La Comunidad de Madrid ha tenido que gastarse más de ocho millones de euros en un programa informático que parcheara el software de gestión de su sistema educativo encargado a la empresa Indra en 2010, pero que la tecnológica nunca llegó a entregar a pesar de haber recibido 5,5 millones de dinero público.
Tras cinco años y el fracaso para crear la plataforma Nexus, el Gobierno autonómico del PP tuvo que echar mano de un programa de software libre y gratuito llamado Raíces, creado por la Junta de Andalucía y cuya adaptación costó 2,2 millones euros en 2016. Este programa no fue el final del camino: el Ejecutivo ya ha licitado Raíces 2.0 por otros seis millones. El periplo entero ha supuesto abonar o comprometer al menos 13,7 millones de euros en el software que gestione su sistema educativo en una década.
Protagonistas de Púnica
El proyecto para tener una herramienta integrada de gestión del sistema educativo madrileño ha encadenado una adjudicación de contrato con los principales actores de la trama Púnica como protagonistas con el gasto para solventar el abandono del plan por parte de la adjudicataria.
La secuencia es la siguiente: en 2010, el Gobierno regional, que lideraba entonces Esperanza Aguirre, decidió que necesitaba cambiar el software informático que gestionaba todo el sistema educativo madrileño.
ICM, la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por José Martínez Nicolás (imputado en Púnica), adjudicó el desarrollo del programa que se llamaría Nexus a Indra (una de las empresas implicadas en la misma Púnica), con un presupuesto inicial de 15,8 millones de euros. Acabó pagando 5,5 millones de euros porque Indra se topó con problemas técnicos, según adujo la empresa, y la Comunidad resolvió el contrato sin obtener demasiado a cambio.
Nexus fracasó y se comió sus 5,5 millones, pero la Comunidad seguía necesitando un programa para la gestión educativa. Así, en 2016 el entonces consejero de Educación, Rafael Van Grieken, convocó otro concurso, que se adjudica en 2017, por 2,2 millones de euros a la empresa Ayesa Advanced Technologies para la implantación de Raíces. Antes de consejero, Van Grieken había sido vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos y era la persona encargada de vigilar el instituto en el que la expresidenta Cristina Cifuentes cursó el máster que le costaría el cargo.
El presupuesto para la partida destinada a Raíces se destina no a adquirir el software, que es libre y gratuito, sino a adaptarlo a las necesidades de la Consejería de Educación de Madrid.
Pero esta primera versión de Raíces ya está en retirada: el pasado junio, el Gobierno regional abrió una licitación para que sea sustituido por Raíces 2.0. Con los seis millones de euros que se gastarán en esta actualización el montante total invertido por el Ejecutivo regional en software educativo en esta década asciende a 13,7 millones de euros.
Primero fue el fallido Nexus, en el que se gastaron 5,5 millones entre 2010 y 2015 a cambio de prácticamente nada: nunca llegó a implementarse. El fracaso de Nexus llevó a Raíces, que costó otros 2,2 millones más en 2016. Pero la cifra total ya se acerca a los 15,8 millones de euros que estaban presupuestados en origen para Nexus.
El fracaso se convierte en decisión
El asunto se llegó a tratar en la Asamblea de Madrid hace dos años, en febrero de 2018, a raíz de una pregunta del diputado socialista Juan José Moreno Navarro. La respuesta del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, en el mejor de los casos fue errónea: “Para ello [modernizar el sistema de gestión] teníamos dos alternativas: realizar y desarrollar un modelo ad hoc o adaptar una plataforma educativa de otra comunidad autónoma a nuestras necesidades”, afirmó el consejero. Pero luego añadió que “en este sentido, tomamos la decisión, al igual que otras seis comunidades autónomas, de adaptar el modelo Séneca, de Andalucía, a nuestro sistema educativo, y así nació Raíces”.
