Por las manos de José Manuel Calvo pasan algunos de los asuntos más sensibles del Ayuntamiento de Madrid. El delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible decide qué proyectos inmobiliarios y urbanísticos avanzan o no, y de qué manera. Y lo hace tras más de dos décadas de gestión popular en el Ayuntamiento de Madrid, que dejó varios proyectos polémicos encauzados, y tras sufrir las consecuencias del estallido de la burbuja urbanística.
Ahora Madrid lleva cinco meses y medio en el Ayuntamiento, y se ha encontrado operaciones urbanísticas heredadas del Gobierno municipal anterior. Una de ellas es la operación Chamartín. ¿Qué posición tiene el Ayuntamiento?
La operación Chamartín, en los términos en los que está planteada, ha muerto. Nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con una situación que nos parece que no es razonable en los términos en los que está planteada. Lo que hablamos en todo momento fue redimensionarla y reconsiderar algunos aspectos de lo que tiene que ser el desarrollo norte de la ciudad. A partir de ahí hemos abierto un espacio de debate muy rico, muy interesante con todos los colectivos, asociaciones y esperamos que de las conclusiones podamos tener más datos y más argumentos para hacer del desarrollo de la zona norte lo que esperan los madrileños y las madrileñas y lo que necesita la ciudad.
¿Quiere decir que el plan impulsado por el BBVA y el Grupo San José desaparece y el Ayuntamiento va a poner en marcha otro?
La propuesta de plan parcial en los términos en los que está planteada no es razonable. La edificabilidad total que tiene concedida el ámbito son 3,5 millones de metros cuadrados, que se traduce en casi 50 torres como las que tenemos en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Nos parece ese modelo de desarrollo urbano no es razonable. No es razonable meter 50 torres a lo largo de las vías del tren y habrá que repensar esa cifra. Hay otra cifra también que nos preocupa, que es la cantidad de metros cuadrados de oficinas: casi 1,5 millones de metros cuadrados. Teniendo en cuenta que en Madrid tenemos 3 millones de metros cuadrados de oficinas vacíos, libres, que no se ocupan, no parece que tampoco sea lo que más necesita la ciudad, meter otro 1,5 millones de metros cuadrados más. Teniendo viviendas vacías en nuestra ciudad, seguir construyendo viviendas tampoco creemos que sea en este momento lo que más necesitamos. Todos estos aspectos hay que repensarlos y reconsiderarlos.
¿El Ayuntamiento realizará su propio plan o buscará modificar el existente?
El Ayuntamiento quiere dar una solución global, razonable y sostenible social y económicamente a la zona norte. Y para ello hemos abierto una mesa de debate con todos los agentes implicados para de ese trabajo plantear soluciones que resuelvan las necesidades de ese ámbito y sean sostenibles.
Entonces, ¿esas propuestas se intentarán incluir en el plan existente?
El plan existente ha muerto, no tiene razón de ser en tanto que recoge una serie de parámetros que no nos parecen que sean razonables. Este ámbito tenía establecida una edificabilidad de 0,6 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. Cuando se plantea la operación como hay que cargar una serie de costes de mejoras infraestructurales, la losa que cubre las vías del tren, el nudo norte, el nudo de la M-40, se carga a la edificabilidad del ámbito. Como hay que pagar infraestructuras, se sube la edificabilidad del ámbito de un 0,6% a un 1,05% metros cuadrados por cada metro cuadrado edificable. Esto hace que pasemos de 1,8 millones de metros cuadrados a 3,5 millones. Nos encontramos con un modelo de desarrollo urbano que no es sostenible en esos términos. Lo que le hemos dicho a la empresa [BBVA y San José] y a Fomento es que vamos redimensionar este ámbito para que tenga unos parámetros de diseño urbano razonables. Y meter 50 torres en ese ámbito no es razonable.
