No habrá veto parental ni bandera española en la aulas madrileñas. O al menos así lo ha asegurado este jueves la presidenta la de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que Vox lo haya pedido vía enmiendas a la ley Maestra de Educación que el Gobierno regional quiere aprobar contra la norma estatal, la conocida como ley Celáa.
Ayuso ha sostenido durante la sesión de control al Gobierno que la objeción de conciencia que propone Vox en Educación a través del veto parental “dinamita” la relación entre el profesor y el alumno. La presidenta madrileña también rechaza que se imponga la colocación de banderas de España en las aulas.
En este sentido, Ayuso ha defendido que “los símbolos del Estado tienen que ser justos y proporcionales”. “Su utilización tienen que estar en sus sitios, ni más ni menos, y se tienen que querer, se tienen que admirar, pero no han de imponer constantemente de manera política”, ha apuntado.
La presidenta madrileña ha respondido de esta forma a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La formación de extrema derecha ha planteado parte de las 44 enmiendas que su formación ha presentado a la Ley Maestra de Educación.Monasterio ha pedido a Ayuso “frenar” a la izquierda en Educación para que “quiten las manos” de los niños. La dirigente de Vox pedía que se utilice la ley educativa “para garantizar a los padres la libertad”.
La dirigente del PP ha criticado no obstante el veto parental que plantea la ultraderecha en Educación. “Si cada vez que una mamá de Vox o un papá de Podemos decida que hay que objetar lo único que están haciendo es entrometerse en la decisión directa del profesor sobre el alumno que es una relación necesaria, y que viene de las esencias de la escuela tradicional que no se puede perder”, ha defendido la presidenta.
Ayuso ha asegurado que la “información a los padres es un derecho” y ha recordado que ya han incluido en la normativa de admisión de alumnos más información y han incorporado directamente en esta ley todo esto al “elevar a rango de ley la transparencia informativa para las familias”.
“Me comprometí en 2019 a dar más información a los padres de la Comunidad y ya hemos cumplido. De hecho, los colegios ya publican información sobre las actividades en sus webs antes del período de matriculación, los padres ya saben que actividades van a hacer y el proyecto educativo de cada centro”, ha detallado.
Para Ayuso, Vox con sus propuestas lo que hace es “hacer insostenible” la ley y ha criticado que propongan la gratuidad en la educación no obligatoria, que supone un coste de 760 millones de euros anuales.
Debate ley Maestra de educación
Este jueves durante el Pleno regional, se han debatido las enmiendas totales para tumbar la norma que han presentado los grupos de izquierdas –Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos–. Previsiblemente estas enmiendas decaerán y la ley pasará a comisión para que se debatan y se incluyan algunas de las enmiendas parciales presentadas por los grupos.
El consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha defendido durante el pleno regional la Ley Maestra frente a las críticas de la izquierda y también de Vox, que ha presentado durante esta semana 44 enmiendas parciales a dicha ley.
El diputado de Vox Jaime de Berenger ha espetado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que “no ha hay solo artículo” de la Ley Maestra que hable de “la calidad, ni de la transparencia”, sólo se centra en garantizar la educación concertada y la especial. Por ello, han defendido las enmiendas presentadas por su grupo a esta ley y ha apuntado que Vox está “dispuesto a negociar pero no a renunciar” ante el PP, sobre todo, a su medida por la gratuidad de todo el recorrido escolar, con la que ha tendido la mano a la izquierda “para que salga adelante”.
El consejero de Educación ha responsido que aboga por “el acuerdo y la negociación” a través de las enmiendas “positivas” que han presentando a la Ley Maestra, aunque tanto él como la presidenta regional ya se han posicionado en contra de la gratuidad total de la educación y con el pin parental, otra de las exigencias de la extrema derecha.
Para el consejero de Educación, la Ley Maestra contempla “los principios de libertad de elección e igualdad de oportunidades” ante una ley de carácter estatal que es “puro sectarismo” y, dentro de sus competencias autonómicas, “buscarán el auténtico beneficio para los madrileños”.
Las críticas de la izquierda a la ley
Durante el debate de las enmiendas a la totalidad, la diputada de Más Madrid María Pastor ha pedido al Ejecutivo regional que deje de “confrontar” con el Gobierno de España y “deje de regalar dinero para empezar a invertirlo en educación” porque los madrileños están “hartos” de “sobrevivir en la jungla del sálvese quien pueda”.
“Han creado un relato de que la Ley Celaá iba a destruir las señas de identidad de Madrid y tenían que oponerse. Nada más lejos de la realidad, solo si las señas de identidad son la segregación y la gratuidad”, ha espetado.
La portavoz del partido socialista Marta Bernardo ha recriminado a Vox su “populismo” ante la petición de la gratuidad de la educación cuando abogan por la bajada de impuestos: “Estamos de acuerdo con la gratuidad de toda la educación pero pongan encima de la mesa dónde van a subir los impuestos porque, sino, es imposible, la cuenta no cuadra”.
“La Ley Maestra es una norma innecesaria, inconsistente jurídicamente y que viene a tensionar un sector que lo que más necesita son consensos y pactos educativos”, ha agregado.
El diputados de Unidas Podemos Agustín Moreno ha criticado el “cacareo” del Ejecutivo regional y de Vox contra la Ley Celaá mientras presenta la Ley Maestra, con “un nombre demasiado bello y digno”, cuando debería ser la “Ley Láser porque ciega los verdaderos problemas de la educación” en Madrid.
El plazo para registrar las enmiendas parciales estará abierto -después de que la Mesa de la Asamblea ampliara sus plazos- hasta el viernes 8 de octubre, a las doce de la mañana, para posteriormente proceder a su debate para integrarlas en el texto de la ley que, en palabras del Ejecutivo regional, pretende “garantizar” la libertad de elección de centro educativo y “proteger” el modelo de enseñanza concertada y especial frente a la Lomloe estatal, conocida como Ley Celaá.