creado en aquel país 151.000 empleos vinculados a este mercado y su Producto Interior Bruto aumentó en más de 18.500 millones de euros. Además, las arcas públicas ingresaron más de 11.000 millones de euros en impuestos, 3.666 millones al año. Entre tanto, el mercado negro continúa operando, pero ha reducido su peso en ventas. En 2019, un estudio de Scotiabank lo situaba en el 71% del total. En 2020, Statistics Canada ya hablaba del 45%.

Uruguay fue el primer país en legalizar el consumo de cannabis, más allá de sus usos terapéuticos, en 2013. Primero por la vía del autocultivo y los clubes y desde 2018 también por su venta en farmacias. Según un informe del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), el organismo responsable, la regulación de la marihuana ha supuesto un zarpazo de más de 20 millones de euros a la venta ilegal durante los primeros cinco años. Un golpe importante a un mercado que aún resiste, principalmente porque la oferta continúa siendo menor que la demanda. No obstante, en 2019 el Estado había recaudado unos 830.000 euros por su venta, sin contar lo obtenido por licencias y permisos. 

Entre tanto, otra propuesta de regulación, pero solo para su uso medicinal, sigue su camino a nivel nacional. El PSOE ha preparado una propuesta en la que defiende garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados del cannabis, a través del servicio público y los hospitales. Para ello, los socialistas otorgan un papel fundamental a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y apuestan, a la par, por evitar “una mayor disponibilidad del cannabis fuera del contexto clínico”.