El próximo 6 de julio, el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se reunirá en el complejo cultural El Águila, a las 11 de la mañana, y se declararán como Bien de Interés Cultural (BIC) tres pinturas de Francisco de Goya y Lucientes, conservadas en propiedades privadas de la región: “El apóstol Santiago y sus discípulos adorando a la Virgen del Pilar”, “Maja y Celestina” y el “Retrato de Valentín Belvís de Moncada”. Este último fue, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, teniente general del Ejército de Carlos IV, capitán general de Castilla la Nueva con Fernando VII, grande de España. Y, en el siglo XXI, fue la obra de arte que libró de la ruina económica a Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, conde de Bornos.
Con una década de retraso, la Comunidad de Madrid ha decidido catalogar y proteger una pieza maestra del patrimonio español que la entonces presidenta regional ocultó a la propia Comunidad de Madrid, en julio de 2012, cuando se la vendió al constructor Juan Miguel Villar Mir, por cinco millones de euros. “Está arruinado y con serio riesgo de ir a la cárcel si no ponía remedio a la situación”, explicó la presidenta, entre lágrimas, a la familia de su marido, tal y como desveló elDiario.es La venta ha desencadenado un conflicto familiar entre el actual conde de Bornos y sus hermanos. Uno de los herederos, Íñigo Ramírez de Haro, reclama su parte del beneficio de la transacción.
Íñigo Ramírez de Haro acusó a su hermano de simular una donación del Goya que nunca se produjo, y dijo que fue una triquiñuela ideada por la familia aristocrática para evitar la quiebra económica, que también arrastraba a Aguirre, por la mala gestión de las empresas familiares. El Goya se vendió, pero él asegura que nunca se repartió ese dinero entre el resto de herederos. La causa penal se archivó inicialmente y ahora la Audiencia Provincial tiene que decidir si se reabre; hay también una causa civil para determinar la validez de la herencia.
Antes de la transacción, Aguirre acudió a la casa de subastas Sotheby’s, que llevó el cuadro al Museo del Prado a que confirmaran la autoría de Goya. La institución pública certificó la firma, gracias a la especialista Manuela Mena, que ha asegurado desconocer que la propietaria del cuadro era, además, miembro del patronato del museo. Entonces James Macdonald, responsable de Sotheby’s, propuso a Aguirre pedir un precio de ocho millones de euros por el retrato.
Macdonald también recomendó a la familia política de Esperanza Aguirre, en un informe que adelantó este periódico, vender el cuadro en España y evitar el ruido y la publicidad que supondría hacerlo en una subasta internacional. Sacarlo al extranjero obligaría a Aguirre a hacer pública la posesión del cuadro, pedir permiso de exportación al Ministerio de Cultura y que la Comunidad de Madrid lo catalogara como BIC.
“El riesgo de solicitar una licencia de exportación es que el cuadro sería declarado casi con toda seguridad BIC, lo que lo haría mucho menos atractivo para posibles compradores dentro de España por las diversas obligaciones que acompañan a la propiedad de una pintura protegida”, aseguró James Macdonald en el informe de tasación que hizo llegar a Aguirre y su familia.
Esperanza Aguirre tomó una decisión que dejó por escrito en un correo electrónico a su cuñado, Íñigo Ramírez de Haro, que le proponía contactar con expertos del Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York: “No creo que debamos decir nada”, tal y como adelantó este diario. Y añadió: “Es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político”, escribió una de las políticas del PP más influyentes en aquellos días. La presidenta de Madrid no comunicó la existencia del cuadro a la Dirección de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que ella misma presidía.
Aguirre y su marido vendieron en secreto la pintura que durante años había estado en la chimenea del salón principal del palacete de su suegro, que ahora habitan ambos. Los Ramírez de Haro tenían en alta estima a Valentín Belvís de Moncada (1762-1823), militar español que luchó en la guerra contra Francia. Hacer pública una obra supone que las administraciones autonómicas y estatales fiscalicen la localización del bien artístico para catalogarlo, conservarlo y protegerlo. Cada movimiento de la obra queda registrado y, en caso de venta, es imposible esquivar las obligaciones tributarias del precio real.
Fernando Ramírez de Haro notificó la venta del cuadro al Ministerio de Cultura, pero sorprendentemente ninguna institución puso en marcha una investigación sobre el bien, pese a que la Ley de Patrimonio Histórico obligaba a comunicarlo antes, y no después, de haberlo vendido. Según la Ley autonómica, el cuadro de Goya era per se un BIC, por lo que necesitaba la autorización de la Comunidad de Madrid para su venta. De hecho, años después, en 2015, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español –organismo asesor del Ministerio, que determina qué bienes artísticos se deben proteger y cuáles se pueden exportar– concedió al cuadro, ya en poder de Villar Mir, un pasaporte para formar parte de una exposición temporal en la National Gallery de Londres.
El Ministerio de Cultura estaba en manos de José Ignacio Wert (PP) y no se movilizó ante una obra valorada en más de seis millones de euros que abandonaba España. Podría haber reclamado a la Comunidad de Madrid, ya en manos de Ignacio González (PP), la declaración BIC de la pintura de Goya. Nadie ha garantizado la protección de la pintura que fue bendecida por los especialistas del Museo del Prado hace diez años y que en estos momentos no está muy claro en poder de quién está. Villar Mir declaró a este periódico que el cuadro sigue siendo suyo, aunque lo ha entregado al Banco Santander como dación en pago. “Pero con una opción de recompra y un interés muy bajo. Lo podemos recomprar hasta dentro de tres años”, explicó hace un año.
Con la compra del retrato de Goya, el presidente de OHL salvó de la bancarrota a la familia de Aguirre. A los pocos meses de la venta, en un movimiento sin precedentes contra el patrimonio español, la Comunidad de Madrid retiró la máxima protección a dos edificios significativos del conjunto de Canalejas, que Villar Mir compró a Jaime Botín para derribar y levantar el epicentro del lujo –galería comercial, hotel y apartamentos– donde antes había siete edificios históricos.
El Gobierno de Esperanza Aguirre también puso en marcha una reforma de la Ley de Patrimonio de la región que no estaba prevista en el programa del PP y gracias a ella el constructor pudo ejecutar su obra sin problemas. A los pocos meses de aprobar la nueva Ley de Patrimonio Histórico, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en ocho artículos. Casi una década después la ley sigue sin adecuarse al mandato del tribunal. La semana pasada Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, aseguró que tampoco tenía previsto devolverla a la constitucionalidad este año.
Cuando se firma la compra de la pintura, OHL ya tenía acabado el documento que más tarde presentó al Ayuntamiento como “consulta urbanística vinculante”. El proyecto de intervención diseñado por el arquitecto Carlos Lamela para OHL concretaba la estrategia que las administraciones implicadas debían seguir y siguieron al pie de la letra en los asuntos claves. Ese informe de más de un centenar de páginas era una carta a los Reyes Magos que la Comunidad de Madrid debía cumplir y que hizo posible que empezara la demolición del conjunto patrimonial en septiembre de 2014.
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