La realidad: no fue una decisión sino, más bien, el resultado del fiasco con Indra y Nexus. Raíces fue la consecuencia de la incapacidad de Indra para desarrollar un programa ad hoc y se adoptó cuando no había más remedio que buscar un plan B.
Las declaraciones en sede parlamentaria de Van Grieken remiten al oscurantismo con el que el Ejecutivo regional ha tratado el proyecto Nexus. La Consejería acumula resoluciones del Consejo de Transparencia instándole a ofrecer información relacionada con este contrato solicitada por un docente. Pese a tener las resoluciones que dan la razón al profesor, el Gobierno regional las ha impugnado y se niega a ofrecer la información.
Renovar a los tres años
¿Por qué hay que renovar Raíces apenas tres cursos después de gastarse más de 2,5 millones de euros en él? Fuentes de la Comunidad de Madrid explican: “Con Raíces únicamente se abordó la implantación de la plataforma de software libre para la gestión de los centros educativos (...). La funcionalidad implantada constituía una base funcional básica que no solo debe mantenerse operativa con el mantenimiento correctivo que, como en toda aplicación, puede ir surgiendo, sino que ha de irse enriqueciendo a lo largo de los años”.
Y añaden que con Raíces 2.0 “se pretende dar respuesta al mantenimiento correctivo del sistema previamente implantado para más de 75.000 usuarios, así como las necesidades de evolución requeridas por la Consejería de Educación”.
¿Y estas operaciones merecen un presupuesto que triplica al primer gasto en Raíces? “El primer contrato tenía el objeto de implantar en la Comunidad la plataforma de software libre ya desarrollada”, explican desde el Gobierno regional, que añaden que se implantarán más funcionalidades de las que incluía Raíces, entre ellas “la generación de un modelo de participación activa y de relación entre todos los actores que intervienen en el proceso educativo”.
Una versión sin sus hitos
La primera versión de Raíces entró en funcionamiento para la gestión del curso 2017-2018. Y lo hizo, pese a todo, sin testar, según cuenta uno de sus usuarios, el profesor Enrique García. Por ejemplo, el hito HP3.I (“Proceso de Escolarización de las Enseñanzas: Infantil segundo ciclo, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato”) tenía como fecha de finalización el 30 de junio de 2018. “Pero esas fechas no se corresponden con el calendario real, que implicaba ese año tener publicados los listados de escolarización a 8 de mayo. Unos listados que no estuvieron en plazo por fallos en Raíces”, recuerda García. Lo mismo sucede con otros hitos de Raíces, que se finalizaron después de la entrega del programa.
La implantación del sistema no fue especialmente satisfactoria para los centros educativos ni los docentes ni directores. Formalmente, se perdían funcionalidades (por ejemplo, dejaron de poder consultarse datos de ratios que el anterior sistema, SICE, sí tenía) e información (los datos no se migraron con carácter general). Además, no se implantó en la Formación Profesional, con lo que los centros que tienen estos estudios además de Secundaria obligatoria y posobligatoria se ven obligados a utilizar ambos sistemas a la vez.
La implantación fue un caos. Lo confirman varios docentes consultados por este diario y lo corroboró al poco de ponerse en marcha la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (Adimad). “Adimad quiere expresar (...) su alarma por las enormes dificultades que está originando en la organización de este curso el nuevo sistema de gestión educativa de la Comunidad de Madrid”, escribieron en un comunicado público.
“El mal funcionamiento (...) ya ocasionó graves problemas desde su implantación el curso pasado (...) y motivó numerosas reuniones con los responsables, que evidentemente no han producido los efectos deseados”, añaden. Y refieren problemas como que el sistema se pasa “horas” caído, que hacer tareas “elementales (...) como imprimir listados o comunicar faltas de asistencia de los estudiantes (...) resulte prácticamente imposible”.
Raíces 2.0 debe resolver estos problemas. La consultora Everis Spain tiene hasta el 30 de junio de 2021 para entregar el producto. Profesores, familias (que también lo usan) e incluso funcionarios de la Consejería dictarán sentencia entonces.