El pasado noviembre uno de los dos ascensores del edificio donde vive Rosario se descolgó y cayó hasta la planta baja. Ninguno de los cinco ocupantes resultó herido pero los bomberos tardaron varias horas en sacarles. El aparato está inutilizado desde entonces a la espera de que se realicen los arreglos necesarios para volver a ponerlo en servicio, un coste que asciende a 25.000 euros a pagar por la comunidad de propietarios. La inspección estaba regla, al igual que el servicio de mantenimiento. Los bomberos señalaron sin embargo que el uso excesivo e indebido puede acarrear este tipo de incidentes.
Rosario, que prefiere que su apellido no salga publicado, así como la ubicación exacta de su casa, vive en un edificio residencial de amplias viviendas del céntrico distrito de Chamberí en una zona frecuentada por estudiantes universitarios. En una de las siete plantas hay una casa destinada a un hostal, con una licencia antigua de uso terciario –destinada al servicio de hospedaje–, y en otra más hay una residencia universitaria, tal y como se anuncia en internet.
Además, siete de las 32 pisos están alquilados a estudiantes, quienes en los últimos años realquilan sus habitaciones a turistas durante sus ausencias, sobre todo en fin de semana. La suciedad y los desperfectos en las zonas comunes van en aumento y la mujer está convencida de que el trasiego constante de gente más allá del uso residencial de las casas trae consecuencias, como un ascensor que se descuelga aunque las inspecciones siempre las han llevado al día. “Todos tenemos que pagar los desperfectos por otros que se están lucrando y además un día vamos a tener un disgusto”, afirma sobre su día a día conviviendo con casas alquiladas a turistas.
Cuenta cómo ha llegado a ver a personas sentadas con las piernas colgando hacia afuera sobre el alfeizar de una sexta planta. O su preocupación por que un día haya un incendio provocado por los cigarrillos encendidos que caen continuamente sobre la ropa tendida en el patio interior. “He dejado de subir con vecinos en el ascensor porque, sobre todo de jueves a domingo, te encuentras con un montón de gente que no sabes quién es”, afirma esta jubilada de 66 años.
Un hotel encubierto
El mayor miedo de Rosario es que su edificio acabe como el de Luis García, donde de las 50 viviendas que hay en solo siete viven personas de forma permanente. El resto están habitadas por turistas que se renuevan cada semana. “Yo compré la casa en 1994, quería vivir en el centro de Madrid, poder ir andando a los sitios y con una buena comunicación al trabajo”, explica. Hasta 2014, la empresa propietaria de la mayoría de los pisos los alquilaba a residentes de larga estancia. “Conocía a casi todo el mundo de vista”, recuerda.
Pero con el auge de los pisos turísticos, propiciado por plataformas como Airbnb, donde los propietarios -o inquilinos- pueden ofertar sus viviendas por internet para estancias cortas, la empresa dueña de la mayoría de las casas del inmueble donde vive Luis decidió empezar a alquilarlos a población que apenas está unos días en la ciudad. “Todo el turismo que hasta entonces solo veíamos, y sufríamos, en la calle empezó a subir por nuestras escaleras”, explica este profesor universitario de 51 años, cuya casa está en la céntrica calle del Príncipe, a escasos metros de la plaza Santa Ana. Comenzaron entonces a ser habituales los vómitos en las zonas comunes, ruido, insultos, inseguridad - “cada semana 80 personas nuevas tienen las llaves de nuestro portal”- o aglomeraciones en la entrada, donde la empresa utiliza un antiguo chiscón de la portería como recepción para la entrega y recepción de llaves.
El caso de Luis saltó a los medios de comunicación en abril del año pasado cuando el diario El País publicó un reportaje contando en lo que se había transformado su edificio y se convirtió en un ejemplo extremo de hasta qué punto la vida de los residentes se puede transformar en una pesadilla al convivir con pisos destinados a turistas en el mismo edificio. “Concejales y diputados [de la Asamblea de Madrid] de todos los partidos me llamaron y visitaron mi casa, me dijeron que esto no era forma de vivir y que iban a trabajar en ello”, recuerda el hombre. A los pocos días el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad de los pisos turísticos por incumplir la normativa contra incendios. Una vez subsanados los fallos se volvieron a abrir.
Según explican fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, la Comunidad de Madrid comprobó entonces que todas las casas destinadas a turistas formaban parte del registro de viviendas de uso turístico regional -a lo que están obligadas todas las casas destinadas a este fin-. Al formar parte de este registro los propietarios firman una declaración por la que se comprometen a tramitar las licencias necesarias para hacer un uso terciario -como el hospedaje- de las viviendas, pero el mero registro no garantiza que las tengan en vigor. Son los ayuntamientos, quienes ejercen las competencias de urbanismo, los responsables de vigilar por que así sea.
