La Comunidad de Madrid se enfrenta a un aluvión de demandas por no proteger la salud laboral de sus médicos

Laura Olías

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Tambores de batalla judicial contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La pionera sentencia que adelantó elDiario.es la semana pasada, que condena a la sanidad madrileña a indemnizar con 20.000 euros a un médico por un “incumplimiento flagrante” de la protección laboral de los profesionales de Atención Primaria, es de los primeros casos resueltos de un aluvión creciente de demandas. Los sanitarios exigen compensaciones ante la vulneración de sus derechos, en un aspecto fundamental como es la protección de su salud.

“Llevamos ya casi 400 demandas”, explica Vicente Martín Manzanero, abogado de Atención Primaria Se Mueve, que defendió al médico que ha logrado esta sentencia favorable. Tras esta victoria en primera instancia, en apenas una semana el número de demandas ha crecido en alrededor de un centenar, dice el abogado. La sentencia “no es firme”, destacan fuentes de la Consejería madrileña de Sanidad, que ha recurrido la resolución judicial.

En el sindicato sanitario Amyts también afirman que han presentado “decenas” de demandas de sanitarios en este sentido. En su caso, han tenido una primera sentencia desfavorable, por lo que han recibido muy positivamente este fallo. “Estamos muy esperanzadas con esta demanda, ojalá prosperen más, es de justicia. La situación de sobrecarga que llevan afrontando los médicos y pediatras de Atención Primaria es absolutamente insoportable”, afirma Ángela Hernández, secretaria general de Amyts.

De momento en CCOO y UGT no han presentado demandas individuales para reclamar indemnizaciones, responden en ambas centrales. En cualquier caso, en CCOO destacan que una vez que ha prosperado esta denuncia, es posible que haya afiliados que pidan dar ese paso, para lo que se desplegarían los servicios jurídicos del sindicato. “Ha ocurrido en el pasado cuando se han ganado otros derechos, como la carrera profesional”, sostienen.

Indemnizaciones por daños de “hasta 60.000 euros”

La reciente condena de Madrid es la primera resuelta de las demandas presentadas por Atención Primaria Se Mueve, explica su abogado. La magistrada reconoce una indemnización de 20.000 euros, como pedía la defensa del médico, por la vulneración de derechos fundamentales. En este caso, la violación de la protección de su integridad física y su salud, recogido en el artículo 15 de la Constitución Española.

En la sentencia, la jueza Amaya Olivas Díaz recuerda que el Tribunal Supremo ha resuelto que “el daño moral se encuentra indisolublemente unido a la vulneración del derecho fundamental”. La dificultad reside en concretar la cuantía de la indemnización, para lo que se suele utilizar como referencia la LISOS, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que tiene un catálogo de sanciones según la gravedad de las faltas laborales.

El carácter inmaterial de los daños morales “hace que la jurisprudencia cuantifique su indemnización objetivando la misma conforme a la gravedad de la falta de la que derivan”, recoge la magistrada en su condena a la Comunidad de Madrid. Además, “debe tenerse en cuenta el efecto disuasorio de este tipo de actuaciones”.

Como resultado, fija la indemnización en los reclamados 20.000 euros “dada la gravedad de los hechos, el riesgo sobre la salud del demandante, el manifiesto incumplimiento de los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo, la ausencia de respuesta a su escrito, y el tiempo transcurrido desde los fallos judiciales”. 

“No es una cuantía descabellada, para el cálculo no cogimos la más elevada de las posibles, sino una de grado medio”, sostiene Vicente Martín. Las indemnización que recogen las demandas dependen también de las circunstancias vividas, con casos de profesionales que han visto quebrada su salud y que reclaman daños por los periodos en que han estado de baja. “Hay gente que reclama más de 60.000 euros”, añade el abogado, que tiene señalados dos juicios más la semana que viene.

Reducir la sobrecarga, clave para “frenar la hemorragia”

La búsqueda de reparación de los sanitarios ante lo sufrido es “de justicia”, indican desde Amyts, que ponen el foco en no repetir errores y en mejorar de inmediato la prevención de riesgos y las condiciones laborales para “detener la hemorragia de profesionales en la Atención Primaria”, explica Ángela Hernández.

Desde la Consejería de Sanidad madrileña explican que están “en pleno proceso de implantación de un nuevo modelo de agendas, tras los acuerdos alcanzados con Amyts, para garantizar un máximo de 34 pacientes por médico de familia con 10 minutos por consulta y 24 pacientes por pediatra y 15 minutos por consulta. Ya hay casi 40 centros de salud con el nuevo modelo y el resto se incorporarán de manera progresiva hasta final de año”.

La condena de este juzgado madrileño desveló también la falta de respuesta de la Comunidad de un nuevo requerimiento de la Inspección de Trabajo de inicios de febrero, que daba tres meses a la Comunidad de Madrid para llevar a cabo la evaluación y prevención de riesgos psicosociales.

La evaluación se ha realizado ya, pero pasados ya esos tres meses “a fecha de hoy no sabemos los resultados ni se ha implementado una sola medida”, critica Manuel Barroso, responsable de Salud Laboral de federación Sanidad de CCOO. En el departamento del consejero Enrique Ruiz Escudero afirman que “en estos momentos se están analizando los resultados de la evaluación”.

Los sindicatos urgen a presentar el análisis y a aplicar las medidas para mejorar las condiciones de trabajo en este primer eslabón clave del sistema sanitario, en el que piden también proteger al conjunto del personal de los centros de salud, desde las enfermeras o el personal administrativo. “Es totalmente necesario para evitar la hemorragia. Todos conocemos médicos de Atención Primaria que se van de sus puestos. Mientras en otras categorías se pide ampliar plazas, aquí pedimos que estén al 100% porque no se cubren”, subraya Ángela Hernández.

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