“Nosotros estamos atrapados en una burbuja que no nos corresponde, cuando estalló la crisis del ladrillo especulaban con el precio de venta y ahora la burbuja se está volviendo a formar en los alquileres”. Con estas palabras, Eloísa intenta resumir la situación que atraviesan tanto ella, como el resto de vecinos y vecinas de los 14 bloques de un total de 1.000 viviendas de protección oficial en Tres Cantos, que se ven en la tesitura de tener que decidir entre comprar, seguir alquilando o marcharse de sus casas bajo unas condiciones que consideran abusivas.
El 19 de diciembre finaliza el periodo de protección pública de estas viviendas del norte de Madrid, que nacieron dentro del Plan de Vivienda Joven 2005-2008 en un convenio entre el Ayuntamiento de Tres Cantos y la Comunidad de Madrid, para después acabar en manos del fondo buitre Fidere en 2013.
En el número 7 de la revista Madrid Vivienda que publicaba la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre como presidenta, celebraba el proyecto y prometía “una renta de 441€ al mes por un piso de 70 metros cuadrados con trastero y garaje y [los inquilinos] podrán ejercer su derecho a compra por menos de 120 mil euros dentro de siete años”.
Pero María no tardó en constatar “las sombras” de este plan desde su origen. Ella fue una de las primeras inquilinas de este programa destinado a facilitar el acceso a una vivienda a través de la fórmula de alquiler con derecho a compra, para todos aquellos jóvenes que reunieran una serie de requisitos como ser menor de 35 años o contar con ingresos familiares que no excediesen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). “De repente , de 70 metros cuadrados que ofrecían, pasaron a 50 y el alquiler a 600 y pico, de hecho, el primer recibo que pagué fue de más de 700 euros. Mucha gente tuvo que renunciar porque no lo podía pagar”, recuerda esta joven.
Además, el suelo donde se levantaron los bloques era propiedad de la empresa privada, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que adquirió los terrenos mediante expropiación dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos, modificando la calificación de las parcelas para convertirlas en residenciales.
Pero todo este espejismo de los años del ladrillo, continuó su ciclo para debacle de la ciudadanía, concretamente de los inquilinos de “las 1000 de Tres Cantos”. En 2013, el fondo buitre Fidere, compró el inmueble por una media 72.000€ por apartamento y ahora pretende venderlos por 180.000€, lo que supone una rentabilidad del 150%.
“No podemos entender por qué venden vivienda protegida a un fondo buitre, ¿por qué no nos ofrecieron a nosotros la venta por 72.000€?”, se preguntan amargamente vecinos como Borja, Candela, Antonio, María, Alicia, en una de las muchas reuniones que celebran para articular una lucha que pretende evitar estos “abusos” y que propone como contraoferta valorar el precio de los inmuebles en 120.000 euros. Una opción que Fidere se niega a aceptar.
La opción de continuar el alquiler tampoco resulta viable para la mayoría de los afectados. A través de un burofax, el fondo les ha comunicado que el precio del alquiler aumentará 200 euros, de manera progresiva en los próximos dos años. De los 600 euros de media que pagan en la actualidad, el precio aumentará a cerca de los 900 euros.
Desde Fidere justifican que “la propuesta es atractiva” y que, según sus previsiones, “la aceptarán un 70-80% de los inquilinos”. Además, se apoyan en que, “según todos los portales inmobiliarios, el precio de mercado medio de alquiler en la zona para pisos similares está entre 850-900 euros/mes”.
Sin embargo, la mayoría de las familias reconoce que “no saben qué va a pasar” con sus vidas porque no pueden afrontar las condiciones. Muchos de los perfiles de los afectados, responden a jóvenes que no superan los mil euros de salario, pero también hay familias con hijos a su cargo que tratan de salir adelante.
“Hay gente que está en una situación muchísimo peor que la mía. Tenemos un vecino lleva desde el principio, que su mujer está enferma, está en paro, tiene dos hijos...”, lamenta Borja. Angélica es madre soltera y vive con su hijo de nueve años. Durante mucho tiempo ha tenido que compaginar hasta tres empleos a la vez, para poder afrontar el alquiler de 580 euros mensuales. “Vivimos al día, sin capacidad de ahorro, ¿cómo vamos a pagar ahora más de 700 euros al mes?”, se queja esta mujer.
Para estos vecinos la batalla por no perder el derecho a una vivienda digna no ha terminado. Tanto es así que crearon la “Asociación las 1000 de Tres Cantos”. Aunque lamentan que no todos los afectados secundan esta pelea, se organizan para recabar apoyos políticos, recorren los bancos de la localidad para conseguir acuerdos a la hora de solicitar hipotecas, otros ofrecen apoyo jurídico. También convocan manifestaciones y se mueven en las redes sociales bajo el hashtag #SosLas1000.
“Exigimos un precio justo”. “1.000 familias, 1000 historias. ¿Culpables? ¿Solución?”. “Fidere. Fondos buitre. Lazora”. “Welcome Netflix, el drama de tu serie está aquí”. Son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en las pancartas que se han desplegado a lo largo de los últimos meses, en los bloques afectados.
La última mencionada hace alusión a la primera central de producción en Europa de Netflix, que se está construyendo a escasos metros de los bloques. Un nuevo 'vecino' que consideran “muy jugoso”, al entender que sus trabajadores pueden ser potenciales clientes de Fidere.
Aunque desde la asociación cada vez ven más complicado llegar a un acuerdo con el fondo buitre, tienen claro que quieren “agotar todas las vías legales” para defender su derecho a una vivienda e “impedir que esto le pase a más gente”. Una de las opciones es, precisamente, cambiar la ley. Algo que tampoco está resultando fácil.
Después de recoger firmas, el pasado mes de junio PSOE y Podemos llevaron a la Asamblea madrileña, una proposición de Ley de regulación Transitoria de Tipologías de Viviendas con Protección Pública con Arrendamiento con Opción de Compra, para garantizar que estas familias, junto a las de La Maquinilla de Colmenar Viejo, pudieran adquirir sus pisos a un precio razonable. Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos bloquearon la propuesta.