Cristina Cifuentes enmienda a Esperanza Aguirre e Ignacio González con sus primeros presupuestos. La presidenta regional mantiene en suspenso el Campus de la Justicia, reactivado en el último suspiro de su mandato por su predecesor y que está siendo examinado por la comisión de estudio de la deuda en la Comunidad de Madrid.
Los presupuestos de la Comunidad fían a la recuperación económica el cumplimiento de las cuentas: prevé una bajada del paro hasta el 14,9%, un crecimiento del 3,1% del PIB y un déficit del 0,3%. Y aumenta, por encima de lo que lo hicieron Aguirre y González, el gasto en políticas sociales.
La confianza en la recuperación económica, defendida por el Gobierno de Mariano Rajoy, supone que los presupuestos regionales prevean un incremento de la recaudación del 7,4 % y la creación de 118.00 empleos durante 2016.
La Consejería de Sanidad contará en 2016 con la principal partida, un presupuesto de 7.446,3 millones de euros, un 2,15 % más que el presente ejercicio, cifra que representa el 41,6 % de todo el gasto previsto por la Comunidad, mientras que las políticas de empleo verán aumentada su partida un 27,7 %, hasta 397 millones.
Del total del presupuesto, 17.890,2 millones, casi el 90% va destinado a sanidad, educación, servicio sociales, vivienda, transporte y políticas de empleo.
En materia de transporte, en la que están enfrentadas la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y Cifuentes, por la negativa de esta última a aportar fondos a los autobuses de la EMT a través del Consorcio de Transportes.
La presidenta regional ha recalcado que se amplía en 190 millones la subvención a los billetes (la parte que no pagan los usuarios), hasta los 1.069 millones, para la ampliación del límite de edad del Abono Joven y su tarifa plana de 20 euros, así como la tarifa plana para parados de larga duración sin ingresos. En total, la partida para la Consejería de Transportes asciende a 1.585 millones, un 9,3 % más.
Por su parte, el presupuesto para Políticas Sociales y familia crece un 6,6 %, hasta 1.474,6 millones, donde destaca fundamentalmente la partida para la Renta Mínima de Inserción (RMI), que crece un 28,1 %, hasta los 120 millones, para atender a 28.000 familias beneficiarias.
Las personas mayores en situación de dependencia tendrán casi 470 millones, además de otros 150 millones (un 26,5 % más) para prestaciones económicas por dependencia.
Además se incluye, por primera vez, el impuesto a los depósitos bancarios, aplicado por el Gobierno central.