La Comunidad de Madrid impuso en 2020 una veintena de sanciones contra residencias de la tercera edad. Todas las resoluciones firmes emitidas el año pasado son por hechos previos a la irrupción de la pandemia y dan una idea de cómo se encontraba la atención en esos geriátricos antes de que se convirtieran en uno epicentro de la crisis.
Los inspectores de la Consejería de Políticas Sociales y Familia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso detectaron antes del 13 de marzo residencias en las que se incumplía “la debida atención sanitaria y/o farmacéutica”, centros donde no estaban “debidamente actualizados” los expedientes de cada usuario o donde había falta de personal. En las actas figuran amonestaciones por “no prestar la adecuada atención en la alimentación, higiene, descanso y/o aseo personal de los usuarios, así como por imponerles un horario totalmente inadecuado de acuerdo con los estándares de vida socialmente admitidos”, según la información obtenida por elDiario.es, tras una petición de información en el portal de transparencia.
Las administración autonómica ha recaudado 280.833 euros con las amonestaciones emitidas a lo largo de 2020. Las sanciones más elevadas fueron impuestas a la residencia Hestia (78.005 euros), Castalia (30.001 euros) y La Ermita (25.004 euros). Las tres vulneraron la Ley autonómica 11/2002 de Ordenación de los Servicios Sociales. La primera incumplió cinco artículos (tres infracciones graves y dos muy graves). Entre ellos, falta de personal, exceso de ocupación en espacios de uso común o en dormitorios y no tener el establecimiento en las condiciones debidas de mantenimiento, higiene, confort o salubridad. También le sancionaron por reincidencia en infracciones graves y por “impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo la acción del personal inspector”.
Entre las residencias amonestadas también figuran dos centros de mayores que posteriormente durante la pandemia fueron intervenidas por la Comunidad de Madrid por “un incremento no esperado de fallecimientos”, justificaron desde el Gobierno autonómico. Sobre todo a lo largo de la primera ola de la pandemia, los centros de mayores acumularon un elevado número de fallecidos y concentraron reiteradas quejas de familiares de residentes y trabajadores por las condiciones precarias en las que se encontraban profesionales e internos. La justicia está ya investigando varios casos.
El Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, intervenido en la primera ola, fue sancionado en febrero de 2020 por incumplir el artículo 28 c de la normativa que estipula el funcionamiento de las residencias en la región. Se trata de un epígrafe que condena que no se “preste la adecuada atención en la alimentación, higiene, descanso y/o aseo personal de los usuarios, así como imponerles un horario totalmente inadecuado de acuerdo con los estándares de vida socialmente admitidos”.
Vitalia Leganés acumula una nueva sanción
Vitalia Leganés también está en el listado de residencias sancionadas en 2020. La Consejería de Políticas Sociales le ha impuesto una sanción de 12.000 euros por cometer dos infracciones graves recogidas en la ley autonómica que rige el funcionamiento de estos centros: “incumplimiento de la debida atención sanitaria y/o farmacéutica” y “no tener el expediente asistencial de cada usuario o los sistemas de información de incidencias debidamente actualizados”. No es la primera amonestación que recibe este centro, que ya fue penalizado en septiembre de 2019 con una multa de 30.005 euros por hechos sucedidos en 2018 y 2017. En el nuevo procedimiento abierto, el portal de transparencia no especifica cuándo se produjeron los hechos señalados. La Consejería solo aclara que las inspecciones que motivaron las multas impuestas en 2020 se produjeron antes del 13 de marzo del mismo año, por lo tanto antes de la irrupción del virus en los centros de mayores.
En el expediente emitido en 2019, Vitalia Leganés fue amonestada por cometer cinco infracciones graves. Los inspectores detectaron “restos de comida y suciedad varia” en sillas de ruedas, “restos de heces en el portarrollos” del baño de una habitación, que una residente encamada tenía “la boca muy sucia” o que la camiseta de otro estaba “llena de pelos y pieles muertas o caspa de la cabeza”. El acta de la inspección, publicado por elDiario.es, el funcionario de la Consejería de Políticas Sociales también detalla cómo los mayores gozaban de poca intimidad: “Puede verse desde el exterior cómo los residentes están de pie, apoyados en el lavabo, con los pantalones y ropa interior bajados”. A pesar de los 30.005 euros de sanción, la compañía terminó pagando el 60% (18.000 euros) al “asumir la responsabilidad” de los hechos descritos. Desde la compañía se limitan a asegurar que las dos amonestaciones “han sido recurridas”.
