El rescate de la Ciudad de la Justicia costará al menos 442 millones de euros y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende financiarlo con los fondos europeos que tienen que destinarse a combatir la crisis sanitaria y económica que ha provocado la Covid-19. Así se lo ha trasladado Ayuso este martes a los grupos de la oposición con los que se ha reunido para contarles su plan para estos fondos, y confirman fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. El megalómano proyecto frustrado que diseñó Esperanza Aguirre ha costado ya 350 millones de euros a las arcas públicas pero solo se construyó un edificio. La operación continúa en los tribunales.
El proyecto de la Ciudad -o Campus- de la Justicia se presentó oficialmente el 2004. Para su desarrollo se licitaron las obras, se creó una empresa pública para gestionarlo y se puso la primera piedra. Pero como ocurrió con otros grandes proyectos de la época de las grandes mayorías del PP de Madrid, pronto la corrupción se filtró hasta la médula. El proyecto de Aguirre fracasó, convertido en un chiringuito donde unos pocos hicieron negocio con el dinero de todos. La Audiencia Nacional ha procesado ahora a cinco responsables de la Ciudad de la Justicia por delitos de prevaricación, fraude y malversación.
El Gobierno de Ayuso anunció hace unos meses el relanzamiento del frustrado proyecto después de que el pasado 3 de marzo otro tribunal, el Tribunal Supremo, avalase el desestimiento del Gobierno regional sobre el proyecto anterior de Ciudad de la Justicia. De esta forma, se ha dado vía libre al Ejecutivo regional para “repensar, rediseñar y poner en marcha nuestro proyecto de concentración de sedes”, explicó entonces el consejero de Justicia, Enrique Ruiz Escudero.
En la reunión con la oposición a la que también han asistido la consejera de Presidencias, María Eugenia Carballedo, y el consejero de Hacienda, Javier-Fernández Lasquetty, Ayuso ha presentado las líneas estratégicas del plan proyectado por la Comunidad de Madrid para la recepción de un presupuesto estimado en 22.371 millones de euros –una cantidad superior al presupuesto regional–, cuya aprobación aún debe validar el Gobierno central. Según han explicado fuentes del Gobierno se trataría de 214 inversiones propuestas en un total de 28 reformas.
Con el rescate de la Ciudad de la Justicia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Díaz Ayuso sigue apostando por el ladrillo y la construcción para combatir la crisis sanitaria y económica en la región por la Covid-19. “Se apuesta por la colaboración público-privada para lograr un efecto multiplicador extra en el tejido económico de la región”, han explicado desde el Ejecutivo en un comunicado.
La oposición no ha tardado en criticar el proyecto. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado que Ayuso quiera usar los fondos europeos “para pagar las chapuzas heredadas de los gobiernos de Aguirre e Ignacio González como es el caso del Campus de la Justicia”. “400 millones de euros que deberían servir para los trabajadores, para los autónomos madrileños para los colegios, para los centros de salud, para los hospitales y que van a servir exclusivamente para desenterrar las tumbas de hormigón que nos dejó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre”, ha lamentado Perpinyà. “Podemos confirmar que haremos una oposición firme a esta estrategia”, ha señalado.
Más Madrid, explican fuentes de la formación, ha propuesto que se incluyan entre los proyectos tecnológicos una línea en materia biosanitaria para evitar problemas futuros como el de la campaña de vacunación a través del uso de big data, aunque creen que la sugerencia no ha sido recogida por la presidenta y su equipo.
Los grupos parlamentarios de la oposición –PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox– temen que la Comunidad de Madrid destine los fondos europeos a hacer “grandes reformas” y han pedido mayor participación, tanto de los grupos como de los sindicatos y agentes sociales. “Consideramos importante que permitiesen la colaboración de agentes sociales y ayuntamiento para la canalización de estos fondos. Hay poca participación”, ha señalado la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra.