La llegada del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al Palacio de Cibeles en junio de 2019 dio un giro a la política impulsada por la anterior corporación, la de Manuela Carmena, para reparar la memoria de los represaliados por el franquismo. Con el cambio de gobierno se han revertido proyectos en marcha, otros que estaban por comenzar y se han eliminado órganos institucionales, como la Oficina de Memoria, específicos para diseñar estas políticas. Pero la última decisión, retirar los reconocimientos que hay en la capital a los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto a propuesta de Vox, ha desencadenado un terremoto de mayor envergadura.
La ejecución no se ha hecho esperar: dos operarios desmontaban este jueves por orden del Ayuntamiento una placa en la fachada de la casa donde vivió el exministro de Trabajo y presidente del Consejo de Ministros de la II República coincidiendo con el 151 aniversario de su nacimiento.
El partido de Santiago Abascal, crecido por el éxito de su propuesta, celebra la retirada del monumento –colocado en 1981 por acuerdo de todos los partidos del Consistorio– como un triunfo propio. “Vox cumple su palabra”, se felicitaba el concejal de Vox, Javier Ortega Smith, en su perfil de Twitter. El grupo municipal, formado por cuatro ediles imprescindibles para que el Gobierno de Almeida y Villacís apruebe los próximos presupuestos, anticipa que dará la “batalla cultural” para que el socialismo no “reescriba la historia”. “Lo siguiente: la estatua. ¿Queréis evitarlo? Derogad la ley de Memoria Histórica”, tuiteaba simultáneamente la cuenta oficial de la formación de extrema derecha.
Es la segunda vez que el partido lanza públicamente estos “avisos”. El primero fue el pasado sábado, después de que la escultura en homenaje al exdirigente socialista amaneciera con pintadas de “asesino”. Vox usó una imagen del monumento vandalizado para exigir al Gobierno el fin de la ley de Memoria Histórica. “Primer aviso”, escribieron. Dos días después, la escultura del también socialista Indalecio Prieto, al que Vox también quiere borrar del callejero, sufrió un ataque similar: “Rojos, no”.
“El PP asume los dictámenes ideológicos de la ultraderecha al destruir la placa de Largo Caballero, pero solo demuestra que la Ley de Memoria Democrática es más necesaria que nunca”, respondía también en un tuit la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. En el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos expresan su preocupación por el “lenguaje guerracivilista” de Vox y por el “seguidismo”, según la portavoz María Jesús Montero, del PP con ese discurso.
Todos los ojos apuntan ahora al Ayuntamiento de Madrid. “¿En qué lugar deja esto a Almeida y Villacis? Son meros ejecutores de la estrategia de tensión de la ultraderecha”, lamenta la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. Más de 200 historiadores se han unido para intentar detener, de momento sin éxito, los cambios en un manifiesto conjunto que pide a PP y Ciudadanos que frenen la propuesta que apoyaron porque se sustenta en “clichés de la propaganda franquista”. La oposición asegura que la retirada es “ilegal” porque no está sustentada en ningún expediente ni ha pasado por la Junta de Gobierno mientras el Ayuntamiento no da una respuesta sobre qué tramitación sustenta el desmontaje.
“La derecha aún no asume ni entiende lo que es el antifascismo”
“Vox quiere entrar en una guerra cultural para recuperar la interpretación histórica de la dictadura y PP y Ciudadanos se han sumado a eso”, analiza el historiador Ángel Viñas, que considera que es la primera vez que los conservadores se alinean tanto con estos postulados. “Ni siquiera ocurrió así con Aznar”, remarca uno de los firmantes del manifiesto de expertos hecho público hace dos semanas. A Antonio Cazorla, catedrático de Historia Contemporánea y profesor de la Trent University de Ontario (Canadá), le sorprende especialmente que Ciudadanos se haya subido a esta ola. “Es un centro derecha que debía ser capaz de asumir los discursos antifascistas de sus homólogos europeos”, explica.
En la formación de Arrimadas se plantean dudas sobre haber dado apoyo a Vox, sobre todo con la figura de Indalecio Prieto, a la que pretendían sacar de la propuesta. Sin embargo, finalmente no se votó por puntos y la iniciativa salió adelante. El equipo municipal debía justificar en una informe por qué los cambios aprobados a propuesta de Vox pueden ejecutarse al amparo de la ley de Memoria Histórica, que faculta a las administraciones a “retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Sin embargo, no hay noticias de que se haya redactado ningún documento de este tipo para sostener la primera acción: desmontar la placa de la plaza de Chamberí. El Ayuntamiento pretendía proceder a borrar el rastro de los socialistas del callejero sin informes históricos aunque luego el alcalde, José Luis Martínez-Almeida aseguró que se cumpliría con toda la tramitación necesaria.