Para cambiar la ratio, habrá que cambiar el plan general.ratio,
Evidentemente. Seguramente habrá que ir a una modificación específica del plan general en función de la necesidad real de edificabilidad de ese ámbito, y no en función de establecer una cifra de edificabilidad que nos sirva para, en teoría, pagar el conjunto de intervenciones, de mejoras de infraestructuras, la cobertura de las vías, etcétera. Se lo planteábamos a Fomento y a la empresa: ¿por qué aparece la losa? La losa no aparece como una necesidad de cubrir las vías, sino como una necesidad de generar suelo para que se puedan cubrir las cesiones exigidas por esa cifra de edificabilidad. Vamos a ver si se reduce la cifra de edificabilidad podemos reducir la losa y, por tanto, los costes. Vamos a ver de qué manera nos replanteamos la movilidad en el conjunto de la ciudad para ver si son necesarias esas infraestructuras o si se pueden también redimensionar económicamente. Creemos que tenemos que repensar el modelo exige tiempo, debate y por eso hemos puesto en marcha esos espacios para debatir y analizar la operación. Lo que no se puede pedir es que asumamos una operación que no es nuestra, hagamos dos retoques y la aprobemos tal cual está planteada. Porque nos parece en los términos en los que está estructurada no es sostenible para la ciudad y los madrileños.
Para cambiar el plan general se necesita a la comunidad de Madrid y tiempo. ¿Hay tiempo y disposición política de la comunidad de Madrid para cambiar el plan general de Madrid?
Tiempo hay, por supuesto, porque no es una cuestión de tiempo, sino de voluntad política para cambiar lo que sea necesario para tener una ciudad sostenible, razonable, para que no nos encontremos con otra ciudad de la Justicia. Prometían inversión, puestos de trabajo, la mayor ciudad de la Justicia, en palabras de Esperanza Aguirre, del mundo, y lo que nos encontramos hoy es un ámbito desierto con un edificio construido cerrado y lo único que se ha conseguido es genera un agujero de 105 millones de euros. Cuando las operaciones están mal concebidas en origen pueden llegar muy fácilmente al resultado de la ciudad de la Justicia. Lo que tenemos que evitar es que en el norte de la ciudad tengamos una situación de ese tipo.
La última vez que se cambió el plan general se tardaron años.
No estamos hablando de cambiar el plan general en su conjunto, estamos hablando de tramitar una modificación concreta que, en el caso de que hubiera que hacerlo es un trámite que hace habitualmente. Actualmente hay modificaciones específicas del plan general, se han tramitado antes y se seguirán tramitando después, por lo tanto no estamos hablando de una tramitación de 4-5 años que supone cambiar un plan, estamos hablando de una modificación concreta que tiene que contar, con independencia de los trámites administrativos que están fijados, con la voluntad política de las dos administraciones. Y yo creo que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento deben estar por la labor y deben ir de la mano a la hora de construir una ciudad sostenible, económicamente razonable que no nos lleve a situaciones como la que nos hemos encontrado en la ciudad de la justicia.
¿Para cuándo tendrán listo el proyecto del desarrollo norte, entonces?
Creo que hay que dejar espacio a la participación, se ha convocado una mesa que sólo ha tenido una sesión, pensamos que tiene un desarrollo mayor y hay que dejar que se hable de movilidad, edificación, infraestructuras. Nosotros nos hemos fijado un plazo orientativo de febrero o marzo para tener unas conclusiones y sobre esa base poner en marcha el proyecto de ciudad que queremos para el desarrollo norte de Madrid.
¿Ya se han dirigido a la Comunidad para pedir el cambio de edificabilidad en ese punto concreto?
No, porque ese cambio tiene que ver con los resultados del debate y no es una cifra que tenga que dar el Ayuntamiento de manera autónoma. Si generamos un espacio de debate, queremos que haya participación. Hemos hablado con Fomento porque es fundamental contar con su colaboración para plantearle aquellos aspectos que no nos parecían razonables. Uno de ellos era el de la edificabilidad, y le decíamos: vamos a ver si redimensionamos esa cifra en función de vuestras necesidades de infraestructuras. Fomento estará evaluando esa propuesta y, aunque somos conscientes de que hay un proceso electoral a las puertas y que tendrá que ser el nuevo ministro o ministra quien pilote estos cambios, sí nos parecía importante empezar a trabajar con ellos y les hemos trasladado nuestras demandas. Pero el Ayuntamiento no puede arrogarse como actor único sin haberse completado el proceso de debate.
