El centro de Madrid se cerrará al tráfico de paso a partir de junio de 2018. Es cuando el Ayuntamiento de Manuela Carmena tiene previsto poner en marcha la gran Área de Prioridad Residencial (APR) en todo el distrito centro, también llamada Área central cero emisiones. El objetivo: reducir drásticamente las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO, en una de las zonas de la capital que soporta grandes niveles de contaminación del aire.
La universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha elaborado un informe sobre el impacto que tendrá esta medida, y otras del incluidas en el Plan A, en la calidad del aire de la ciudad. Las conclusiones que arroja este estudio estiman que la reducción de concentración de NO será de un 30% en 2020 respecto a 2012, el año del último inventario nacional de emisiones. Ese mismo año, la reducción de las emisiones de nitrógeno en el conjunto de la ciudad será de un 23% y en la almendra central de un 26%.
El Plan A recoge hasta 30 medidas enfocadas a reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de efecto invernadero. La más importante es la APR pero hay más que contribuyen a la reducción de las emisiones en esta zona, como son la renovación de la flota de autobuses urbanos y de taxis con vehículos de bajos en emisiones, la creación de itinerarios ciclistas o la ampliación y mejora de espacios peatonales.
Este Plan que el Ayuntamiento ha elaborado escuchando a Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad de Madrid, grupos municipales y colectivos ecologistas incorpora algunos cambios en su versión definitiva respecto al borrador inicial. Uno de los aspectos que se han modificado es la distribución urbana de mercancías, en el que se ha modificado el calendario de acceso al Área Central Cero Emisiones de los vehículos sin distintivo ambiental para dar más margen en el calendario. La restricción variará también en función de las toneladas de masa máxima.
Delimitación y accesos a la APR
Los límites de este área lo definen las rondas y bulevares. La delimitación la harán las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa y Serrano Jover. “Su configuración permite establecer un sistema de fácil gestión de control de accesos, tanto al ámbito como a los aparcamientos”, aseguran fuentes municipales.
Una de las cuestiones que más ha costado definir sobre esta gran APR es qué vehículos podrán acceder a ella. Cuando se planteó hace ya más de un año, se habló de acceso a residentes, vehículos comerciales y transporte público incluyendo a los taxis. La medida, que se encuentra enmarcada dentro de un paquete de 30 del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático, y que se aprueba este jueves en Junta de Gobierno, ya tiene definido qué vehículos podrán acceder finalmente.
Además de residentes, transporte público y taxis y vehículos comerciales; los coches con licencia de chófer VTC, los eléctricos, las iniciativas de vehículo compartido como Car2go o Emov, los usuarios con aparcamiento y las motos en horario diurno también podrán acceder a este gran área.
La creación de este área central restringida también servirá para disminuir el impacto del coche privado en la movilidad de la zona. El coche tiene reservada una proporción muy elevada del espacio público frente al destinado al peatón. los datos facilitados por el Ayuntamiento hablan de un 80% del espacio para los vehículos pese a que realizan el 29% de los desplazamientos.
La aplicación de la APR centro se enmarcada dentro de otras medidas encaminadas a revertir esta desigualdad: las ampliaciones de aceras y la peatonalización de calles. El máximo exponente de este cambio de modelo de ciudad lo simboliza la Gran Vía, que a finales de 2018 tendrá un aspecto nuevo con más espacio para el peatón y la bicicleta. El Ayuntamiento, no obstante, no tiene datos estimativos de cuánto se reducirá el tráfico en el centro con todas estas medidas.
Compromiso con Bruselas
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, reconocía este martes que no será hasta 2020 cuando Madrid cumpla con las exigencias de Bruselas en cuanto a reducción de la contaminación. La Comisión Europea envió el pasado mes de junio una Carta de Emplazamiento a España por el incumplimiento de los niveles máximos de contaminación en Madrid, Barcelona y el área del Llobregat (Cataluña), el primer paso en el procedimiento sancionador de la Unión Europea.
El plazo que la UE ha dado a España caduca el 31 de diciembre de 2017. A partir de entonces el ejecutivo comunitario puede aplicar sanciones millonarias a España. Sabanés ha explicado que se ha remitido un plan detallado a Bruselas con las previsiones de reducción de emisiones para los próximos tres años. La UE todavía no se ha pronunciado.
El problema viene por la acumulación de dióxido de nitrógeno (NO) en el aire. Un gas que proviene mayoritariamente de la combustión de los vehículos. En el caso de Madrid, el incumplimiento de la normativa legal comenzó en 2010 y se ha repetido cuatro veces consecutivas.