El mismo día que Isabel Díaz Ayuso acaparaba toda la atención por su veto a un ministro del Gobierno de España en el acto institucional del Dos de Mayo, los vecinos de San Fernando de Henares, un municipio al este de Madrid, se manifestaban a pocos metros de la Puerta del Sol donde se celebraba el evento. ¿Su queja? Que se les hunden las casas por culpa de una estación de Metro construida por orden de Esperanza Aguirre –pese a los informes técnicos en contra–, sin que el Gobierno regional actual, el de Ayuso, les ofrezca hoy una solución viable.
Se trata de solo un ejemplo más de cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora candidata por el PP a la reelección utiliza el choque institucional constante contra el Gobierno de coalición para tapar su falta de gestión. Sus cuatro años al frente de la región se traducen en un solo presupuesto y en un conflicto con los médicos por la falta de recursos en la sanidad pública.
A escasas tres semanas para las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Ayuso intenta repetir la estrategia que hace dos años le permitió obtener una arrolladora victoria en las urnas tras haber cosechado en 2019 el peor resultado del PP en la Asamblea de Madrid: ser la rival de Pedro Sánchez. “¿Estoy en una posición como para que me haga falta algo de esto? Creo que no”, se defendió en la Cadena SER un día después de que su equipo llamase “okupa” al ministro por asistir a un acto institucional y de que su jefa de protocolo impidiese su paso.
Su versión de que el enfrentamiento no fue algo buscado ni deseado chocaba con el hecho de que fue su equipo quien alimentó los días previos la polémica. También con que al día siguiente, mientras en la dirección estatal del Partido Popular trataban de dar por superada la polémica, en el PP de Madrid seguían mentándola con mentiras de la propia presidenta en la radio de Prisa asegurando que el ministro pretendía “presidir” el acto.
Con toda esta puesta en escena, Ayuso no solo trata de sacar rédito de su enfrentamiento, erigiéndose como rival de Sánchez y, por tanto, en líder nacional. Lo que consigue con esta estrategia la presidenta regional es, además, no tener que hablar de su gestión.
Un presupuesto en cuatro años
Su balance: tres prórrogas presupuestarias y solo unas cuentas aprobadas. Ayuso es la única presidenta regional con solo unos presupuestos, el proyecto más importante de un Ejecutivo, en cuatro años. En su etapa como cabeza del Gobierno de coalición con Ciudadanos tuvo que prorrogar hasta en dos ocasiones las cuentas que había aprobado en 2018 su predecesor en el cargo, Ángel Garrido. Tras las elecciones de 2021, con un Gobierno ya en solitario, logró sacar adelante por primera vez unos presupuestos con el apoyo de Vox, pero este año la formación de Santiago Abascal se los tumbó en el último momento.
No hay ningún otro dirigente regional con ese balance de gestión. Tampoco el Gobierno de Sánchez al que dice querer combatir que, pese a ser más débil parlamentariamente, ha logrado sacar adelante las cuentas cada ejercicio. No tener presupuesto en 2023 le ha supuesto al Ejecutivo regional dejar de contar con 2.700 millones de euros más, una cantidad que le complica muchos de los proyectos financiados con fondos europeos que había previsto con ese incremento presupuestario.
Nuevas huelgas en sanidad
Mientras se hablaba del choque institucional en el día de la Comunidad de Madrid, los médicos y facultativos no fijos iniciaron una huelga indefinida todos los martes y los jueves para denunciar una situación que se ha perpetuado desde hace años en la región: sanitarios con contratos temporales y precarios. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) funciona hoy por hoy con contratos no fijos que superan el 50% en casi todas las especialidades. Los casos más sangrantes se producen en la medicina familiar, con el 80% de los médicos temporales; la psicología, con el 85%; la oncología médica, con el 72%; y la geriatría, con el 71% de personal temporal.