¿Se han dirigido a los actuales promotores para desestimar el proyecto?
Por supuesto nos hemos dirigido a DCN para comentarles aquellos aspectos que no nos parecían adecuados. Todos compartimos en los términos en los que está dimensionada la operación no es razonable ni sostenible. Y eso se lo hemos trasladado a DCN, que ha recogido esa inquietud. A partir de ahí, en esa mesa de debate está la empresa, donde ha podido dar su visión de la operación y nosotros siempre hemos defendido que no podemos poner en peligro el desarrollo norte de la ciudad por cerrar ahora una operación mal planteada en sus términos. La empresa, Fomento y la ciudadanía entiende la posición del Ayuntamiento: actuar con responsabilidad institucional.
A ustedes qué les interesaría más: ¿Que el proyecto actual se amoldara a lo que está diciendo o empezar de cero?
El proyecto en última instancia lo tendría que desarrollar el promotor. Lo que estamos hablando es de redimensionar aquellos elementos que van a condicionar la definición de ese proyecto. En ese redimensionamiento si planteáramos en el hipotético caso recuperar la edificabilidad que tenía asignado el ámbito según el plan de 1997, que no nos la estamos inventando sino que se consideró que era la adecuada, pues evidente que esa cifra va a replantear todo el proyecto. Pero esa labor le correspondería al promotor. Nosotros queremos fijar unas bases para generar un modelo de ciudad razonable, sostenible y cuyo desarrollo sea viable a lo largo del tiempo.
El promotor afirma haber firmado hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Habrá tiempo de alcanzar un acuerdo?
Lo que sabemos es que hay una cláusula del contrato entre Fomento y el promotor según la cual si no se dispone de un plan parcial el 31 de diciembre de 2016 se puede resolver ese contrato, lo cual sería una decisión de las partes. Pueden hacerlo y pueden no hacerlo. Conviene aclarar que el promotor ya dispuso de un plan parcial aprobado en 2011. En aquel momento no les interesó seguir adelante y le pidieron al ministerio repensar una serie de condiciones económicas a cambio de cambiar el plan. También ha sido responsabilidad de la empresa haber llegado a este momento sin un plan parcial que tuvieron aprobado en su momento. Lo que no podemos es asumir mochilas que no nos corresponden; tenemos que velar por el interés general de los ciudadanos y los madrileños y por garantizar que el desarrollo norte de la ciudad sea sostenible y viable tanto ahora como a lo largo del tiempo.
Hablando de mochilas. El viernes pasado el pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto inmobiliario de Chamberí con el voto en contra de seis concejales de Ahora Madrid y el voto a favor del PP. ¿No le genera inquietud sacar adelante una moción con el voto en contra de parte de su grupo y con el apoyo del PP de Esperanza Aguirre?
También votó a favor Ciudadanos, pero la cuestión me parece que entra en lo que es un grupo que comparte un proyecto de ciudad común y puede plantear alguna discrepancia respecto de algún tema. Nosotros cerramos el trámite de aprobación definitiva de un plan parcial que ya venía de la corporación anterior, y nosotros como Gobierno responsable también tenemos que asumir una serie de elementos que vienen tramitados. Nosotros no nos encontramos con una hoja en blanco, el Ayuntamiento de Madrid no es un erial que se reinicie cuando llega un nuevo Gobierno, hay procesos en marcha y expedientes en tramitación. Y lo que nosotros consideramos en este momento evaluando todas las opciones fue cerrar esa tramitación de un plan parcial que cuando salió a información pública fue un plan al que se plantearon dos alegaciones y una se admitió. Es un tema que al Ayuntamiento casi no le compete, porque es un asunto del ministerio de Defensa en el que, en su momento, utilizando la tramitación del plan general de 1997 se planteó un cambio de uso de una manzana que tenía uso dotacional a uso residencial lucrativo y el ministerio vende esos suelos y es responsabilidad de Defensa la venta de ese patrimonio público.
