El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prepara para el próximo año una nueva ley del suelo con el objetivo de “flexibilizar los usos” y “simplificar los procesos y los plazos”. En el Ejecutivo regional defienden que en Madrid existe “un déficit estructural de vivienda” y que la solución pasa por construir más, poniendo a disposición de los promotores suelo público, mientras ha recurrido la ley de vivienda estatal.
“Como saben, hay un problema importante de viviendas en la Comunidad de Madrid y para eso necesitamos instrumentos legislativos que ayuden a que haya más oferta de vivienda y con eso puedan reducirse los precios. Y por tanto la administración tiene que ser un vehículo y no un freno, y por eso queremos que la ley del suelo sea un instrumento para que los ayuntamientos puedan poner más suelo disponible para viviendas y otras infraestructuras necesarias”, explicó este lunes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en un desayuno informativo con periodistas.
Durante la campaña electoral, la propia Díaz Ayuso explicó las líneas principales de lo que debe ser la ley, que pasa principalmente por que los ayuntamientos pongan a disposición de empresas de todos los sectores suelo “público”, es decir, “liberar suelo”, según señaló la dirigente madrileña al poco de llegar a la presidencia regional.
“El objetivo es que estas compañías se instalen en la región y contribuyan a crecer el tejido empresarial. Con esta medida, además, se fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo a largo plazo, tanto en la fase de construcción como cuando se ponga en marcha su actividad”, dijo ante empresarios la presidenta regional, entonces también candidata del PP. “En resumen, más oferta, menos regulación y más facilidades para quienes quieren construir en Madrid”, concluyó.
La nueva norma, que el Gobierno regional prevé aprobar el próximo año en la Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, llega después de que Ayuso ya haya introducido reformas en la ley actual del suelo en los últimos cuatro años.
La primera, aprobada en octubre de 2020 –la única medida que sacó adelante el Gobierno de coalición con Ciudadanos–, elimina trabas a los constructores: los promotores inmobiliarios ya no tienen que pedir licencias urbanísticas y les sirve solo una declaración responsable. Esta reforma salió adelante sin contar con el quórum necesario y después de que el entonces presidente del parlamento madrileño, Juan Trinidad (Ciudadanos), intentase encerrar a los diputados de la izquierda para obligarles a votar, por lo que tanto Más Madrid como PSOE la recurrieron ante el Constitucional.
Ayuso también introdujo otras modificaciones en la actual norma del suelo a través de la ley ómnibus, que cambiaba hasta 50 textos legislativos. En concreto, se sustituyó la acreditación previa para entidades de control de calidad de la edificación por una comunicación de inicio de actividad por una declaración responsable de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la edificación.
18 modificaciones legislativas que se refundirán en la nueva ley
La actual ley del suelo cuenta ya, por tanto, con 18 modificaciones legislativas que el actual ejecutivo quiere refundir en la nueva norma que prepara para 2024. Los primeros cambios fueron promovidos por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, cuando el rodillo de la mayoría absoluta permitía a los conservadores hacer y deshacer, sin necesidad de apoyos, para allanar ciertas operaciones urbanísticas que se topaban con la legalidad (Canalejas, Eurovegas…).
En aquella época de exaltación de la burbuja inmobiliaria, acabaron aflorando varios casos de corrupción que aún investigan los tribunales. Entre ellos, varias operaciones urbanísticas de la trama Gürtel, entre las que se encuentra la polémica recalificación de los terrenos de Arganda del Rey. La Audiencia Nacional fijó en enero el arranque del juicio oral de este caso para el 24 de junio de 2024.
En 2012, una nueva reforma de la ley del suelo del Gobierno de Aguirre (PP) eliminó el límite de superficie (300 metros cuadrados) que estipulaba la legislación nacional para permitir la apertura de comercios con sólo una declaración responsable del empresario. Gracias a esta normativa, un gigantesco centro comercial de 130.000 metros cuadrados junto al parque de Madrid Río pudo construirse sin licencia de obra. PP y Ciudadanos también aprobaron en 2018 una reforma exprés durante el mandato de Cristina Cifuentes.
Ayuso recurre la ley de vivienda
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha defendido ante los periodistas la ley como herramienta para mejorar el problema de los altos precios de la vivienda y ha asegurado que es “opuesta” a la normativa de vivienda estatal, una de las últimas leyes que aprobó el Gobierno progresista antes del 23J. El Gobierno de Ayuso recurrió la norma estatal el pasado mes de julio al considerarla “intervencionista”.
Un ejemplo práctico de ese rechazo tuvo lugar el pasado jueves, cuando la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, pidió declarar el municipio como zona tensionada para moderar el precio del alquiler de las viviendas, como recoge la nueva ley de vivienda. La Comunidad de Madrid, competente para ello, rechazó la solicitud. “Rechazamos esta petición porque consideramos que limitar los precios y declarar las zonas tensionadas va en contra de la oferta de vivienda de alquiler”, defendió el consejero de Transportes y Vivienda, Jorge Rodrigo.