“La operación Chamartín, en los términos en los que está planteada, ha muerto”. Así se pronunció el concejal de Desarrollo Urbano y Sostenible, José Manuel Calvo, en una entrevista con eldiario.es en noviembre pasado. Y este martes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el propio Calvo presentarán su propio proyecto lo que supone descartar el propuesto por Distrito Castellana Norte (BBVA, al 76%; y San José, al 24%).
El plan de BBVA y la constructora San José se trataba de tres millones de metros cuadrados, unas 16.000 viviendas y modificar el nudo norte de la M-30, además de los terrenos aledaños a la estación de Chamartín. Es decir, intervenir desde la estación hasta los límites de la M-40. En total, la operación eran unos 6.000 millones de euros.
La operación capitaneada por el BBVA esperaba sacar réditos económicos –que no ha cuantificado públicamente– del suelo y las promociones de vivendas, oficinas y espacios comerciales incluidos en el plan.
Argentaria compró en una subasta hace dos décadas unos terrenos municipales junto a la estación. El pago de esos terrenos estaba condicionado a poner en marcha la operación Chamartín. El proyecto se paralizó hasta que, en los últimos meses de los gobiernos de Ana Botella e Ignacio González en el Ayuntamiento y Comunidad, se resucitó. Esta vez, no obstante, tenía fecha de caducidad: el proyecto tenía que estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2016, según firmaron las partes en el contrato. De no ser así, el BBVA, que dice haber gastado 100 millones en la realización del último proyecto, se retiraría.
Así, el Ayuntamiento se enfrentaba a un dilema: o daba el visto bueno definitivo al proyecto del BBVA antes del verano para que a 31 de diciembre de 2016 estuviera en marcha; o empezaba de nuevo. Y el Ayuntamiento ha decidido empezar de nuevo.
El programa con el que Ahora Madrid y la alcaldesa se presentaron a las elecciones decía lo siguiente en la página 21: “Revisión integral del planeamiento urbanístico. Impulsar la paralización de la ‘Operación Chamartín’: Auditar los diferentes acuerdos que se hayan firmado con entidades públicas y/o privadas. Promover un proceso participativo abierto a distintas organizaciones representativas de la ciudad y profesionales del urbanismo, ecología y transportes, para generar propuestas en torno a los problemas y posibles soluciones sobre el desarrollo de la zona norte del Paseo de la Castellana y todas las zonas aledañas afectadas por el proyecto”.
Fruto de ese compromiso electoral, nace el plan alternativo del Ayuntamiento, que se presenta este martes, y que reduce la edificabilidad, tanto de viviendas como de oficinas.
“La propuesta”, informa el Consistorio en un comunicado, “ha sido elaborada por los servicios técnicos municipales, y se trata de un documento abierto que invita a la concertación de las instituciones y que propone un conjunto de estrategias de ordenación y gestión del ámbito, para garantizar la culminación de un proyecto clave para la ciudad de Madrid”. El Consistorio, de esta manera, quiere asumir “el liderazgo de la planificación urbana”, en este caso para el desarrollo norte de Madrid.
Ahora, el documento sobre el que se ha de trabajar es el del Ayuntamiento, y no el de BBVA y San José; lo cual precisará de negociación con las partes implicadas, toda vez que el municipio tiene en torno al 15% del suelo de la operación. Es decir, para sacar adelante su proyecto, Carmena deberá encontrar un punto de encuentro, fundamentalmente, con BBVA, San José, la Comunidad de Madrid y Fomento –dueño de la estación de Chamartín y de la M-40–.
En el caso de que los impulsores de Distrito Castellana Norte no se muestren interesados en el nuevo proyecto, se abren diferentes posibilidades: el BBVA podría reclamar por considerar que ya no le interesan las condiciones por las que adquirió los terrenos hace dos décadas y podría renunciar a ellos, lo cual abriría un nuevo proceso sobre qué hacer con esos terrenos: o los administra Fomento o los vuelve a traspasar a una entidad privada.