La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sancionado a la residencia Casablanca Valdesur por vacunar irregularmente a ocho personas. A este centro de mayores, que cuenta con plazas concertadas ubicado en Valdemoro, la administración le ha impuesto una de las sanciones más leves que recoge la normativa. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acordado una multa de 1.000 euros, que se ha visto reducida a 600 euros por la renuncia de la compañía a recurrir el castigo, según explican fuentes de la Consejería.
El departamento sanitario autonómico abrió un expediente informativo al grupo Casablanca, después de que elDiario.es revelase que en esta residencia el pasado 5 de enero, en pleno arranque del plan de vacunación, se desviaron dosis del plan establecido por el Gobierno regional para proporcionárselas a familiares de sus trabajadores que no tenían derecho a ser inmunizados en la primera fase, que priorizaba a los residentes y profesionales sociosanitarios.
elDiario.es comprobó entonces in situ cómo parientes y allegados de la plantilla recibieron la vacuna, según confirmaron varias fuentes en el parking del centro de mayores tras ser inmunizados. “A través de la jefatura médica del grupo, y siempre en contacto con la dirección, han ofrecido que los familiares se vacunasen de forma voluntaria”, admitió una de las fuentes consultadas por esta redacción.
La Consejería de Sanidad abrió entonces una investigación a raíz de las investigaciones de este medio y constató que finalmente ocho personas se vacunaron en la residencia antes de lo que les tocaba, saltándose los planes de inmunización impuestos por la administración, seis casos más de los que habían detectado al inicio de la investigación. Fuentes de este departamento destacan que, “teniendo en cuenta el número de personas afectadas” y “los perjuicios causados al programa de vacunación”, han tipificado como leve la infracción.
Una multa inferior a lo planteado por la directora de Salud Pública
La multa económica impuesta asciende a 1.000 euros, por lo tanto, es inferior a la cantidad que la directora de Salud Pública, Elena Andradas, previó al ser preguntada días después de que esta redacción publicase la irregularidad. En una de las ruedas de prensa semanales que organiza la Comunidad para hacer un balance de la pandemia, Andradas apuntó que si existía una “infracción administrativa, la sanción podría oscilar entre 3.000 y 15.000 euros”.
En la horquilla económica citada por la directora de Salud Pública se sitúan las multas previstas por la ley para las sanciones graves, finalmente Sanidad ha optado por calificar como leve la actuación del grupo Casablanca, en ese apartado la pena más elevada asciende a 3.005 euros.
Las fuentes consultadas en Sanidad inciden en que la “cuantía de la sanción se ha impuesto atendiendo a los criterios de graduación establecidos” en la ley estatal del Régimen Jurídico del Sector Público y la normativa autonómica de Ordenación Sanitaria. Los artículos citados por la Consejería —144.2.g y 144.2.a— recogen como “infracciones sanitarias leves” las “irregularidades en el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la salud pública”, aunque se produzcan “por simple negligencia”, “imprudencia o inobservancia”.
Finalmente, la cantidad a abonar por el grupo Casablanca debido a la vacunación irregular desvelada por elDiario.es asciende a 600 euros. “En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, procede reconocer una reducción acumulada del 40 % de la cuantía de la sanción”, indican desde Sanidad. El artículo citado expone que la “efectividad” del descuento está condicionada al “desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción”.
El grupo no reconoció “anomalías” hasta que se publicó la información
A pesar de que varias trabajadoras del centro reconocieron el pasado 5 de enero la vacunación irregular nada más salir de la residencia, la directora sanitaria del grupo Casablanca —presente en el centro— optó por negarlo. “No se están vacunando familiares”, alegó la responsable de la empresa, que llegó a asegurar que las personas que habían sido coladas eran en realidad “conductores” de la empresa, aunque las profesionales que habían confirmado que sus allegados se habían inmunizado estaban frente a ella.
El presidente del grupo, Ignacio Fernández-Cid, que también está al frente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), deslegitimó las declaraciones de sus empleadas, cuando elDiario.es contactó con él para recabar su versión de lo sucedido, antes de publicar la información. Como realizó unas horas antes la directora médica, Fernández-Cid aseguró que los familiares señalados por las fuentes consultadas eran “personal del grupo”.
La versión de la compañía cambió horas después de que esta redacción publicase lo sucedido. En un comunicado, el grupo Casablanca reconoció que habían “detectado algunas anomalías en la selección de las personas vacunadas de Covid19 no residentes” en ese centro de mayores. “Se ha vacunado a varios sacerdotes que nos asisten espiritualmente en los centros del grupo, voluntarios que están en contacto con los mayores de forma habitual y algunos mayores de riesgo familiares de algunos empleados”, aseveró la empresa. Ante la sanción impuesta por la Consejería, tras detectar a ocho personas vacunadas irregularmente, Fernández-Cid no ha querido hacer declaraciones a elDiario.es.
Este empresario compareció el pasado mes de octubre en la Comisión de Investigación abierta en la Asamblea de Madrid sobre la gestión en los centros de mayores durante la pandemia, en esa declaración criticó que la opinión pública “criminalizase” a los centros de mayores. Llegó a asegurar que las negligencias publicadas en los medios de comunicación son “anecdóticas”. “Salimos en los medios no por el trabajo bueno, sino por anécdotas que no son recriminables”, apuntó meses antes de que se produjese la vacunación irregular en su centro de Valdemoro.
Las dosis de Pfizer llegaron a Casablanca Valdesur pocos días después de que las primeras vacunas aterrizasen en la Comunidad de Madrid. El desvío de dosis que realizaron los responsables del centro incumpliendo los planes de la administración pública, protagonizó el primer caso en el que se desveló una vacunación irregular en nuestro país. A partir de entonces, esta actuación se ha repetido en varias comunidades y ha sido protagonizada por políticos, cargos públicos, directores de hospitales o mandos de las Fuerzas Armadas.