Los convocantes reclaman la consolidación de plazas mediante el concurso de méritos para facultativos de larga duración, es decir, contar con la experiencia para acceder a las mismas. Para ello, apelan al cumplimiento de lo establecido en las directrices europeas recogidas en la directiva 1999/70, la jurisprudencia existente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 19 de marzo de 2020 y la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que persigue el objetivo de reducir la temporalidad al 8% de los trabajadores públicos.
Ayuso se enfrentó durante cuatro meses a una huelga de médicos y pediatras de atención primaria a la que finalmente se puso fin porque el Gobierno regional se comprometió a implementar un complemento salarial de 450 euros al que se había negado hasta el momento, entre otras medidas. La crisis de la sanidad por la falta de médicos empezaba a pasarle factura y el miedo a que el conflicto influyera en las elecciones precipitó un acuerdo que hasta entonces estaba estancado con graves acusaciones por su parte y la de su equipo contra los sanitarios.
Para contrarrestar estas protestas, Ayuso repite que preside una comunidad con la mejor sanidad, según la Unión Europea. Es una mentira recurrente de la presidenta regional y de su Gobierno y que ha repetido hasta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La sanidad de Madrid no es la “mejor de toda España” según un estudio de la Unión Europea. El informe existe, pero no estudia la calidad de los servicios públicos en materia de sanidad, sino que evalúa otras estadísticas, como el número de muertes en carretera, la mortalidad infantil o la tasa de suicidio de una región. No menciona aspectos del sistema como las listas de espera, el ratio de pacientes por médico o el gasto por habitante en servicios sanitarios.
Madrid es, de hecho, la región que menos invierte en sanidad por habitante. El gasto lo lidera Asturias (1.931 euros), seguida de Euskadi (1.898), Navarra (1.888) y Castilla y León (1.811). A la cola, están Madrid (1.171), Catalunya (1.246), Andalucía (1.373) y Murcia (1.436).
Gestión en las residencias
Uno de los puntos negros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso está en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Los miles de muertos durante la pandemia, tras una orden política para no derivar a los ancianos con COVID-19 a los hospitales en las peores semanas de la crisis sanitaria, siguen en el punto de mira y se investigan ahora en un juzgado de instrucción de Madrid donde declararon el pasado 23 de marzo su exconsejero de Ciudadanos Alberto Reyero y el responsable de firmar dichas órdenes, Carlos Mur.
Pero al margen de este oscuro episodio, hoy se siguen cuestionando las condiciones en las que algunos de estos ancianos viven en las residencias de la región que dependen de la Comunidad. Es el caso de la residencia pública Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares, un municipio al este de Madrid, en la que los familiares han denunciado las pésimas condiciones de este centro, especialmente por la alimentación en mal estado que reciben los residentes.
Preguntada por esta cuestión el miércoles durante su entrevista en la Cadena SER, Ayuso se justificó afirmando que las administraciones tienen “poco margen de maniobra” por la ley de contratos. “Nos obliga siempre a acceder a aquel cuya oferta es más económica, algo que a mí me parece que no es correcto porque se dan situaciones como estas”, añadió. Pero no es cierto que la ley obligue a las comunidades a optar por la oferta más barata. De hecho, la norma lo que establece es que las administraciones tienen que escoger aquella que ofrezca la mejor relación “calidad-precio”, en ningún caso la más económica. Ese apunte da margen a las comunidades como responsables de redactar los pliegos de los contratos, en los que pueden primar con diferentes cláusulas los criterios de calidad para que el precio no sea determinante.
El Gobierno regional no ha solucionado aún esta deficiencia en la alimentación de los mayores. La respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pocas semanas después de las primeras denuncias de los familiares fue poner en marcha una campaña institucional para sacar pecho de su gestión gastando casi un millón de euros en medios generalistas e hiperlocales de la región. Una estrategia para tapar la falta de gestión a la que el Gobierno regional no puede ahora recurrir. La ley electoral impide a las administraciones hacer ahora campañas institucionales. Alimentar el choque institucional contra el Gobierno queda como la única opción.
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