La ofensiva del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra los médicos y pediatras de atención primaria en huelga continúa. La Consejería de Sanidad ha dictado una orden este miércoles que prohíbe que los sanitarios informen de los paros y hagan reivindicaciones a través de cartelería o reparto de folletos en los centros de salud. La resolución también establece que no podrá haber recogida de firmas en los ambulatorios a favor de la huelga. La instrucción de Sanidad llega tras la multitudinaria manifestación del domingo, en la que cientos de miles de personas salieron a las calles de la capital a reclamar la mejora del sistema y soluciones para el conflicto de la atención primaria. Ayuso aseguró que la protesta solo reflejaba la “frustración” de la izquierda ante las urnas.
“No se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud”, explica el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero en un comunicado difundido a los medios de comunicación. Para garantizar que se cumple con la instrucción, advierte el Gobierno regional, habrá inspecciones aleatorias. Ayuso está incluso dispuesta a destinar más fondos para que los servicios de limpieza y mantenimiento retiren de los centros sanitarios cualquier material que no esté relacionado con el servicio asistencial.
Se trata de una orden, aseguran desde el Gobierno regional, “para garantizar un uso adecuado de los centros de salud”. “La Consejería de Sanidad lo hace tras detectarse que durante el transcurso de la jornada laboral se están utilizando estos dispositivos para la recogida de firmas y otras actividades distintas a la atención sanitaria a raíz de la huelga de facultativos que se mantiene desde noviembre en este nivel asistencial”, añaden.
Para asegurarse de que la resolución se cumple, la Consejería llevará a cabo actuaciones de control y “reforzará”, aseguran, el trabajo de las empresas de mantenimiento y limpieza contratadas, “para asegurar el orden y el confort en los centros de salud”, explican desde la consejería. Además se han puesto ya en marcha inspecciones aleatorias en 50 centros a través de la Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería para comprobar que se cumple con la normativa.
En la instrucción, también se señala a los directores de los centros de salud. La Consejería les encomienda la labor de “supervisión y adopción de las medidas necesarias” para garantizar el “adecuado” uso de las instalaciones, así como para “mantenerlas en condiciones óptimas de orden, limpieza, seguridad y confort”, evitando “cualquier actuación que derive en un aspecto desordenado o inapropiado”.
Una “huida hacia delante”
La secretaria general del sindicato médico Amyts, Ángela Hernández, ha calificado de “huida hacia delante” la instrucción de la Consejería de Sanidad en los centros de salud y ha censurado la “represión” ante la campaña de recogida de firmas por la Atención Primaria en los consultorios de la región.
“Prohibir la recogida de firmas en una huida hacia adelante es una vieja técnica de tratar de parar el problema y de matar al mensajero”, ha indicado la portavoz del comité de huelga, quien ha subrayado que no creen “que la represión sea la respuesta”. En cualquier caso, ha dicho no sentir preocupación ya que este mismo miércoles harán entrega de otras 50.000 firmas y tienen más para las semanas venideras. “La recogida continuará en otros sitios y donde nos dejen”, ha señalado.
La oposición está atónita con la orden de Sanidad. “Nos ha llegado la versión censora de la chapuza sanitaria”, ha calificado la líder de Más Madrid, Mónica García. “Si el PP hiciera la mitad de esfuerzo por resolver su chapuza que por intentar taparla, Madrid no sería el epicentro del caos sanitario”, ha lanzado García. “Para Ayuso el problema son los carteles. Para nosotros, que no haya médicos en los centros de salud. La solución no pasa por quitar carteles. Pasa por contratar profesionales y cuidar nuestra sanidad pública”, ha zanjado.
También la portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo, ha acusado al Gobierno regional de perseguir “derechos fundamentales” por esta orden que impide la cartelería y la recogida de firmas. “Estamos estupefactos. Después de conocer la última vuelta de la derecha el Gobierno regional va en contra de la sanidad pública y los profesionales. Se les olvida que utilizar de manera inadecuada los centros de salud es tenerlos vacíos porque no contratan profesionales y las largas colas de vecinos esperando cita”, ha lamentado Lillo en declaraciones remitidas a los medios.