Cristóbal Montoro ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y Manuela Carmena se está preparando para asumir las consecuencias de esta intervención: reducir el gasto en 238 millones de euros este año y en otros 200 el próximo año, según las previsiones de gasto para 2018 que había planteado el Gobierno municipal en el plan económico rechazado por Montoro.
“¿Qué son 238 millones en todo el presupuesto municipal?”, se ha preguntado la alcaldesa este jueves, en su primera declaración pública tras el anuncio de Hacienda. “Daremos cumplimiento a lo pedido”, ha reconocido.
Pero lo cierto es que 238 millones de un presupuesto municipal de alrededor de 4.500 millones de euros, donde más de la mitad del presupuesto se destina al pago de nóminas y gastos corrientes, sí tiene consecuencias. El ejemplo es que actualmente el Ayuntamiento financia 577 proyectos de pequeña obra pública -reparación de asfalto, colegios, cementerios- por un valor de 302 millones de euros.
La alcaldesa de Madrid ha criticado la decisión del Ministerio de Hacienda, y confía en los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero la Justicia es lenta y mientras decide sobre la interpretación de la regla de gasto sobre la que discrepan Ayuntamiento y Hacienda, Carmena ha asegurado que informarán semanalmente de las retenciones exigidas.
Carmena ha anunciado este jueves una mesa de trabajo “transversal” que ya está abordando cómo dar salida a estos recortes en el presupuesto. Este miércoles, se ha produjo la primera reunión de muchas que vendrán para cumplir con Hacienda. En ellas “se estudia la situación y se proponen medidas administrativas y judiciales a tomar en el marco de los requerimientos del Ministerio”, explican desde el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento.
En esa mesa de trabajo, según ha podido saber eldiario.es, se encuentra la alcaldesa; el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato; la delegada de Asuntos sociales, Equidad y Empleo, Marta Higueras; la portavoz del Gobierno, Rita Maestre; la interventora general, Maria José Monzón, y la gerente de la ciudad, Carmen Román, entre otros altos cargos técnicos como la asesora jurídica de Carmena. “Se añadirán más si se ve necesario y conveniente”, explican desde Alcaldía.
De estos nombres, Carmen Román se perfila como “clave” en las negociaciones con Hacienda por la “muy buena relación” que hay entre la gerente de la ciudad y el Ministerio, explican fuentes municipales. Román, que fue directora general de la Función Pública durante el gobierno de José María Aznar, gue uno de los fichajes Manuela Carmena a su llegada al Ayuntamiento en junio de 2015, junto al coordinador general, Luis Cueto. Ambos son cargos de confianza de la alcaldesa que asumen grandes funciones. En el caso de Román, sobre ella recae la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.
Freno a la inversión en precampaña
“En la resolución se rechaza la reformulación del PEF aprobada en pleno del Ayuntamiento el 16 de octubre de 2017 y se exige una enmienda al Plan presentado que recoja medidas de ahorro adicionales que ascienden en el período 2017-2018 a 481 millones de euros”, explican fuentes del Consistorio. “Si sumamos a esta cantidad lo que ya habíamos dicho que íbamos a ahorrar en 2017 (127 millones de euros), nos estarían pidiendo unas reducciones en un año y dos meses de 608 millones de euros”, añaden.
La alcaldesa ha asumido este jueves que cumplir con Hacienda supondrá no ejecutar obras comprometidas y necesarias para los madrileños y madrileñas. No cree que las grandes obras como Gran Vía o Plaza España tengan que reformularse pero tendrá que establecerse “alguna prioridad y hacer algún tipo de aplazamiento”. Solo para la remodelación de Plaza de España se anunció un presupuesto de 46 millones de euros, una cifra todavía provisional.
“Van a tener que aplazarse para 2019 algunos de los planes previstos para el año que viene. Tendremos que reordenar prioridades”, explica un cargo del Gobierno. En el horizonte: las elecciones de mayo de 2019.
En una entrevista con eldiario.es, Sánchez Mato reconocía que las medidas de Hacienda entorpecen la acción de Gobierno. “Todo lo que sea poner palos en las ruedas no ayuda ni mejora esta ciudad. No es bueno que el Gobierno del PP se dedique a poner dificultades, pero nuestra voluntad es que esto no suponga un problema para la ciudad de Madrid”.
La Administración central se ha saltado tres de los cuatro años que lleva en vigor (desde 2013) la misma regla de gasto por la que Hacienda justifica intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, según datos del propio Ministerio de Hacienda.
Respecto a 2016, sólo un cambio en el modo de hacer las cuentas introducido recientemente por la oficina de estadística comunitaria Eurostat ha permitido que se considere cumplida la norma presupuestaria. Eso sí, esta modificación efectuada por el organismo con sede en Bruselas ha llevado a computar un desembolso de 1.591 millones de 2016 a 2015, con lo que el quebranto de la norma en este último año, que ya se había producido, se ha disparado.
La regla de gasto es una norma impuesta a España en pleno rescate financiero en 2012 y que entró en vigor en 2013. Bebe de la “regla de oro” con la que se reformó la Constitución en 2011 e implica que el gasto de los tres subsectores de la administración (central, autonómica y local) puede elevarse cada año respecto al anterior como máximo un porcentaje que está definido por el crecimiento medio esperado para la economía.
El primer año de aplicación, 2013, la regla de gasto en España fue del 1,7%; en 2014 del 1,5%; en 2015 del 1,3%; y en 2016 del 1,8%. En 2017 la línea roja es del 2,1%.