La Comunidad de Madrid mantiene todavía 20 consultorios locales cerrados y otra decena, donde se incluyen centros de salud, abiertos solo por la mañana. Estos servicios de Atención Primaria, cuyos sanitarios atienden a poblaciones rurales, eran ya el eslabón más débil del sistema sanitario madrileño, pero la epidemia los ha rematado. Algunos alcaldes de la sierra, como Cercedilla, Navacerrada y Los Molinos, ya han advertido a Sanidad de que pueden verse “desbordados” durante el verano si los centros no abren y no hay más profesionales.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, justificó que los consultorios continuaban clausurados “porque al ser muy pequeños no ofrecen un protocolo seguro de COVID”. “Es solo una cuestión de circuito COVID, no de que no tengamos capacidad para asistir a estos cuidadanos”, dijo. Los médicos aseguran, sin embargo, que la situación se debe a la falta de sanitarios y afrontan “con miedo” la temporada estival. Si la gente no puede veranear fuera de España, asumen, optarán más por la sierra. El propio equipo de la Consejería de Sanidad confirma el déficit de plantilla. La Gerencia de Atención Primaria alegó por escrito escasez de personal para explicar a la alcaldesa de Navacerrada por qué el consultorio del pueblo aún estaba cerrado.
Los profesionales llevan años haciendo piruetas para llegar a todos los pueblos. Cuando falta alguien, el tetris se derrumba. Antes de la COVID-19, las bajas ya eran estructurales porque nadie quiere “contratos malos en lugares alejados”, resume Salvador Casado, médico de familia en Soto del Real (8.698 habitantes). La epidemia los cogió bajo mínimos pero todo fue a peor. A las bajas por contagios se sumó el traslado de algunos profesionales a Ifema. Con el macrohospital ya cerrado, las cosas han mejorado poco. A las zonas rurales, se quejan los médicos, no ha llegado ningún refuerzo de los prometidos por el Gobierno regional. “Aquí no tenemos nada de lo anunciado por la Comunidad de Madrid”, certifica Casado.
“Que haya un suplente es un sueño. Cuando hay alguien disponible lo llevan siempre a un centro más grande”, explica Mar Rubio, médica de familia en un pequeño consultorio de Villanueva de Perales (1547 habitantes), al oeste de la región. Estuvo contagiada, un mes de baja, y el compañero de Villamantilla, otra localidad próxima, tuvo que hacerse cargo de sus pacientes también. Su consultorio solo tiene dos salas y una pequeña zona de espera. La entrada de un paciente infectado en las instalaciones podía generar una cadena de contagios preocupante. “Llevamos pidiendo una reforma hace años. Si vuelve a haber rebrote en otoño no quedará otra que cerrar”, pronostica Rubio, respaldando en parte el argumento de Ayuso sobre la incapacidad de hacer dos circuitos. Aquí lo tienen todo: instalaciones maltrechas y una plantilla esquelética.
“No tenemos noticias de cuándo se abrirán”
Los ayuntamientos de zonas rurales están preocupados. Los alcaldes de Cercedilla y Navacerrada han pedido por escrito a la Consejería de Sanidad que aumente las plantillas para un verano que se prevé más movido de la cuenta, con las limitaciones para viajar fuera de España y la población flotante habitual. El centro de salud del primer pueblo está abierto y absorbe las atenciones presenciales del segundo, que aún sigue clausurado aunque los madrileños ya han iniciado el desembarco en las segundas residencias. La fase 1 lo permite. Los Molinos, otro pueblo cercano cuyo centro de salud está también cerrado, ha aprobado una moción en el Pleno por unanimidad para exigir la “apertura inmediata”. El texto subraya las dificultades de las personas más mayores o con problemas de movilidad para desplazarse hasta Cercedilla, donde pueden recibir atención presencial.
“Nos podemos ver desbordados en cualquier momento y no tenemos noticias de cuándo se abrirán los consultorios”, advierte Luis Miguel Peña, alcalde de Cercedilla por un partido independiente, en conversación con eldiario.es. En esta localidad está el centro de cabecera en torno al que giran los consultorios de Navacerrada y los Molinos. Ahora los casos complicados se derivan aquí. Los tres pueblos suman unos 15.000 habitantes durante el año, pero en verano duplican su población hasta los 28.000.
La alcaldesa de Navacerrada, Ana Paula Espinosa (PSOE), remitió una carta a la Consejería en la que le exigía que asumiera la responsabilidad de “dar cobertura” a los pueblos pequeños con aumentos de población en verano. “Madrid se queda vacío y esto se llenará. Ahora el refuerzo tiene que estar aquí. Cuando estalló la pandemia, los médicos de la sierra fueron trasladados desde los consultorios de Atención Primaria de estos pueblos a, por ejemplo, el Hospital de IFEMA y nos pareció bien porque era lo que se necesitaba. Ahora es al revés”, escribió la regidora.
Dando vueltas por diferentes consultorios
Que faltan médicos y pediatras en la región es una historia conocida. Los residentes y aquellos que encadenan contratos temporales durante años terminan huyendo a otras comunidades donde les ofrecen mejores condiciones. En Madrid es común un modelo de contratos itinerantes por zonas asistenciales que, en la práctica, significa pasar un año dando vueltas por diferentes centros de salud donde se necesitan manos pero sin arraigarte a ninguno.
Guillermo Álvarez, médico de familia en la zona este, tiene uno de estos contratos. “Me acaban de mover a un consultorio porque iba a quedarse cerrado. Así que he dejado un centro en el que se ha quedado una médica de tarde sola y sin pediatra. Tienes la sensación de que cuando te mueves estás dejando otro sitio vacío”, explica. El déficit de pediatras es especialmente preocupante. Hay pueblos que no tienen o que cuentan con uno por horas.
El equipo de Gobierno anterior al de Ayuso, el liderado por Ángel Garrido, puso en marcha un plan –abortado finalmente– para recortar los horarios de consultas programadas en los centros de salud. El Ejecutivo se valía del argumento del déficit de profesionales para ponerlo en marcha. La medida se quedó en un programa piloto en 16 centros de salud cuyas conclusiones se arrojaron a un limbo y el proyecto se guardó en un cajón ante la contestación de una parte de los sindicatos. CCOO, UGT y Satse se opusieron por, argumentaron, la “falta de interés en poner remedio a los problemas con soluciones que no supongan el recorte de la asistencia”.