Nosotros como administración responsable, lo que hemos hecho en este caso, teniendo en cuenta que había una cooperativa con cooperativistas que habían desembolsado una cantidad y que tenían también sus expectativas creadas, valorando todas las opciones, decidimos cerrar la tramitación de ese expediente. Y entendiendo la normalidad que tiene, y es bastante habitual en las democracias anglosajonas, que puedan surgir discrepancias en un grupo. La alcaldesa y todos defendimos en campaña que esto no era una iglesia y la libertad de voto y lo que hemos hecho es ejercer ese compromiso. Nadie debe sorprenderse, es una señal de salud democrática que en un grupo político puedan surgir diferencias de criterios respecto de varios temas.
¿Usted sabía antes de la votación que votarían en contra?
Bueno, se apeló a la libertad de voto... Nosotros no tenemos reuniones para establecer el sentido de nuestro voto. Nosotros entendemos que forma parte de la libertad de los concejales el sentido de su voto y en ese marco nos movemos, no hay reuniones para determinar qué se vota y qué no se vota. Tenemos esa garantía democrática y nos parece bien que se ejerza compartiendo un proyecto común, ya ha ocurrido en alguna otra ocasión y seguramente pueda ocurrir en el futuro. Es un síntoma de salud democrática.
¿Entonces no sabía que votarían en contra?
Nosotros no tenemos reuniones para establecer un criterio común de voto, por lo tanto los concejales ejercemos nuestro derecho al voto de manera libre.
¿No avisaron?
Como digo, no tenemos reuniones para avisarnos qué vamos a votar y qué no vamos a votar, y por lo tanto ejercemos libremente nuestro derecho al voto.
¿No se podía haber hecho de otra manera la operación?
Cuando nos encontramos con este asunto, la cooperativa podía tener un problema financiero importante habiendo desembolsado el 50% del precio del suelo [55 millones]. Este asunto pesa ante la decisión. Seguramente esta operación está mal concebida. A nosotros no nos parece bien que se recalifique suelo público para cambiarlo a lucrativo residencial y poder hacer caja vendiendo suelo público. No nos parece bien esa manera de entender el diseño urbano. Pero no estamos en el punto de cambiar ese proceso, que viene de 1997, sino con las legítimas reivindicaciones de los vecinos, con las legítimas reivindicaciones de los colectivos que plantean el valor patrimonial de ese edificio, pero nunca ha estado catalogado, cuando el expediente salió a información pública ninguna de las alegaciones planteó su catalogación o su valor arquitectónico, y nos encontramos con un expediente del Gobierno anterior, que está en tramitación y que tenemos que dar una respuesta casi inmediata porque hay una fecha tope para la cooperativa haga frente al segundo pago de ese suelo [26 de noviembre, según la promotora]. A pesar de ello, conseguimos dos cuestiones importantes: por un lado, la reducción del número de plaza de garaje –de 1.450 plazas a 990– porque entendemos que el centro de la ciudad están colapsadas de vehículos y nuestro criterio es eximir de la dotación los vehículos o tratar de reducirla al máximo. Y, luego, también, que se tramitará ahora, en el convenio de gestión, la cesión en suelo de ese 10% de cesiones obligatorias que tiene que hacer el promotor. Esa cesión en parcela dentro del ámbito nos va a permitir un suelo municipal donde el Ayuntamiento puede cambiar a uso dotacional y plantear equipamientos del distrito. Son dos cuestiones de las que estoy satisfecho y nosotros como Gobierno responsable tenemos que dar respuesta administrativa a los administrados, que son todos, casando, muchas veces de manera no sencilla, las reivindicaciones legítimas de los vecinos, con los derechos adquiridos de otros administrados. Y en ese marco hemos trabajado.