Diez meses después de la publicación del reportaje, Luis sigue soportando los insultos de los turistas cuando les pide que por favor hagan menos ruido, continúa pidiendo paso para salir del portal cuando grupos de visitantes se acumulan con sus maletas en la entrada y prosigue peleándose en la junta de vecinos con la empresa propietaria de los pisos turísticos, que desde hace tres años su respuesta habitual suele ser: “Denúncianos”.
“Se creen impunes porque las administraciones se pasan la pelota de unas a otras: el Ayuntamiento dice que no tiene competencias en materia de Turismo y la Comunidad que no puede entrar a regular nada sobre los usos de espacios comunes porque eso está legislado por la ley estatal [de Propiedad Horizontal]”, afirma desesperado e indignado ante lo que cree que es una inacción absoluta de las administraciones contra la proliferación de pisos turísticos en viviendas destinadas a uso residencial. “Parece que estén más preocupados por que aumenten las cifras de turismo, al que no nos oponemos, pero que no nos vendan que los turistas vienen a ver Las Meninas porque los que vienen a un partido de fútbol también son turistas”, subraya.
El pasado julio la Asociación Vecinal Sol y Las Letras, a la que pertenece Luis, denunció al Ayuntamiento de Madrid 250 pisos turísticos, incluidos los de la calle del Príncipe, para que les abriera expedientes de disciplina urbanística puesto que son viviendas de uso residencial que se están destinando a turistas, es decir haciendo un uso terciario de ellas, lo que requeriría otro tipo de licencia que no tienen. Los vecinos pedían de esta manera el cese inmediato de esta actividad industrial. Como el Ayuntamiento no realizó ningún trámite en los tres meses que marca la ley, la entidad presentó en noviembre en el juzgado un recurso contencioso-administrativo por inacción de la Administración. El consistorio señaló que en la actualidad hay prevista una próxima “visita de inspección”.
Nuevas normativas
A finales del año pasado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el borrador del decreto sobre alojamientos turísticos al que vecinos y patronal presentaron numerosas alegaciones. Una de las medidas más polémicas es la que permite que un 75% de las casas de un bloque residencial se destine a alojar a turistas, un porcentaje que bajaría al 50 en caso de que el propietario fuera el mismo. Fuentes de la Consejería de Turismo señalan que tras las alegaciones presentadas “se valora de forma positiva” ceder a los ayuntamientos la capacidad para establecer esos porcentajes. Calculan que el decreto puede estar aprobado antes del verano.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el pasado 1 de febrero la Junta de Gobierno aprobó una moratoria por la que se suspendía por un año la concesión de licencias para pisos turísticos. Además, las viviendas que se alquilen durante más de tres meses al año a turistas deberán obtener una licencia de uso terciario y cumplir así los mismos requisitos que se contemplan para los negocios de hospedaje, pero mientras la moratoria esté en vigor la concesión de estas licencias está vetada. El Ayuntamiento calcula que esta medida puede afectar a entre 8.000 y 10.000 viviendas de los distritos Centro, Chamberí y Salamanca. Fuentes del Área de Desarrollo Urbanismo Sostenible señalan que ya se están cruzando datos con plataformas web para comprobar que se cumple esta nueva normativa.
Para los vecinos, sin embargo, los tiempos de la Administración se presentan muy lentos ante un día a día constante con turistas. “Con un vecino ruidoso tienes un margen de negociación para una convivencia en comunidad pero con personas que pasan solo tres días en la ciudad es una negociación continua y con la incertidumbre y el miedo de con quién te vas a encontrar al otro lado de la puerta”, afirma Leticia García, de 47 años, quien hace casi dos años se compró su primera casa, en Chueca. Apenas unos meses después, vendieron la buhardilla que hay encima de su piso y el nuevo propietario decidió alquilarla a turistas. “En la primera junta de vecinos nos dijo que no nos preocupáramos, que la gestión lo iba a llevar un servicio de alto standing”, cuenta indignada por la presunción de que ese servicio les causaría menos problemas.
“No te das cuenta de lo qué es esto hasta que te toca”, afirma la mujer, quien explica que es habitual encontrarse con la incomprensión de su entorno, que muchas veces la toman por exagerada. Para Luis, una de las peores consecuencias de la proliferación de pisos turísticos en edificios residenciales es que “está acabando con el tejido social”. Cuenta varios casos de vecinas del barrio de avanzada edad, quienes por miedo no han querido participar en este reportaje, que viven asustadas en sus casas porque ya no tienen vecinos alrededor que las conozcan y a los que ellas identifiquen. “Nosotros tenemos la energía y el dinero para seguir batallando y plantar cara pero hay mucha gente que ya no tiene esa energía”, subraya Luis, quien añade: “Ninguno lo hemos elegido pero un día te levantas y tu casa es un hotel; es un fenómeno depredador”.