La expresidenta Cristina Cifuentes anunció en noviembre de 2017 el primer protocolo marco ante episodios de alta contaminación en la Comunidad de Madrid. Este documento obligaba a los 15 municipios más grandes de la región a presentar sus propios planes de calidad del aire en un plazo de un año que cumplió la semana pasada, en pleno enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por la implantación de Madrid Central. Tres localidades se han saltado los tiempos marcados y una cuarta asegura que lo ha enviado aunque la Consejería de Medio Ambiente afirma que no lo ha recibido.
Fuenlabrada (PSOE) y Rivas-Vaciamadrid (IU) admiten que no han remitido sus planes pero están ultimándolos. Alcorcón (PP), cuyo alcalde demandó el primer protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, se escuda en que el municipio “ya tiene aprobado un plan de calidad del aire”, aunque está fechado en en 2013 y debía haberse renovado en 2016. Y Coslada (PSOE) desmiente al Gobierno regional y asegura que lo envió el pasado 13 de noviembre.
Ante esta situación, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, reúne este miércoles a representantes de los grandes municipios concernidos por esta obligación y también a los colindantes con la ciudad de Madrid. El objeto de la convocatoria oficial, remitida por la Puerta del Sol, es “analizar los diferentes protocolos de calidad del aire locales” y “coordinar el trabajo de los municipios”.
Fuentes de Medio Ambiente aclaran a eldiario.es que la reunión “no se convoca porque haya ayuntamientos que no han enviado sus planes, sino porque el de Madrid ha aprobado por su cuenta el suyo –uno más duro que el actual– sin remitirlo antes y luego lo ha suspendido temporalmente”. El Gobierno de Ángel Garrido amenazó con llevar este nuevo plan a los tribunales por no haber recibido la información definitiva antes de su aprobación y Manuela Carmena lo ha anulado en respuesta durante diez días hábiles.
El encuentro del Ejecutivo con los alcaldes con este pretexto se produce a solo dos días de la puesta en marcha de las restricciones al tráfico más contaminantes en el centro de Madrid. La medida se ha intentado parar con cautelares en los tribunales por parte de la Comunidad de Madrid, que ha hecho de ella la principal bandera de oposición a las políticas de Manuela Carmena. Pese a todo, Madrid Central entrará en vigor el próximo viernes 30 ya sin género de dudas, toda vez que el TSJM esperará para pronunciarse sobre la demanda del Gobierno regional hasta la semana que viene, según Europa Press.
El protocolo marco para actuar ante episodios de alta contaminación en la región se aprobó para dar cumplimiento a una directiva europea que obliga a los núcleos de más de 100.000 habitantes a adoptar planes para cumplir con los objetivos de la calidad del aire. La región amplió la exigencia a las localidades de más de 75.000 y desarrolló el plan con la idea de “dar coherencia a todas las actuaciones” y “delimitar las pautas que deben seguirse en estos casos”, según explicó la expresidenta Cifuentes. El protocolo, presentado como un “documento de mínimos”, incluye algunas medidas novedosas, como la limitación de la velocidad de la M-40, M-45 y M-50 y otras autopistas y autovías dentro del anillo de la M-50 si se detectaban altos niveles de dióxido de nitrógeno.
Las restricciones nunca se han aplicado en un año
Estas restricciones no se han aplicado ni una sola vez en el primer año de vida del protocolo, que establece cuatro escenarios posibles. El primero solo es informativo y a partir del segundo –en el que se incluyen las reducciones de velocidad en las grandes vías– se abre la puerta a que los municipios impongan restricciones en los cascos urbanos en función del etiquetado de los vehículos. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente admiten que por el momento no han hecho “ningún balance” de los primeros 365 días de implantación.
Justo el mismo día que Cifuentes aprobó en Consejo de Gobierno el protocolo, se registraron en Getafe altos valores de dióxido de nitrógeno en una estación que no habrían sido suficientes, si el plan ya hubiera entrado en vigor, para activar las medidas restrictivas porque al menos dos estaciones de la zona deben registrar estos picos. Y solo fue una.
Esta fue una de las principales quejas que manifestó en su día el Ayuntamiento de la localidad, del PSOE, y también la oposición en la Comunidad de Madrid. La región se divide en siete zonas y en ellas hay 23 estaciones. Son menos que los que se concentran en la ciudad de Madrid (24) en un territorio 13 veces más pequeño. “La Comunidad cumple la exigencia europea de que haya un medidor por cada 250.000 habitantes, pero la red de medidores debería ser más amplia para lograr un seguimiento bueno de la calidad del aire”, considera el diputado de Podemos (Equo), Alejandro Sánchez.
Su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid lleva tres años presentando enmiendas a los presupuestos para instalar más estaciones. “Hay cuatro municipios grandes que no tienen ni un medidor: Parla, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón”, especifica Sánchez. Podemos pide, además, al menos tres instalaciones más en los “corredores importantes de transporte donde se concentra mucha contaminación”, como la A-1, la A-3 y la M-50.
Los municipios que aún no han enviado, según la Consejería de Medio Ambiente, sus planes contra la contaminación acudirán el miércoles a la reunión. Saltarse los plazos no conllevará ninguna sanción para ellos, pero sí un aviso para que los remitan “cuanto antes”. Fuentes del Ayuntamiento de Fuenlabrada ven el encuentro como una ocasión “para cerrar los últimos flecos y recibir indicaciones”. La Consejería de Medio Ambiente tiene pendiente, además, responder uno a uno a todos los municipios con “sugerencias de mejora”. “La idea es que los protocolos sean lo más homogéneos posible, con escenarios de alerta similares”, concretan fuentes de la cartera dirigida por Carlos Izquierdo.
En este sentido, el Ayuntamiento de Coslada pidió sin éxito en las alegaciones al protocolo regional que los niveles de activación coincidieran con el plan de Madrid ciudad, que incluye limitaciones de velocidad desde el escenario 1 y no desde el 2. Fuentes del consistorio insisten en que ya remitieron su propio plan a la Consejería de Medio Ambiente y que esperan su visto bueno para implantarlo.