El sistema público de sanidad ha colapsado en Madrid. Y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca auxilio en los hospitales privados. El “mando único sanitario” –como lo llamó en marzo el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero– se ha vuelto a poner en marcha esta semana, como ya había sucedido en la primera ola. Aunque esta vez el Ejecutivo regional sí ha explicado cuál será el coste para los madrileños. La expansión acelerada del coronavirus tras las fiestas de navidad ha puesto de nuevo en alerta roja al sistema: los ingresos en planta y, sobre todo, en las unidades especiales que atienden a pacientes críticos se encuentran al límite. Hasta el 28 de febrero, los hospitales públicos podrán derivar pacientes a la sanidad privada. Los primeros han llegado este miércoles.
El Gobierno de Madrid pagará 748 euros por cada día que los pacientes pasen en planta y 2.048 euros por cada jornada que pasen en una UCI, el verdadero quebradero de cabeza de la administración madrileña, que se encuentran ya al 134% de su capacidad, utilizando puestos de refuerzo.
Madrid fue la primera región en sufrir la segunda ola de la pandemia y no llegó a recuperarse del todo cuando ha llegado la tercera. Se inició en agosto y varios factores fueron determinantes: la falta de rastreadores y el colapso de una Atención Primaria mermada durante los años previos de la pandemia que sigue estando en una situación crítica. El sindicato mayoritario de médicos AMYTS ha presentado un recurso ante el contencioso-administrativo después de que el Gobierno de Ayuso no haya cumplido con ninguna de las medidas a las que se comprometió en septiembre para librarse de la huelga indefinida de los médicos de familia: ni ha contratado a los más de 300 sanitarios que prometió ni ha abordado la reestructuración para librar a estos sanitarios de la pesada burocracia ni tampoco ha equiparado sus salarios a los del resto de profesionales hospitalarios. Ahora, tras invertir más de 100 millones en el hospital Zendal, el gabinete que preside Isabel Díaz Ayuso ha recurrido a la privada.
Los meses de septiembre y octubre fueron los más difíciles de la segunda oleada. Después los contagios comenzaron a bajar y la región tocó suelo el 8 de diciembre, con una incidencia acumulada en el territorio se situó en 181 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Las autoridades madrileñas presumían entonces de la evolución mientras otros países tomaban medidas cuando ese índice pasaba de 50. Pero la región que había liderado las estadísticas de muertes y contagios en el estallido de la crisis había abandonado los primeros puestos de esa clasificación y veía cómo los casos se disparaban en otras autonomías. Ayuso daba a entender entonces que su Gobierno había dado con la clave, pese a tener la hostelería abierta y un régimen más abierto que otras regiones. Pero tras ese puente, la curva se invirtió y volvió a escalar poco a poco, hasta que en las últimas cuatro semanas el aumento ha sido exponencial pasando de una incidencia 390 casos a los 995 actuales.
Mientras la presidenta lanzaba proclamas públicas a favor de la hostelería y en contra del cierre de la ciudad, algunos técnicos y compañeros de partido se esforzaban en convencerla de que la situación empezaba a ser muy preocupante y que lo peor podía estar por venir.
Para medir la gravedad de la expansión del virus la incidencia acumulada no es el único factor determinante: la saturación de los hospitales juega un papel fundamental. Es decir, que no colapse la capacidad asistencial del sistema sanitario, algo que ocurrió durante la primera ola en Madrid en la que miles de ancianos en las residencias fallecieron sin poder ser atendidos en los hospitales madrileños. Ahora, ante el riesgo de que algo así pueda suceder de nuevo, el Gobierno regional ha vuelto a hacer uso de la sanidad privada.
Los hospitales cuentan ya con 5.021 pacientes con COVID-19 ingresados, 724 en UCI y el temor de los sanitarios va en ascenso. “Los ingresos han crecido muchísimo”, asegura una intensivista del hospital de Fuenlabrada que prefiere mantener el anonimato. “Estamos viendo cifras muy preocupantes en urgencias que acabarán repercutiendo en muchos ingresos en las UCI, que ya están al borde de su capacidad”, añade. En este hospital que cuenta con 24 camas UCI tras la primera ola –antes tenía 12– ya se han habilitado espacios de críticos. “En dos o tres semanas ha habido que quitar plantas normales reconvertirlas en COVID”, relata otro intensivista del 12 de Octubre. La situación es similar en otros grandes hospitales, donde el personal sanitario empieza a revivir la pesadilla de los meses de marzo y abril de 2020.