Para Cazorla, también adherido al manifiesto que pide al Consistorio que reconsidere su postura, la clave que explica por qué la actual corporación municipal se resiste a dar pasos para reconocer a las víctimas del franquismo, al margen de la presión que ejerce Vox, está en 1945. “La derecha española aún no asume ni entiende lo que es el antifascismo. España no vivió la liberación europea de 1945 tras la II Guerra Mundial. Cuando nos incorporamos a la historia política en la Transición, nuestra derecha no asume las consecuencias de 1945. Es decir, que la democracia esté fundada en el antifascismo. Esto significa un rechazo frontal que no se da”, abunda Cazorla, que asegura que tras la propuesta de Vox, sin embargo, hay una “intención ”de achacar a determinados personajes políticos un comportamiento simétrico pero opuesto al de determinados sectores golpistas para hacer homogénea e inocua la memoria de la guerra“.
El hispanista Paul Preston abundó en una entrevista en la Cadena SER sobre la misma idea: “Intentan comparar a Largo Caballero o a Indalecio Prieto con personajes como el general Mola. Al primero se le puede acusar de ser un político incompetente, pero no de ser un asesino”.
Tres decisiones que vinieron antes: la oficina y los memoriales
El rechazo a la ley de Memoria Histórica en el PP no es nuevo. Pero nunca antes los conservadores habían echado mano de ella para apoyar un cambio propuesto por Vox. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que la norma aprobada en el año 2007 –que será sustituida por una nueva norma a punto de empezar a tramitarse en el Congreso– es una ley basada en el “revanchismo” y en “una visión sectaria de lo que pasó en España hace 80 años”. Sobre este argumento, el Ayuntamiento ha ido tomando varias decisiones que han desmontado el empuje de la anterior corporación –muy tímido para los activistas memorialistas– para reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y a sus familiares.
En junio de 2019, el recién llegado equipo municipal cerró la Oficina de Memoria Histórica, un órgano encargado de hacer cumplir las políticas de memoria y derechos humanos. El Gobierno municipal aseguró que la corporación de Carmena había hecho de la oficina “un instrumento de discordia y confrontación en relación con la memoria histórica”. Cinco meses después, el Ayuntamiento dio el segundo paso, esta vez levantando una polvareda mucho mayor entre familiares de víctimas. Eliminó las placas que ya se habían instalado en un memorial dentro del Cementerio de La Almudena. En las láminas de granito figuraban nombres de asesinados entre 1939 y 1945.
El regidor ya había anunciado que quería paralizar ese proyecto para “unificar el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos” en el monumento. Hoy, los dos muros pensados para albergar 2.936 nombres sostienen una única frase: “El pueblo de Madrid a todos los madrileños que, entre 1936 y 1944, sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón”. Con esta nueva placa se reconoce a todas las víctimas de la Guerra Civil con independencia de si peleaban en el bando sublevado o en el que defendía la legalidad republicana. Una “vileza” para los familiares de las personas cuyos nombres ya se habían grabado en las placas de granito.
Más Madrid lamenta que la política de memoria de Almeida “junto con la equidistancia de Ciudadanos” es “la moneda de cambio para ser alcalde gracias a la ultraderecha”. “En los primeros 100 días nos mostró cuál era su plan de gobierno: deshacer todo lo que había construido Manuela Carmena durante su mandato, y así mandó cerrar la Oficina de Derechos Humanos y Memoria”, resalta la concejala Marta Gómez Lahoz. El grupo socialista critica, por su parte, que PP y Ciudadanos pasen “por el aro de Vox, cuyos votos necesitan para aprobar desde los presupuestos a la menor de las decisiones elevadas a Pleno”. “No tienen ningún remilgo en dar por verdaderas afirmaciones procedentes del relato que la propaganda franquista hizo en la contienda.Todo ello en contra de toda evidencia historiográfica”, señala el portavoz, Pepu Hernández.
La cárcel de Carabanchel también se ha quedado sin memorial en estos meses. El Gobierno municipal anunció que se paraba el proyecto comprometido por Carmena para crear un lugar de memoria en los terrenos del antiguo penal –donde se acaba de reactivar ahora la construcción de viviendas– también tras una proposición de Vox en contra que aseguraba que el monumento daría una “visión sesgada de la historia”. El dinero presupuestado para el memorial terminó destinado al final a comprar dos camiones para caballos de la Policía Municipal.