Incertidumbre total en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reunido a su gabinete de crisis para decidir cuáles son los siguientes pasos que debe adoptar tras conocerse que el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las medidas del Gobierno que obligaban al cierre perimetral de Madrid y otros nueve municipios de la región. La presidenta de Madrid hará una declaración institucional a partir de las 14:45 horas.
Nadie del Gobierno regional explica en qué situación queda ahora Madrid después de que se hayan anulado las restricciones del Ministerio de Sanidad y de que el plazo de algunas las restricciones a la movilidad impuestas por la Comunidad de Madrid en 45 zonas básicas sanitarias de la región hubiera ya expirado porque tenían una duración de 14 días.
La presidenta madrileña se encuentra reunida en estos momentos en la Puerta del Sol –sede del Ejecutivo autonómico– con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el de Justicia, Enrique López, y sus respectivos equipos, para trazar cuáles son los siguientes pasos a adoptar después de la resolución judicial. No había plan b.
Al ministro Salvador Illa el fallo judicial le ha pillado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados en la que comparecía a petición propia para dar cuenta de la situación de la pandemia en España. Desde la Cámara baja, Illa ha defendido que el Gobierno adoptará “las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud” y ha anunciado que ha convocado una reunión “esta misma tarde” con el grupo Covid-19, que fue creado para coordinar las decisiones del Gobierno central y el regional. Están convocados el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado qué pasos pretende dar el Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya tumbado las restricciones impuestas en la región para frenar la expansión del virus. En una rueda de prensa en Argelia, se ha limitado a asegurar que se pondrán sobre la mesa “todas las herramientas e instrumentos” disponibles para doblegar la curva, según ha contestado a la pregunta de si recurrirán el fallo o si prevé decretar el estado de alarma.
Pleno en la Asamblea de Madrid
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se producía mientras en la Asamblea de Madrid se celebra el Pleno regional de control al Gobierno de casa jueves. Antes de conocerse la resolución judicial, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que las medidas de Sanidad estaban provocando que muchos establecimientos “se estén arruinando” porque las zonas estaban “excesivamente confinadas”. Ayuso lamentaba que las reservas en hoteles se hayan “hundido”, al igual que el turismo de la sierra norte.
Ayuso defendía durante su intervención en el Pleno que las medidas “no se adoptaron por criterios técnicos ni fue consensuado”. “Hay que tomar medidas justas y certeras, apelando a la responsabilidad y no al miedo, si no, no vamos a salir de esta ruina con los confinamientos excesivos que han estado provocando en Madrid más de 18.000 empleos menos a la semana. Con esta merma de ingresos se perjudican servicios públicos, la economía y la salud han de ir de la mano”, le respondía Ayuso al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo.
Los jueces, que son los mismos que el pasado 25 de septiembre sí dieron su aval a las primeras restricciones a la movilidad que el Ejecutivo regional impuso en determinadas áreas sanitarias, dicen sin embargo que ahora el escenario es “completamente diferente”.
Su argumento es que la Comunidad de Madrid, al solicitar la ratificación de estas últimas medidas, el “fundamento único” que invocó fue la Orden Comunicada del Ministerio de Sanidad que le obligó a adoptarlas y que se basa, a su vez, en una ley —la de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud— que “no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.
Sin embargo, cuando pidió la ratificación de las limitaciones de entrada y salida a determinadas áreas sanitarias sí fundamentó esa decisión en hasta cuatro normas —Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, Ley General de Sanidad, Ley General de Salud Pública y Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid— “y siempre por su propio ejercicio de competencias, y no, como aquí, mediando una Orden comunicada del Ministerio de Sanidad”, dice la resolución.