El mayor problema: las UCI
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había anunciado en julio la construcción un hospital de pandemias que albergaría 1.000 camas. Se inauguró apenas cinco meses después con unos sobrecostes del doble de lo presupuestado: finalmente ha costado –al menos– 100 millones de euros, además de otros costes de seguridad y mantenimiento. La factura no incluye sanitarios, porque el Gobierno regional nunca ha querido contratar a más personal para atender a los pacientes de esta infraestructura, que según dijo asombraría al mundo.
El hospital de 1.000 camas que se ha ido abriendo por fases está ya operativo pero la Comunidad de Madrid ha tenido que recurrir este miércoles de nuevo a la sanidad privada. La obra que se vendió como el hospital milagro sirve para albergar pacientes pero no resuelve el problema fundamental, según explican todos los sanitarios consultados: el verdadero déficit de la red hospitalaria son las unidades de críticos en las que ingresan los pacientes más graves. El Enfermera Isabel Zendal solo cuenta a día de hoy con 16 camas UCI. Ante los contagios disparados, la estancia media de un paciente con COVID en una unidad de críticos es de 20 días. Rápidamente quedan desbordadas. Los hospitales de la red pública ya han abierto nuevas camas de UCI, algo que no pasó en la segunda ola.
Por cada paciente que ingrese en una de estas unidades de la sanidad privada derivado de la pública, el Gobierno regional pagará 2.048 euros. La factura por tanto podría incrementarse hasta los 40.960 euros a los que después habría que sumar los días que esos pacientes pasaran en planta a razón de 738 euros por día. Unos costes muy superiores a los pagados por otras comunidades autónomas que también han recurrido a los centros privados para aliviar la presión asistencial. Galicia, gobernada por el PP, paga por cada paciente crítico que deriva entre 330 y 370 euros por día. Andalucía, del mismo color político que Madrid, pagará “entre los 170 y los 700 euros, según la modalidad –es decir si es planta o UCI–”, según especificó el consejero de Sanidad Andaluz. En Navarra, los precios oscilan entre los 4.908 euros por paciente en planta y 40.978€ por paciente en UCI, por estancias, algo similar a lo que ocurre en Catalunya donde también se facturan los tratamientos completos. El Govern catalán pagó 43.400 euros por cada paciente que hubiera estado en la UCI y hubiera recibido el alta, además de 5.000 euros por cada paciente que no hubiera pasado por la UCI y hubiera estado ingresado más de 72 horas o hubiera muerto y 2.500 por cada enfermo que hubiera permanecido en el centro menos de tres días.
Los precios de Madrid también distan muchos de los fijados en el mes de marzo –durante la primera ola– por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados. ASPE estableció en 250 euros al día el coste de hospitalización de un paciente con COVID en planta. En el caso de los que ingresaban en las UCI, la cuantía subía a entre 650 y 700 euros, unas cantidades que incluían habitación, medios y tratamiento, según publicó Infolibre.
Camas cerradas en hospitales públicos
Madrid abonará esas cantidades a la sanidad privada mientras mantiene cerradas algunas instalaciones en centros públicos. Por ejemplo, 16 camas en el hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. El hallazgo de Salvados se produjo en plena segunda ola de la pandemia, después de que la sanidad colapsara durante la pasada primavera a consecuencia de la COVID-19. La Consejería aseguró entonces que esas habitaciones no se llegaron a utilizar “porque la necesaria adecuación del espacio al que se refiere el programa [Salvados] era incompatible con las necesidades inmediatas que marcaba el ritmo de expansión de la pandemia”. Muchas semanas después, se ha levantado un hospital de 100 millones, pero esas camas permanecen cerradas, al igual que otras ocho en el hospital Infanta Leonor, en Vallecas. Según publicaba este lunes el País, los anestesiólogos han pedido a la Consejería que se abran cuanto antes.
La tensión hospitalaria similar a la que colapsó al sistema sanitario madrileño en marzo, sin embargo, no cambia el plan del Gobierno regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso considera que ha llegado al límite“ de lo que consideran ”necesario“ dentro de sus competencias para hacer frente a la tercera ola. Ayuso accedió el pasado viernes tras una larga negociación con la Consejería de Sanidad a adelantar el estado de alarma a las 22 horas y el cierre de la hostelería a las 21 horas. pero no va a dar un paso más. ”No hay que enfrentar salud y economía“, ha defendido en diferentes ocasiones. Con unas UCI al 134% y una incidencia acumulada que roza los 1.000 contagios, el Ejecutivo de Ayuso deja en manos del Gobierno de Pedro Sánchez que se adopten nuevas medidas.