Si lo tenían tan claro, ¿por qué aplazaron 48 horas la aprobación y convocaron una mesa informativa?
Porque nos parece que gobernar es escuchar y dar explicaciones. Cuando este expediente ha seguido las diferentes etapas de tramitación, no nos hemos encontrado con una protesta ni malestar generalizado. Pero cuando se alcanza la última semana cuando se informa de que se va a elevar a pleno, surge una inquietud de colectivos y vecinos. Y entendemos que no podemos ser inmunes a esas peticiones. Y nos parece que un Gobierno responsable debe escuchar y dar explicaciones, por lo que retiramos el punto del orden del día, convocamos una mesa, explicamos las razones de nuestras decisiones y dejamos muy claro que no tenemos mochilas ni compromisos más que con la ciudadanía que nos ha votado. Es un hecho innovador en la política madrileña y un claro síntoma de salud democrática del Ayuntamiento de esta ciudad.
Por lo que dijeron las asociaciones allí presentes y la división del voto de Ahora Madrid... ¿No tienen miedo despegarse de la gente que les ha votado?
Al contrario, yo creo que nosotros nos estamos caracterizando por dar la palabra a la gente, por escuchar a la gente... Yo mismo voy a asamblea, actos públicos...
Pero en este caso han hecho lo contrario de lo que dicen aquellos a los que dicen escuchar...
Nadie ha hecho lo contrario de lo que dicen aquellos a los que escuchamos, porque en este caso hay que escuchar las reivindicaciones legítimas de los vecinos, pero también hay un dato importante: cuando el expediente salió a información pública tuvo dos alegaciones y también hay que escuchar las reivindicaciones también legítimas de otros administrados que son los cooperativistas y tenemos que tratar de tomar una decisión que sea lo más justa y lo más coherente posible con nuestra política y con el margen de maniobra que podemos tener en cada caso. Y creo que se tomó la decisión menos mala, teniendo en cuenta el marco en el que nos movíamos.
¿Cuál era el perjuicio económico de la promoción, si se trabaja con avales y los cooperativistas podían ver reembolsado su dinero por la promotora?
El perjuicio es someter al Ayuntamiento a una demanda patrimonial por parte de quien sea, de quien haya puesto los recursos y teniendo en cuenta las expectativas creadas, de derecho... Valorando esas opciones y teniendo en cuenta que los ciudadanos no quieren que sometamos a su administración a una posible demanda por este importe, tenemos que tomar una decisión que nos parece la más razonable teniendo el cuenta el marco en el que nos movemos. No es la operación Castellana Norte, porque no hay derechos adquiridos. Sino que estamos hablando de un expediente que estaba en tramitación y al que hemos dado una solución lo más coherente a nuestro manera de entender la ciudad y con el objetivo de generar el menor problema posible a los ciudadanos.
¿Quienes sí van a recurrir van a ser Ecologistas en Acción?
Están en todo su derecho, igual que con cualquier otro plan parcial que se tramita cualquier colectivo está en su derecho de recurrirlo. En este caso trabajamos con la seguridad jurídica que nos dan nuestros servicios técnicos.
Se han reunido con Florentino Pérez para hablar de la reforma del Bernabéu. ¿Qué opinión tienen?
Cumplir estrictamente la legalidad. Así se lo hemos trasladado al señor Pérez. Evidentemente tuvimos una reunión con él, en la que nos planteó su visión de lo que quiere realizar en el estadio como reforma. Se puso encima de la mesa que el planteamiento ha sido anulado por los tribunales y tendrá que replantearlo en caso de quiera hacer una reforma de ese tipo. Nosotros nos comprometemos a estudiar las propuestas, pero siempre dentro de la estricta legalidad. Si hay un procedimiento anulado por los tribunales, parece razonable cambiar de planteamiento.
¿Les ha dicho cuándo presentará un nuevo proyecto?
Lo que nos trasladó fueron los objetivos que tenía. Fue una reunión casi de primer contacto, en la que no entramos en detalles técnicos.