Posteriormente a todos estos hechos, entre los meses de marzo y mayo de 2020, Vitalia Leganés acumuló quejas de familiares de usuarios por “falta de transparencia” y por el elevado número de muertes de usuarios: 103 a lo largo de la primera ola, 12 de ellos muertos en el centro con un positivo confirmado de Covid-19 y 48 con síntomas compatibles del virus. Más allá de estas circunstancias, en septiembre la Consejería ha optado por conceder a la compañía que gestiona esta empresa (Vitalia Home) un contrato de algo más de un millón de euros por la vía de emergencia, como publicó Infolibre, para mantener un centro en el que se atiende a mayores de 60 años enfermos de Covid-19 y que no puedan mantener en su residencia o en su casa el aislamiento necesario.
A esos centros, se suman una decena más de residencias sancionadas el año pasado. Entre ellas, Montesalud, que por cometer una falta muy grave ha tenido que hacer frente a una amonestación de 18.000 euros. Peñas Alba y Santa Fe Zarzalejo afrontan multas de 10.000 euros cada una por tres infracciones graves. Por su parte, la Consejería impuso a los gestores de Peñuelas y Orpea Buenavista sanciones por una cantidad de 12.000 euros por otras dos infracciones graves detectadas en cada una de las residencias, siempre según la información aportada por el portal autonómico de transparencia.
Finalmente, Geriatel (3.600 euros), Nuestra Señora de Fátima (3.600 euros), Ballesol Alcobendas (3.600 euros), Nuestra Señora de la Antigua (3.600 euros), Sanitas Residencial Ferraz (4.800 euros) y Amavir Humanes (6.000 euros) vulneraron uno de los artículos recogido en la normativa regional. Fuentes de la empresa Aralia, que gestiona el centro Peñuelas, aseguran a esta redacción que no les “consta la existencia de una sanción por importe de 12.000 euros”.
El exconsejero se comprometió a hacer públicas las sanciones
Más allá de la Ley autonómica 11/2002 de Ordenación de los Servicios Sociales, la Consejería de Políticas Sociales también tiene posibilidad de castigar a los centros mediante las penalizaciones que se imponen a empresas que no cumplen lo establecido en los pliegos de condiciones de los contratos. En 2020 fueron cuatro las compañías multadas por esta segunda vía. La mayor parte de ellas por “personal insuficiente”. Por este motivo se penalizó a Residencial Senior 2000 SLU (2.605 euros), Sanitas Mayores SL (20.071 euros) y Servinger XXI Alcalá (6.896 euros). La Fundación Catalina Labouré hizo frente a una penalidad de 12.642 euros por “incumplimiento [de] horarios y presencia física [de] personal médico o de enfermería”.
La sanción más elevada, la emitida contra Sanitas, se produjo “por la falta de un terapeuta y un gerocultor en el centro” Sanitas La Florida, apuntan fuentes de la empresa, que añaden que en ese momento la residencia “se encontraba en proceso de búsqueda de ambos perfiles en el momento de la inspección”.
Cuando Ciudadanos llegó a la Consejería de Políticas Sociales se comprometieron a hacer públicas estas sanciones. El exconsejero Alberto Reyero aseguró en una entrevista publicada en octubre de 2019 en El País que su departamento estaba trabajando en un “sistema de información” que permitiese a las familias de los residentes acceder “tanto a las sanciones como a las actas de inspección, para que así también se conozca quién está superando los controles”. Reyero abandonó el puesto en octubre apelando a la “unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus”. Un año antes de esa dimisión llegó a asegurar que su departamento pretendía que esa documentación fuese accesible “antes de enero” de 2020. Un año después no hay información de ese proyecto.