Las consecuencias de la suspensión de la actividad lectiva en los colegios madrileños ha impactado sobre los servicios privatizados de los centros, los que prestan empresas externas. Los afectados son los empleados de las contratas de comedores escolares, transporte o intérpretes de lengua de signos. Así está recogido en una orden enviada por el Consejero de Educación, Enrique Ossorio, y fechada en 10 de marzo de 2020.
La suspensión de la “ejecución de contratos” como dicta la orden también afecta a las trabajadoras de las escuelas infantiles de titularidad regional, gestionadas de manera indirecta por empresas de servicios o cooperativas. En estos casos, los centros están clausurados por completo, según marcó la Comunidad de Madrid el pasado lunes.
Los centros educativos madrileños de todos los niveles han cesado este miércoles su actividad lectiva. La medida, tomada en el marco de un escenario de “contención reforzada” para frenar la transmisión del coronavirus, estará vigente hasta el próximo 25 de marzo, aunque la suspensión puede prorrogarse. La anulación de los contratos afecta a este mismo periodo.
“Dada la situacion de emergencia y la resolución de Sanidad de suspender las clases nos hemos visto obligados a tomar esta decisión temporal”, dice un portavoz de la Consejería de Educación, que asegura que han tenido que tomar la medida por la situación porque los servicios dependen de la presencia de los alumnos en las aulas y en cumplimiento de la ley de contratación de las admistraciones públicas.
La Comunidad de Madrid asegura que está preocupada por que los trabajadores se queden sin empleo en estas semanas pero recalca que su contrato es con las empresas intermediarias que prestan los servicios.
Para las empleadas de los comedores se abren muchas incógnitas. La mayoría no ha recibido información de sus empresas sobre qué va a pasar con sus sueldos, más allá de que saben que a partir de este miércoles no tienen que ir a trabajar. El modelo más habitual de contrato que tienen estas trabajadoras es el indefinido pero en la variedad de fijas discontinuas. En los meses de verano, al no haber actividad lectiva, también sus contratos se dejan en suspenso y no cobran. En septiembre vuelven a incorporarse, sin necesidad de firmar un nuevo contrato.
El sindicato CGT ha rechazado en un comunicado cualquier ERE o ERTE -en estos casos el salario lo cubre el Estado- en estos sectores. La FAPA Giner de Los Ríos también manifestó en su reunión del martes con el consejero de Educación que no respaldaba la medida. “Le mostramos nuestro rechazo. En algunos colegios nos estamos organizando para que las trabajadoras que se quedan sin sueldo puedan cuidar, de forma remunerada, a niños y niñas que no van al colegio por las restriciones”, apunta el presidente de la FAPA, Camiló Jené. La Comunidad de Madrid no aporta, por el momento, datos de cuántos empleados están afectados por la medida.