Los planes de privatización regresan al Ayuntamiento de Madrid. El actual equipo de Gobierno, dirigido por PP y Ciudadanos, está estudiando revertir el legado de Manuela Carmena y devolver a manos privadas los servicios que, bajo su mandato, habían vuelto a la gestión directa. El Consistorio, de momento, no ha tomado ninguna medida al respecto pero ha encargado estudios técnicos que sustenten “eventuales decisiones” en esta dirección.
“A nadie se le escapa que fuimos contrarios a todos las municipalizaciones que se hicieron por el anterior equipo”, avanzó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, esta semana. Su grupo parlamentario (PP) lideró la oposición a los cambios de gestión en el servicio de alquiler de bicicletas BiciMad y llevó el procedimiento emprendido por Carmena a los tribunales.
La postura oficial del Ayuntamiento es que las desprivatizaciones de varios servicios municipales que impulsó Ahora Madrid son negativas porque “hacen la competencia a las empresas”, según las palabras del propio regidor. “Por qué con la funeraria, un sector liberalizado, tenemos que hacer la competencia a las empresas que operan con cargo a los impuestos que pagan esas empresas”.
Para estudiar la reversión de la gestión directa de servicios como BiciMad, el Teleférico o la funeraria, el Consistorio también sostiene que la remunicipalización “no ha beneficiado la gestión de las empresas que han sido asumidas” por el Ayuntamiento. Sin embargo, el anterior Ejecutivo recogió en sus balances síntomas de mejoría, especialmente en el caso de la funeraria con un ingente incremento de los beneficios.
eldiario.es repasa cómo se llevaron a cabo los procesos de remunicipalización de tres servicios que ahora amenaza con volver a privatizar el Ayuntamiento.
BiciMad: pérdidas y una querella fallida
El Gobierno de Ana Botella inauguró en 2014 el servicio de alquiler municipal de bicicletas BiciMad, pero concedió la gestión a una empresa privada, BonoPark. El contrato firmado con el Consistorio tenía una duración de 12 años y un presupuesto muy ajustado que dejó a la empresa al borde de la quiebra.
El equipo de Gobierno de Manuela Carmena empezó a estudiar cuando llegó al Palacio de Cibeles cómo cambiar la gestión del servicio para que fuera directa. Bonopark entonces ya estaba en pérdidas y había solicitado un reequilibrio económico al Ayuntamiento. La empresa ganó la licitación con una rebaja de más de siete millones respecto al precio inicial y se comprometió a gestionar el servicio por 12 años con 20 millones de euros. Bonopark achacó sus problemas económicos al vandalismo con las bicis.
Como el contrato estaba blindado, la EMT se lo “compró” a Bonopark en lo que, técnicamente, se denominó cesión de contrato a cambio de 10,5 millones de euros. Esta decisión tenía limitaciones: el servicio tenía –y tiene– que regirse por las condiciones del contrato original firmado en tiempos de la exalcaldesa Ana Botella. Ese contrato limita la extensión del servicio a toda la ciudad, impide que haya más de 468 nuevas bicicletas al año e imposibilita cambiar el modelo de vehículos, que se tienen que seguir comprando a Bonopark.
El Ayuntamiento trató a principios de 2019 de deshacerse de las trabas heredadas para obtener la gestión directa completa, pero este paso necesitaba el visto bueno del Pleno y Ahora Madrid no logró el apoyo del PSOE, de manera que no pudo acometer la expansión de BiciMAD prevista extramuros de la M-30. De hecho, la anterior corporación dejó todo listo para la puesta en marcha de las dos primeras estaciones fuera de la almendra central, que terminó inaugurando el actual Ayuntamiento el pasado septiembre. Una en Ciudad Lineal y otra en Puente de Vallecas.
