“Fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a las grandes empresas y grupos económicos”. Con esta promesa electoral se presentó Ahora Madrid a las elecciones municipales de mayo de 2015. En ese momento, la mayoría de los contratos del Ayuntamiento terminaban en un pequeño grupo de empresas. Dos años después, la cosa sigue igual.
Las seis grandes constructoras españolas (ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y Acciona) se llevan uno de cada dos euros en adjudicaciones del consistorio madrileño desde la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía en junio de 2015. En total, se llevaron la mitad de los 2.268 millones de euros adjudicados por el Ayuntamiento en ese periodo, según datos del Portal de Datos Abiertos del consistorio analizados por eldiario.es.
Solo los macrocontratos de recogida de basuras y ayuda a domicilio, adjudicados en junio y septiembre de 2016, ya suponen la mitad del presupuesto municipal en licitaciones de los dos primeros años de legislatura.
Ambos contratos fueron otorgados en tres lotes cada uno por importes que oscilaban entre los 150 y los 250 millones de euros, unas cifras solo al alcance de grandes grupos empresariales. Finalmente, las constructoras de toda la vida y la asociación Asispa se llevaron los contratos.
“¿Quién puede concursar a esos grandes contratos? Pues las grandes empresas”, coincide Ana Román, concejal del PP en el consistorio. La anterior alcaldesa, Ana Botella, unificó la concesión de los principales servicios municipales en contratos de larga duración y con condiciones blindadas. El contrato integral de limpieza y zonas verdes adjudicado en 2013, del que se aseguró en su momento que supondría un ahorro de 256 millones para las arcas municipales, agrupó 39 contratos diferentes en uno solo.
Con esta concesión, las grandes constructoras y grupos empresariales se aseguraron una fuente de ingresos provenientes de las arcas públicas hasta 2021. Una decisión justificada por la situación económica de aquellos años, según el PP. “No se puede comparar la época de crisis económica anterior con la situación actual”, afirma Román.
La Concejalía de Economía y Hacienda, la competente en las políticas de contratación del Ayuntamiento, asegura a eldiario.es que “se hacen avances dentro de las grandes dificultades administrativas y legales que entraña modificar el sistema de contratación”. El criterio del precio en el contrato de recogida de basuras supuso el 55% del baremo para su adjudicación el pasado otoño.
Una instrucción posterior, el 15 de diciembre de 2016, recomienda que el precio no pondere más del 35% de los criterios “objetivos” de adjudicación y que “se incluyan otros criterios medibles y cuantificables que tengan óptica social”, afirman desde el área que dirige Carlos Sánchez Mato. Dicha instrucción derogaba la 3/2012 de contención del gasto “que era uno de los lastres a la hora de que fuera el precio el elemento clave en la contratación pública”, argumentan.
Del monopolio al oligopolio en la recogida de basuras
La constructora FCC, entre cuyos mayores accionistas se encuentran Carlos Slim y Esther Koplowitz, tenía el monopolio de la recogida de basura en Madrid desde principios del franquismo (1940), según consta en su página web. En 2002 ganó el contrato de los distritos de la periferia por 10 años y en 2006 obtuvo el de los distritos del centro por 470 millones de euros.
El monopolio se rompió en 2014, cuando Ana Botella adjudicó la recogida de basuras de los distritos de la periferia a ACS y Ferrovial por un año, decisión que la anterior concesionaria (FCC) llevó a los tribunales. El plan del Gobierno de Botella era unificar los dos contratos en uno solo, al igual que se hizo con la limpieza de la ciudad. La derrota electoral del PP en las municipales de mayo de 2015 truncó el plan.
Con las nuevas adjudicaciones de Carmena, ahora el servicio de recogida de basuras está en manos de siete empresas. FCC, que recogerá los residuos de la zona oeste por 250 millones, la unión de ACS-Ferrovial, que controlará los distritos del sur por 191 millones y la UTE Sacyr-Acciona-OHL y Sadisa que se quedará con la zona este.
Precisamente, cuatro de esas empresas adjudicatarias fueron multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por “repartirse adjudicaciones públicas” en toda España para la recogida y tratamiento de residuos urbanos. Entre los miembros del denominado “cártel de la basura” multados con hasta 100 millones de euros estaban Ferrovial, ACS, FCC y Sacyr.
“No perder la oportunidad de la economía de escala”
Hace junto un año, el Ayuntamiento quiso intentar que una gran constructora no se quedase, de forma inexorable, con la recogida de las basuras, como reflejan los pliegos que se presentaron el pasado julio. Para ello, se rebajó el ratio de experiencia hasta los 150.000 habitantes, cuando hasta entonces el límite eran de 250.0000.
“Se redujo la solvencia requerida y la experiencia previa para dar cabida a más empresas, aunque por ser un tipo de servicio que necesita mucho personal e importantes inversiones en maquinaria se requieren unos mínimos”, argumentan a a este medio fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente, la competente en esta materia.
CCOO considera, que al tratarse de contratos “muy caros”, la dificultad para que entren empresas más pequeñas es mayor. “La única solución sería fraccionar Madrid en más lotes (actualmente son tres) pero aún así es difícil porque es necesario que sean empresas con mucho músculo financiero”.
El Gobierno de Ahora Madrid asegura que la división en tres lotes se hizo “para distribuir uniformemente el servicio y no perder la oportunidad de la economía de escala”. Esto quiere decir que la apuesta por empresas que, por su volumen, pueden ofrecer costes de producción más bajos, por tanto, contratos más baratos.
El área de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo, la responsable de los contratos de Ayuda a Domicilio, expone argumentos similares: “Son las empresas más viables”. En este caso, en el que no se necesita maquinaria pesada, la justificación para que las grandes constructoras se lleven los contratos radica en la “vulnerabilidad de la población”. “Se atiende a una población muy vulnerable y no podemos arriesgarnos a que haya un problema y la empresa no pueda responder”.
Remunicipalización
El programa con el que concurrió a las elecciones Ahora Madrid plantea la remunicipalización de servicios. Así ha ocurrido en el caso de la empresa municipal EMT que ha asumido la gestión de BiciMad o la de los aparcamientos de Plaza España y Montalbán.
“Respecto a la recogida de residuos en concreto, no existe ninguna empresa pública capaz de asumir ese servicio y, como y con la normativa estatal actual, no se pueden crear nuevas empresas”, argumentan desde la Concejalía que dirige Sabanés.
Estas fuentes se refieren a la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que establece la prohibición de la “participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste”, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, al que Montoro exige recortes por 200 millones de euros.