Más allá de estas dificultades, el Gobierno de Manuela Carmena trasladó un balance positivo del remunicipalización del servicio.En su primer año con este sistema de gestión, aumentaron los viajes mensuales hasta los 384.072 –la cifra más alta desde 2014– y se redujo el coste medio por bicicleta hasta 200 euros, según datos de la anterior corporación. En 2018 continuó el aumento, aunque más por el abono mensual que por los viajes ocasionales, que se mantuvieron, según el informe de gestión de la EMT de ese año.
Sin embargo, las pérdidas no han logrado revertirse. La exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, admitió en marzo de este año que el servicio provocaba “pérdidas”, aunque habían “sido menos de las esperadas”: un total de 926.085 euros entre 2017 y 2018 frente a los 1,4 millones estimados para los dos primeros años, según los datos oficiales aportados.
La compra de BiciMAD por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena contó con otro hándicap: el caso fue judicalizado por una querella del PP que denunciaba irregularidades en el proceso. El actual alcalde de Madrid lideró la oposición a la remunicipalización y también la acción judicial contra la anterior corporación. La justicia terminó sobreseyendo el caso al no encontrar ningún hecho “constitutivo de infracción penal”.
La Funeraria: beneficios de varios millones de euros
La Funeraria de Madrid fue pública hasta que en 1993 el entonces alcalde José María Álvarez del Manzano (PP) vendió casi la mitad de las acciones por 100 pesetas. El acuerdo que se firmó con los nuevos accionistas se extinguía en 2016, momento que el Ayuntamiento de Madrid aprovechó para no renovarlo y emprender la remunicipalización de la empresa, pese a las reticencias de los socios privados.
En su primer año de gestión 100% pública, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFC) cerró las cuentas con 4,1 millones de euros de beneficios. Un dato positivo que contrasta con el ejercicio anterior, que registró pérdidas de 230.000 euros. Este balance era excepcional: la empresa arrojaba beneficios año a año con la gestión semiprivada, pero con la municipalización multiplicaron. También, y en consecuencia, las inversiones.
¿Por qué? Porque se dejó de pagar la tasa interna de rentabilidad a la que el Ayuntamiento se comprometió con el socio privado por su inversión en la funeraria, que estaba fijada en un 20% de los beneficios antes de impuestos. Ese margen empezó a revertir al Ayuntamiento y no amanos privadas, lo que el Consistorio de Carmena consideró un “éxito”.
La empresa, una vez pública al 100%, acometió una reforma importante del Tanatorio Sur. Un informe encargado por el Gobierno municipal de Ana Botella reveló “falta de mantenimiento” en los doce cementerios y dos tanatorios que explotaba la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. El análisis del estado de conservación cifraba las obras necesarias en todos esos recintos por valor de casi 23,8 millones.
El Teleférico
El Teleférico de Madrid, uno de los iconos de la ciudad desde que fue inaugurado hace medio siglo,también fue objeto de la ola de remunicipalizaciones de Carmena. Sus ochenta cabinas conectan el centro de Madrid –Paseo del Pintor Rosales– con la Casa de Campo. Parques Reunidos, la empresa que aúna el Parque de Atracciones y el Zoo de Madrid, lo gestionó hasta 2017. Como pasó con la Funeraria, el Consistorio dejó extinguirse el contrato y entonces impulsó el cambio a la gestión directa.
Con el régimen de privatización, el Ayuntamiento recibía solo un canon de 8.000 euros anuales, según datos ofrecidos por la anterior corporación. Los primeros datos de explotación en el nuevo régimen de gestión directa arrojan un balance positivo, reflejado en el informe de gestión de 2018 de la EMT, con 78.900 euros de beneficio (antes de impuestos).
Desde marzo de 2018, cuando abrió al público como instalación 100% pública, el Teleférico depende de la EMT. La plantilla de Parques Reunidos, como pasó con Bonopark, fue subrogada y los tarifas se mantienen. Martínez-Almeida ha manifestado, sobre este servicio, que no entiende “por qué la EMT tiene que ocuparse del Teleférico”.